En medio de una tensa jornada de reuniones en Ciudad de México, dos miembros del gabinete de Donald Trump prometieron ayer que no habrá deportaciones masivas, mientras que sus pares locales les advirtieron que existe irritación y preocupación de la opinión pública del país por la nueva política migratoria de Washington. 

Los secretarios de Estado y Seguridad Nacional estadounidenses, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, y sus contrapartes mexicanos, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio, se reunieron ayer por la tarde, en un encuentro teñido por la presión impuesta públicamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Poco antes de la reunión, el mandatario envió a su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para que aclarara a la prensa que sólo se reuniría con los dos enviados de Trump, si logran acuerdos en los encuentros preliminares. “Todo depende de los acuerdos a los que se llegue y si hay cosas importantes y propositivas, o mensajes muy claros que hay que enviar a través de estos emisarios”, agregó el funcionario.

Con esa condición en mente, Kelly afirmó una y otra vez que no habrá deportaciones. “Quiero dejar muy claro que no va a haber deportaciones masivas y el Departamento de Seguridad Nacional actuará conforme a derecho y respetando los derechos humanos”, señaló y se mostró esperanzado de poder reunirse con Peña Nieto, un encuentro que el Departamento de Estado en Washington había dado por confirmado en su agenda oficial. Tras la reunión de los cuatro ministros, Tillerson finalmente confirmó en una conferencia de prensa que él y Kelly serán recibidos en Los Pinos por Peña Nieto y aseguró que mantuvieron conversaciones muy amplias con sus pares mexicanos. 

Kelly, por su parte, se limitó a afirmar que trabajarán mano a mano con sus hermanos mexicanos. “La amistad de nuestra frontera es importante y lo que une a los funcionarios mexicanos con los funcionarios de Estados Unidos son lazos de responsabilidad y amistad”, enfatizó Kelly. Además, puntualizó que todas las deportaciones se harán conforme al marco legal y el enfoque de las deportaciones será sobre gente con antecedentes criminales. También reveló que con los secretarios mexicanos conversaron sobre la necesidad de reducir las causas de expulsión de migrantes de Centroamérica, de donde proceden muchos de los inmigrantes irregulares que llegan a Estados Unidos vía México. En este punto aclaró: “No se hará uso de la fuerza militar en los operativos de frontera y habrá un operativo sistemático, organizado y enfocado en la entrega de resultados”. 

Luego, Tillerson envió desde la sede de la Cancillería un mensaje a los medios. “Estuvimos de acuerdo en que ambos países tienen que tomar esta oportunidad para modernizar y reforzar nuestras relaciones y también mantener la ley y el orden en toda nuestra frontera y desarticular las redes que transportan drogas y personas a Estados Unidos”, afirmó Tillerson. “También subrayamos la importancia de detener la transferencia de armas y dinero de Estados Unidos a México. Es indudable que el imperio de la ley es importante para ambos países”, aseveró.

Por su lado, Videgaray anunció que dieron pasos importantes en la dirección correcta, aunque destacó que las diferencias entre México y Estados Unidos subsisten. “Existe preocupación e irritación ante lo que se percibe como políticas que pueden ser perjudiciales para los mexicanos”, afirmó Videgaray durante la conferencia de prensa. Los ministros mexicanos reclamaron a sus pares estadounidenses que la decisiones en materia de seguridad fronteriza e inmigración se tomen como resultado del diálogo y del acuerdo y no a través de una decisión unilateral de Estados Unidos. 

Ambos ministros mexicanos se refirieron específicamente a las directivas que presentó esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige Kelly, el ex jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas. Según estas directivas, las autoridades ahora tendrán como prioridad detener a todos los inmigrantes sin documentos que tengan algún antecedente judicial, sea una condena o una sospecha penal o una infracción de tráfico. Esa orden podría multiplicar dramáticamente el número de deportaciones en Estados Unidos. Además, estas nuevas directivas establecen que, a partir de ahora, las fuerzas estadounidenses podrían deportar a México a todos los inmigrantes detenidos, aún si estos no fueran mexicanos, una medida que fue inmediatamente rechazada por el gobierno mexicano hace unos días.

Osorio por su parte, dijo: “México considera que el esquema de coordinación y los mecanismos de cooperación existentes con EE.UU. requieren de un diálogo permanente que ponga las necesidades de ambos países por delante. Insistimos en la necesidad de mantener los esquemas de repatriación ordenada y en garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes”. 

A pesar de lo conversado en México, Trump dijo ayer que Washington espera ser tratado de manera justa por México y en oposición a lo especificado por Kelly, Trump aseguró que las acciones para deportar a inmigrantes en situación irregular sí es una operación militar. Durante una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos industriales, Trump señaló: “Por primera vez estamos expulsando pandilleros, traficantes de drogas. Estamos echando a esos tipos, a un ritmo nunca antes visto. Y es una operación militar”.