Como hace ya casi cuatro años, la ciencia forma parte de la disputa con el gobierno nacional. En los últimos días, el Directorio de Conicet le exigió al presidente Macri un aumento salarial extraordinario para el conjunto del personal del organismo. Esto es consecuencia de las luchas que venimos dando y que visibilizan el cientificidio: la mitad de las y los trabajadores cobra sueldos por debajo de la línea de la pobreza.

En este sentido, el actual presidente de Conicet, Miguel Laborde, en una nota en el diario La Voz del martes 17, indicó la necesidad de abrir la paritaria para conformar un convenio colectivo de trabajo. Esta es una reivindicación histórica para discutir la regulación del trabajo que desarrollamos el conjunto de los escalafones (becarios, administrativos, investigadores y personal de apoyo). Pero no se trata solamente de que quienes trabajamos en Conicet tengamos derechos laborales, sino también de que participemos activamente en la definición de las políticas de ciencia y tecnología. Esto implica discutir democráticamente cuántos investigadores ingresan anualmente, cómo se federaliza y se distribuye equitativamente la inversión, cuál debe ser la relación de la producción científico-tecnológica con la industria, cómo se democratiza el Conicet y su directorio, entre otras cuestiones.

El movimiento de trabajadores científicos, que creció y se desarrolló estos años, tiene propuestas. Solo como botón de muestra de la campaña del Frente de Todos, hace pocos días se llevó adelante el 4º Encuentro Federal de Ciencia y Universidad; realizamos la radio abierta “La ciencia sale a la calle”, de la que participaron dirigentes clave para el futuro del sector como Roberto Salvarezza y Gabriela Diker; y el martes pasado, en la UBA estuvimos con Matías Lammens, Dora Barrancos y Alberto Fernández. En estas actividades, se ratifica que el gobierno próximo debe revertir de inmediato el cientificidio macrista: aumentar los salarios y subsidios, reincorporar a los despedidos del INTI, reponer el ministerio, ampliar el número de ingresos a Conicet, retrotraer la política nuclear de CNEA a 2015, etc.

En la nota mencionada, Laborde plantea que el problema del Conicet es que nadie demanda su conocimiento. Sin embargo, la sociedad exige más conocimiento para resolver conflictos. El problema no es entonces la “demanda”, sino quién desarrolla las investigaciones y, sobre todo, quién se apropia del conocimiento. En este sentido, ampliar exponencialmente el número de investigadores no es una propuesta corporativa. Al contrario, queremos un pueblo que acceda a la universidad pública, se gradúe como científico y trabaje en nuestro país.

Pero, además, la apropiación del conocimiento es un asunto de soberanía. Dejar esto librado a la “espontaneidad” implica la apropiación por parte de las agencias científicas estadounidenses y europeas (universidades, revistas, empresas). O suponer la conversión de investigadores en emprendedores es algo así como “todos somos Steve Jobs”: desarrollo de ideas innovadoras, de base tecnológica, en un garage. El emprendedorismo de Lino Barañao articulado “sinérgicamente con la economía del conocimiento” son palabras muy cool para flexibilizar el trabajo y desmantelar el derecho a la ciencia y a la educación pública.

Después de ganar las elecciones, hay que ponerse a edificar un país sobre las ruinas del macrismo. Tenemos con qué, sin antagonizar con las urgencias, para poner a nuestro sector en sintonía.

Reponer a la ciencia y tecnología como política de Estado no es parecerse a Boston ni a Silicon Valley, es invertir para resolver nuestras necesidades y las de la región más desigual del planeta. Política de Estado es recuperar las reivindicaciones populares que estos cuatro años se hicieron oír e inventar (transferir conocimiento científico acumulado en tecnología) agendas científicas de desarrollo soberano ancladas en la Patria Grande. Política de Estado es no rifar el conocimiento científico al mejor postor. Política de Estado es diálogo entre organismos de ciencia y universidades públicas (particularmente las despreciadas por el macrismo), con las empresas estatales y pymes, con los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones populares. Política de Estado es reconocer que la ciencia es un derecho humano y, como tal, debe ser garantizada su producción y su acceso como bien público.

* Nuria Giniger es investigadora del Conicet e integra la agrupación Liberación - Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología.