La provincia de Chubut entra este lunes en su décima semana de paro de les trabajadores estatales, con tres acampes en la ciudad de Rawson (uno frente a la Legislatura, otro en el Hospital y el tercero en el Ministerio de Educación) y amenazas de cortes de ruta por parte de ATE. La Mesa de Unidad Sindical (MUS) continuará con acciones directas, como las realizadas el jueves cuando impidieron los ingresos en la planta de Aluar. Mientras, permanecen latentes las amenazas de iniciarle al gobernador Mariano Arcioni un juicio político u otros mecanismos constitucionales como la remoción o revocatoria de mandato. El jefe del bloque legislativo del FpV, Blas Meza Evans, confirmó a PáginaI12 que intentarán sesionar esta semana a pesar de que la Legislatura quedó bastante dañada (en lo edilicio) luego de los últimos incidentes.

Este diario dialogó con los legisladores provinciales Javier Touriñan y Meza Evans (ambos críticos de Arcioni) y el senador Mario País, quien responde al mandatario provincial: los tres coincidieron en que el principal problema de Chubut es el fenomenal endeudamiento en dólares que multiplicó el stock de pasivos en un 450 por ciento.

La provincia de Chubut no tiene los recursos para cubrir toda la masa salarial de trabajadores del Estado ni hacer frente a la pauta prometida antes de las elecciones de junio. Cada tres meses, Arcioni tiene que desembolsar parte de los 54 millones de dólares anuales (en pesos serían más de 3100 millones) que debe en concepto de intereses por la deuda de 700 millones de dólares adquirida por Mario Das Neves en 2016. Entre diciembre de 2015 y el mismo período de 2018, el acumulado de intereses se multiplicó por 20. Esta deuda equivale a más del 70 por ciento de los ingresos totales de la provincia, según un informe de la consultora Moodys de enero de este año.

“Si no hay una renegociación de la deuda, que la Legislatura se negó a tratar, no habrá una solución de fondo. Hacer el anuncio de un juicio político para trasladarle la responsabilidad a una sola persona no nos traerá una solución mágica. Acá no se oxigena con la persona que conduce sino con el ingreso de fondos”, dijo el senador Pais (FpV).

El año pasado hubo 180 días de acampe frente a la Casa de Gobierno provincial en Rawson como respuesta de les trabajadores al intento de Arcioni de aplicar un ajuste en la estructura estatal en el marco del Consenso Fiscal, que a su vez fue el instrumento de Cambiemos para trasladarle el ajuste a las provincias. Ese plan incluyó la eliminación de los reembolsos por exportaciones en los puertos patagónicos y el Fondo Federal Solidario.

La parálisis generalizada de la economía provocó la destrucción de más de 6400 puestos de trabajo productivos. La crisis económica devino en crisis social: entre Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew acumularon el 55 por ciento del incremento de la pobreza de toda la Patagonia en 2018 según el Indec. Y la crisis económica devino en política. Todo quedó expuesto luego de la muerte de las docentes Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar.

“Hay 20 pedidos distintos de juicio político; en el bloque estamos barajando todas las vías institucionales. Cuando la protesta social termina con dos muertes, esto tiene que encauzarse de alguna manera. Con vías extremas queremos ver si se conmueve la estructura porque acá necesitamos una salida consensuada”, indicó Blas Evans. Él es uno de los principales impulsores del apartamiento de Arcioni. La semana pasada jugó fuerte esa ficha junto a la legisladora Florencia Papaiani y Leandro Espinoza, quienes responden a Gustavo Mac Karthy, ex intendente de Trelew y vicegobernador de Martín Buzzi. También sindican como promotor de la remoción de Arcioni a Ricardo Sastre, su actual vicegobernador, quien aspiraría a reemplazarlo. Así de complejo es el escenario chubutense.

“No consiguieron la banca nacional para sostener la destitución”, sintetizó a este diario un dirigente de Rawson. Eso significa que otros sectores del peronismo contuvieron, por ahora, los intentos de avanzar con un posible juicio político o remoción contra Arcioni.

Según el legislador Javier Touriñan, “no tendría mucho sentido iniciar un juicio político que llevaría no menos de tres meses, es decir habrá una nueva composición de la Legislatura”. Arcioni todavía no finalizó el mandato 2015-2019 (iniciado por Das Neves). “Otro mecanismo constitucional podría ser la revocatoria de mandato o su destitución, pero debería hacerse con la nueva composición parlamentaria”, agregó Touriñan.

Mientras tanto, Arcioni ratificó la semana pasada a su ministro coordinador, Federico Massoni, sindicato como el funcionario que “liberó” tanto la Ruta 3 para el avance de una patota de petroleros que agredió a les docentes como la zona de la Legislatura.

En una asamblea realizada el 7 de septiembre, Jorge “Loma” Ávila, titular del Sindicato de Petroleros, admitió la patoteada. “No vamos a dejar que nadie más se apodere de la ruta”, sostuvo, uno de los pocos dirigentes sindicales que sostienen al gobernador, artífice también de la flexibilización laboral en el sector petrolero.

“El escenario es complejo. Entendemos que no es posible un juicio político porque la totalidad de los diputados no tienen la decisión de tratarlo. Además es imposible sesionar porque no están dadas las condiciones del edificio”, indicaron desde la provincia.

¿Y el gobierno nacional qué hace? Fue el impulsor del endeudamiento externo de las provincias y del ajuste vía Pacto Fiscal. Por la modificación unilateral del IVA, Ganancias y Monotributo luego de las PASO, Chubut perderá 522 millones de pesos hasta diciembre (fuente: Iaraf), además de menores ingresos por regalías petroleras por el decreto 566/19 y sus modificaciones. Solamente realizó un adelanto de coparticipación de 1300 millones de pesos (recursos propios de la provincia y no ATNs) que por ser “adelantos” tendrá que devolverlos en el corto plazo. Ergo, Nación continúa con su estrategia de asistir con “salvavidas de plomo”.