Desde Santa Fe
El Ministerio Público pidió ayer al juez federal Francisco Miño que eleve a juicio oral y público una parte de la causa que investiga la megaestaba del dueño de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, Mario José Rossini -hoy con arresto domiciliario‑, en una acusación a nueve imputados: Rossini, su hermano y siete empleadas de su confianza, que -por primera vez‑ estima el monto de la "defraudación" en 251 millones de pesos a 408 ahorristas. Los 408 son los que denunciaron porque en Santa Fe es secreto a voces que hubo otros estafados que no recurrieron a la justicia porque no podían acreditar el origen de los fondos. El dictamen lleva la firma del fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez y de sus colegas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta y en la práctica es un desdoblamiento del proceso porque aún están bajo la lupa otros dos eslabones del circuito de fuga. En esos tramos, están procesados Rossini y tres operadores de la financiera Valfinsa por supuesto "lavado de activos" y denunciados trece ex directivos del Mercado de Valores del Litoral que se autodisolvió después del colapso y ahora el juez Miño debe decidir si los llama a indagatoria como solicitó la Fiscalía hace meses.
Los nueve que irán a juicio oral son Rossini, su hermano Omar Santos Francisco Rossini y siete empleadas de sus empresas: María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella. La acusación es por supuesta "administración fraudulenta" de "bienes confiados en custodia" de "al menos de 408 víctimas", a quienes les habrían ocasionado un "perjuicio patrimonial global por 251 millones de pesos", dice un comunicado oficial de la Fiscalía. Y describe el circuito de fuga como "continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos, ubicadas en la ciudad de Santa Fe, utilizando sus estructuras operativas y una red de productores de la región", durante una década: desde "el 1 de septiembre de 2003 hasta fines de diciembre del 2012".
La Fiscalía les "atribuyó" también el presunto "delito de captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción del hermano de Rossini) a partir del 28 de diciembre de 2011, agravada por el uso de medios de difusión masiva".
El dictamen del fiscal Rodríguez y sus colegas de la Procelac "cuenta con un pedido de medidas patrimoniales que están dirigidas a los imputados que evadieron la intimación cursada por el juez, cuando manifestaron que no tenían bienes para ofrecer en embargo", lo que plantea otro interrogante sobre el curso de la investigación. En su momento, el embargo a Rossini fue por 20 millones de pesos.
A partir de ahora -explicó el Ministerio Público‑, el juez Miño deberá "dar traslado a los defensores de los imputados para ejercer el derecho de oposición", "luego se otorgará intervención a los letrados para que se produzcan los reclamos civiles y se elevará la causa al Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en caso de aceptarse las acusaciones formuladas".
"Finalmente, a partir del relanzamiento del vínculo institucional" entre el fiscal Rodríguez y la Procelac, sus autoridades resguardarán los elementos para seguir la investigación, con el propósito de definir la situación procesal del resto de los imputados en un tiempo razonable, que tiene como principal objeto el delito de lavado de activos".
El comunicado fiscal actualiza el estado de la causa, en números: nueve imputados (los Rossini y sus siete empleadas) "afrontarían el juicio oral y público", otros quince "fueron sobreseídos durante la instrucción", cuatro (Rossini y tres operadores de la financiera Valfinsa) están "procesados" por supuesto "lavado de activos", confirmado por la Cámara Federal de Rosario y seis (directivos del Banco de Galicia) con "falta de mérito", pero el fallo fue recurrido por el Ministerio Público ante la Cámara Federal de Casación Penal y "catorce personas, entre ellos trece ex directivos del Mercado de Valores del Litoral" tienen pedido de indagatorias que el juez Miño aún no resolvió.
