Con duras críticas al peritaje oficial, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti retomó su declaración indagatoria en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, proceso en el cual hay trece imputados en total, entre ellos Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 el ex funcionario desmintió el estudio sobre tres obras que determinó, sin el aval de la perito de parte, que hubo sobreprecios. Periotti detalló que se compararon obras de la costa patagónica con las de la cordillera, cuyos costos son totalmente distintos por las diferencias geográficas y señaló que las supuestas inconsistencias de precios se calcularon en base a obras de mejoramiento de tramos de rutas y no de construcción de nuevos caminos. El ex funcionario, además, subrayó que en dicho peritaje se comparó una de las obras analizadas con la nueva licitación llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri, que ganó Cristóbal López, pero no se tuvo en cuenta que la empresa de Lázaro Báez ya había hecho una parte del trabajo, por lo que la cotización de una obra completa no se puede comparar con los costos que implica terminar una parte de la traza, ya que lógicamente son menores.

El demorado peritaje sobre tres de las 51 obras cuestionadas fue firmado por los ingenieros Pablo Eloy Bona -recusado por la defensa de Cristina Kirchner por imparcialidad manifiesta a raíz de sus tuits anti kirchneristas- y Roberto Panizza, representante de la fiscalía. En un escrito de más de 500 páginas, sin el aval de la perito de parte Adriana Alperovich, afirmaron que hubo sobreprecios por 170 millones de dólares y que hubo “demoras injustificadas” en los plazos estipulados. Sin embargo, estos dos puntos fueron refutados por Periotti ante la mirada de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. “Una demora en este tipo de obras es totalmente normal, sobre todo en la Patagonia”, recordó Periotti, cosa que ya había advertido la propia auditoría interna ordenada por su sucesor, Javier Iguacel. Es decir, que el peritaje oficial se contradice con el informe que elaboró Vialidad en 2016 y que, a pesar de no haber constatado irregularidades, fue usado para la denuncia que dio impulso a la causa.

Uno de los puntos más relevantes de la defensa de Periotti fue desmentir con datos y estadísticas que haya habido una concentración de obras en favor de Lázaro Báez. Periotti explicó que la concentración se repite en todas las provincias del país ya que las firmas radicadas en cada localidad siempre tienen ventaja sobre las demás. En este sentido ejemplificó que en Córdoba se hicieron un total de 167 obras a cargo de solo 6 empresas y 4 Unidades Transitorias de Empresas (UTES). En Salta, de un total de 99 obras, 31 de ellas fueron hechas por cuatro empresas y 9 UTES. En Santa fe, esa concentración fue del 96%. De un total de 139 obras, 53 las hicieron 4 empresas y 8 UTES. En La Rioja se hicieron 62 obras en total: 19 fueron hechas por 3 compañías y 3 UTES, lo que implicó un 66% de concentración. En Chubut, 42 obras de un total de 86 trabajos fueron hechos solamente por 6 firmas.

Según explicó Periotti esto se debe a que “las empresas radicadas en determinadas regiones tienen la posibilidad de menos transporte, movilidad, traslado de equipos, etc. Por lo que pueden hacer ofertas más económicas que aquellas que deben trasladarse desde otros lugares del país. Es muy difícil competirles, por ejemplo a Cartelone en San Juan o a JCR en Entre Ríos o Corrientes”. Por estos motivos, advirtió, “la concentración siempre existió y va a seguir existiendo”.

Además, el ex funcionario afirmó que “es falso” que se haya beneficiado a Báez –también imputado en la causa- con 46 mil millones de pesos, como dice la acusación. “Es falso, es mentira”, expresó. En base a cálculos oficiales, afirmó que en total se pagaron unos 12 mil millones de pesos por obras en toda la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Un peritaje flojo de papeles

Periotti hizo tres cuestionamientos centrales al controvertido peritaje oficial, que no fue realizado por contadores sino por ingenieros. En primer lugar, señaló que el estudio saca conclusiones en base a haber dolarizado los valores de los contratos. En su indagatoria, Periotti advirtió que “no es serio tomar como eje de análisis la dolarización en la obra pública y, sobre todo, en la obra pública vial. El dólar no se puede tomar como parámetro para actualizar los valores de la obra”. Según detalló, como hay inflación y redeterminaciones de obra, no puede analizarse la evolución de los precios congelando los valores en dólares. También, defendió las redeterminaciones de precios al afirmar que “es posible, incluso necesario, hacer reasignaciones presupuestarias” en este tipo de obras.

En segundo lugar, que se comparan obras de distinta naturaleza, una cercana a la cordillera y otra realizada cerca de la costa.

El tercer cuestionamiento es que los peritos confunden las obras realizadas desde cero con las de mantenimiento. En este sentido, Periotti explicó que existe una diferencia conceptual entre los contratos de construcción de obras por unidad de medida y los contratos de recuperación y mantenimiento, denominados “CREMA”. Según detalló el ex funcionario, en el primer caso “el Estado establece concretamente cuál es la obra que quiere construir, cuáles son los ítems que se deben realizar, qué cantidad de cada uno de esos ítems se van a ejecutar y qué precio está dispuesto a pagar por la totalidad de la obra”. Lo que ocurre es que en los contratos CREMA el Estado no construye sino que rehabilita, pone en condiciones un tramo de ruta que tiene cierto grado de deterioro y “realizado esto se debe mantener la misma durante un cierto tiempo, que generalmente son 5 años” Según dijo, es “en esta diferencia conceptual que radica la diferencia de cotización que implica para cada una de las contrataciones”.

Sobre los pagos anticipados

Uno de los ejes de la acusación es que hubo pagos anticipados que beneficiaron específicamente a Lázaro Báez. En su defensa, Periotti leyó tres resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad en las que se permiten y regulan las condiciones de los pagos anticipados. Según señaló el ex funcionario, curiosamente una de esas resoluciones fue borrada por la actual gestión de la página web de Vialidad. “El pago anticipado figuraba en todos los pliegos y en los contratos”, afirmó.

La auditoría de Iguacel

Periotti le recordó a los jueces los resultados de la auditoría interna que ordenó el propio Javier Iguacel ni bien asumió en 2016 sobre las obras viales en Santa Cruz y que impulsó esta causa: “Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de importancia. Los desajustes no se consideran relevantes en relación a la magnitud de la obras”, leyó en voz alta en la sala de audiencias. Ese mismo estudio, inclusive, desmintió que las obras no se hayan finalizado, como asegura la acusación. Según el texto, de 41 obras 26 se encuentran terminadas y 15 están en ejecución, algunas de las cuales fueron rescindidas y abandonadas. Según concluyeron los especialistas los desajustes fueron solo del 0,1%.

Durante una extensa exposición Periotti hizo, además, un raconto de las obras que durante la actual gestión se adjudicaron sin licitación y bajo el paraguas de los contratos PPP (Participación Público Privada). Según afirmó, la mayoría de ellas no finalizaron o ni siquiera fueron iniciadas. Al defender su gestión, dejó entrever que durante el Gobierno anterior se hicieron obras en todo el país, mientras que en los últimos tres años y medio prácticamente estuvieron paralizadas.

Según el orden previsto por el Tribunal, el próximo imputado que deberá declarar será el ex Secretario de Obras Públicas, José López, quien se negará a ser indagado en esta instancia.