PáginaI12 En España
Desde Barcelona
Lo que empezó como una denuncia de la ciudadanía organizada, ayer terminó en cárcel para quien fue ex vicepresidente de la Nación y ministro de Economía durante el gobierno de José María Aznar y ex director general del FMI Rodrigo Rato. La Audiencia Nacional condenó a los ex directivos de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, al considerarlos culpables de apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad a través del sistema de las tarjetas ‘black’.
Los miembros de la cúpula de la que fue una de las principales entidades financieras de España- y también la primera en acudir al rescate público tras la crisis económica- disponían de “tarjetas negras” en las que cargaban sus desorbitados gastos personales. Pese a que la mayoría de los medios optó por callarlo, lo cierto es que el sistema de tarjetas opacas con las que 65 exconsejeros y ex directivos cargaron más de 12 millones de euros entre 1999 y 2012 se descubrió única y exclusivamente por la acción de grupos de ciudadanos organizados. Fue gracias al canal creado por la Comisión Anticorrupción del Partido X –formación surgida del movimiento de los indignados en 2011– que quienes tenían acceso a los correos electrónicos que comprometían a Rodrigo Rato pudieron hacerlos públicos.
Este jueves, la Audiencia Nacional le dio la razón a la información destapada por el medio digital ElDiario.es en diciembre del 2013, en la que a través de los denominados “correos de Blesa” se veía como el secretario del consejo de Caja Madrid informaba de la existencia de estas tarjetas. La auditoría de Bankia, puesta en marcha a raíz de estas publicaciones, desembocó en la investigación judicial que finalmente ayer dictó sentencia en contra de los ex directivos, considerando que tanto Rato como Blesa son “actores” determinantes, ya que por su cargo tuvieron la posibilidad de suprimir la operativa de las ‘black’ y no lo hicieron.
La instancia también condena al ex director general de medios de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, a dos años y seis meses de prisión como colaborador y cómplice de la “mecánica desarrollada”. Sánchez-Barcoj comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código PIN para extraer efectivo. Además de los tres cabecillas, la sentencia alcanza a otros 62 imputados como colaboradores, con penas de entre tres meses y tres años de cárcel, ta como lo había solicitado la Fiscalía aunque con un atenuante por haber devuelto el dinero, que ésta pidió que no se aplicara. A Blesa y a Rato, eso sí, el atenuante no les corresponde y tendrán que devolver los 12 millones de euros en los que se cifran sus gastos con las tarjetas.
Las 259 páginas del texto presentado ayer por la Audiencia Nacional recogen la puesta en marcha del mecanismo, que nació bajo un acuerdo del consejo de administración de la caja en mayo de 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro. Afirma que con ellas se acordó “dignificar” las retribuciones de los consejeros, a través de unos plásticos que complementarían las dietas que recibían, siempre para gastos de representación en el desempeño de su función de consejeros. En principio, con dichas tarjetas -que contaban con límites- se compensaban los “esfuerzos y dedicación a la entidad”, según expresa la sentencia, pero al llegar Miguel Blesa a la presidencia, en 1996, se modificó su naturaleza, permitiendo que a consejeros e integrantes de la comisión de control se les facilitase una tarjeta por la que no tuvieran que justificar los gastos. De este modo, Blesa “viabilizó una percepción dineraria que acrecentaba la dieta”, que llegó a ser ampliada en plenos periodos de “fiestas o vacaciones”, lo que demuestra el “uso particular” contra el patrimonio de la caja, tal como explicita el documento.
En 2010 entra Rodrigo Rato en escena, poniéndose al mando de lo que para entonces ya era Bankia y “manteniendo la misma dinámica en todos los aspectos”. Entre junio del 2011 y hasta mayo del 2012, la práctica se extendió al propio Rato y al ex director general de medios Sánchez Barcoj, sorteando con esta decisión el llamado ‘decreto Guindos’, que se aplicaba a la entidad nacionalizada y que limitaba las retribuciones de los máximos directivos de la entidad en aquel momento en que comenzaba el saneamiento del sector financiero.
Con la sentencia de este jueves, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, asume uno de los tres frentes que tiene abiertos con la justicia, quedándole aún en proceso la investigación de un presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales, así como el llamado “caso Bankia” por la salida a Bolsa de la entidad con datos falseados, su posterior quiebra y rescate con 22.424 millones de euros de las arcas públicas.
La fortuna del ex ministro de Economía y Hacienda está siendo investigada desde hace dos años por supuesto fraude mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”, según un informe de la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, quien acusa a Rato de haber defraudado a través de un entramado societario 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.
