Tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales, el Gobierno derogó por decreto los contratos que estaban vencidos hace dos años. A partir de ahora, las rutas serán administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A.

Hace dos semanas, el fiscal Eduardo Taiano decidió investigar a los funcionarios a raíz de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA). “Aunque ahora rescindan los contratos, el delito igual se cometió”, afirmó a Página/12 Graciela Aleña, Secretaria General del gremio y principal denunciante en la causa.

Mediante el decreto 659/2019 publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y el imputado Guillermo Dietrich, el Gobierno busca dejar sin efecto la acción penal que ganó impulso en los últimos días en Comodoro Py. Sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado había habilitado a varias empresas --entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente-- a seguir cobrando peajes durante dos años y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Los pliegos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. De hecho, se extendieron y la fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. 

Supuestamente esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. Según la demanda, los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”. La presentación judicial, que cursa en el juzgado de Sebastián Casanello, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

“Este decreto sale ahora por la denuncia que hemos efectuado por la prórroga ilegal de las concesiones viales”, aseguró Aleña ante la consulta de este diario.

-Funcionarios de Vialidad hicieron trascender que ahora esa denuncia deviene en “abstracta” ¿Es así?

-No, de ninguna manera. Lo que hacen con el decreto es convalidar lo que nosotros denunciamos. El delito igual se cometió durante estos dos años. Ellos mismos reconocen que la prórroga era solo por un año. En 2017 deberían haber llamado a una nueva licitación y no lo hicieron, expresó la dirigente.

 

El decreto 659

Efectivamente, el texto publicado este martes señala que los contratos estaban vencidos y que “se aprobó la continuidad operacional de emergencia”, bajo el paraguas de “la Resolución de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD N° 811 del 20 de abril de 2017”, un día antes de que caducaran los acuerdos. Justamente es esa resolución la que fue cuestionada ante la Justicia. La denuncia sostiene que es ilegal, ya que pasó por encima de la ley, que indicaba la convocatoria a nuevas compulsas.

Recién ahora, dos años después y tras la apertura de una denuncia penal, el Gobierno decretó “que teniendo en cuenta que las prórrogas de los contratos de los Corredores Viales Nacionales se han efectuado por el tiempo que demanden los procedimientos licitatorios, corresponde dar certeza a la finalización de dichos contratos de concesión”

El texto establece que a partir de ahora las rutas pasarán a ser administradas por la empresa Corredores S.A, integrada en un 51% por el Ministerio de Transporte y en un 49% por la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata de una empresa creada por el Poder Ejecutivo en 2016, cuando el Gobierno de Macri le quitó la concesión de la autopista Ricchieri a la empresa AECSA, cuyos dueños eran Cristobal López y Fabián De Souza, también titulares del canal C5N. 

Corredores SA es la actual controlante de ese acceso clave a la Capital Federal y ahora pasará a administrar los ocho corredores viales en cuestión hasta que se abra el proceso licitatorio, con un plazo máximo de cinco años. El punto más controvertido es que al tratarse de una sociedad anónima es de muy difícil control. “¿Por qué no pasaron las rutas directamente al control de Vialidad Nacional?”, se preguntó Aleña. La Secretaria General de STVYARA insitió: “Con este decreto tratan de cubrir el ilícito que cometieron durante dos años”.

 

Antecedentes

La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil kilómetros de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

 

Las empresas que operaron con los contratos vencidos durante dos años son: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad es Sacde SA); Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.