La fiscalía pidió que el ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra sea condenado por la justicia de Río Negro a un año y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para el ejercicio de la medicina por haber interrumpido un aborto legal en curso para obligar a una joven violada a gestar y parir. 

El médico, que ya fue hallado responsable en este caso por la Justicia , “ha demostrado no estar a la altura” del cumplimiento de las normas, sostuvo el fiscal Santiago Márquez Gauna, a cargo del caso junto con Annabela Camporesi, en su alegato durante el juicio de cesura, iniciado ayer . 

A su turno, el defensor Damián Torres –quien también es abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- pidió que la pena sea de tres meses de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación; además, rechazó que su defendido sea obligado a formarse en consentimiento informado y perspectiva de género. 

El juez Álvaro Maynet dará a conocer su veredicto el viernes 4 de octubre al mediodía.

Al final de la audiencia, el defensor Torres anticipó que su intención es llegar con el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 


El médico "no respeta a las mujeres"

Durante su alegato, la fiscalía detalló situaciones en las que, de acuerdo con Márquez Gauna, Rodríguez Lastra demostró no tener respeto por las mujeres. El fiscal se refirió a la gesticulación y la sonrisa soberbia que mostró el médico en la audiencia, durante el tiempo que duraron los testimonios brindados el lunes por profesionales del hospital donde R.P. fue obligada a gestar hasta parir, luego de que el ginecólogo revirtiera un proceso de aborto en curso con el que la joven había llegado.

El fiscal mencionó, además, una serie de sumarios administrativos contra Rodríguez Lastra que se abrieron en el hospital luego de que enfermeras y pacientes denunciaran sus malos tratos. En su momento de alegar, el defensor Torres recriminó que la fiscalía mencionara los sumarios iniciados contra Rodríguez Lastra en el hospital y pidió que el juez lo desestimara.

“Este caso se trata de respeto, sobre todo a las mujeres y quienes integran colectivos vulnerables”, señaló el fiscal Márquez Gauna, quien advirtió que a la joven R.P. no se la escuchó ni respetó su potestad de decidir sobre sí misma. “Quien llevó a cabo esa conducta es un varón médico y profesional” que trabaja en el servicio público de salud, advirtió, en referencia a que es desde esa posición que el ginecólogo violó normas.

“Es una persona que no respeta normas”, afirmó, y recordó su conducta ante “todas las mujeres que vinieron a declarar”.

“Sus actitudes ante las mujeres no son de respeto”, reiteró el fiscal Márquez Gauna, que recordó algunas situaciones detalladas por las mujeres que testimoniaron. Mientras el fiscal hablaba, Rodríguez Lastra reía burlón y negaba con la cabeza.


La defensa rechaza la perspectiva de género

El ginecólogo “no escuchó lo que quería esta mujer” y “no le pidió consentimiento para hacer todo lo que hizo”. “Desconoció la ley y privó a una mujer vulnerable de sus derechos”, afirmó el fiscal, que subrayó que esto sucedió en una situación de desigualdad, en la que la joven R.P. estaba a merced de Rodríguez Lastra. El médico “debía actuar de otra manera” y “sin embargo no le interesó”, puntualizó el fiscal Márquez Gauna.

La fiscalía pidió, además del tiempo de prisión e inhabilitación, que el ginecólogo antiderechos se capacite en perspectiva de género, consentimiento informado e interrupción legal del embarazo (ILE). 

El defensor Torres discutió el tiempo de pena para pedir menos prisión e inhabilitación, pero rechazó de plano los demás pedidos. El consentimiento informado “entendemos que no es una pauta de conducta aplicable”, y admitir los cursos de perspectiva de género y sobre ILE sería contradictorio con los argumentos de la defensa, dijo Torres, porque continuará “cuestionando la culpabilidad”.

Rodríguez Lastra no se encuentra ejerciendo su cargo de jefe del servicio de ginecología del hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, desde hace meses, cuando pidió licencia psiquiátrica. La solicitud precedió el debate oral y también el comienzo de la campaña que emprendió en su efímera trayectoria como precandidato a diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Demócrata Cristiano que no superó el umbral mínimo de votos en las Paso.