“Argentina produce harina, aceite, leche y carne para 150 millones de personas. Nos debería dar verguenza que haya gente con hambre. Destinar el 1 por ciento de esa producción a la población vulnerable no debería representar un costo prohibitivo para ningún actor de la cadena agro alimentaria”. La propuesta para donar un porcentaje de la producción agropecuaria no surgió de Juan Grabois, quien pidió una reforma agraria. Tampoco de Felipe Solá, quien rememoró la Junta Nacional de Granos para hablar del precio de los alimentos. La iniciativa afloró de parte de un ejecutivo de una multinacional del agro. Se trata de Antonio Aracre, director general de Syngenta, una de las empresas más grandes del mundo en investigación y desarrollo de agroquímicos, competidora de firmas como Monsanto y Bayer.

La iniciativa, publicada por Aracre en sus redes sociales, propone la coordinación entre las empresas alimentarias, el Estado y ONG que monitoreen la implementación. El primer paso sería que todas las empresas vinculadas a la cadena agroalimentaria donen el 1 por ciento de su producción. Y que esas donaciones, que pueden ser desde semillas hasta maíz o harina, sean administradas por cooperativas barriales. “Me imagino pequeñas fábricas de alimentos, no para que compitan con Arcor, sino para que se puedan autosustentar y generar trabajo, aunque para eso necesitan los insumos”, dijo a Página/12. Para llevar adelante este sistema, proyecta que la logística de entrenamiento y organización podría ser llevada a cabo por ONG “eficientes y transparentes”. Mencionó como un caso la Red Solidaria que conduce Juan Carr, aunque aseguró que no estuvo en contacto con él.

“Esto no es una cuestión de una iniciativa de responsabilidad social empresaria, sino una ejecución público-privada, que sea una política de estado”, agregó Aracre. Adelantó que estaría dispuesto a reunirse con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, o con quien ocupe el cargo en caso de cambiar el gobierno en las próximas elecciones. Además, contó que fue contactado por decenas de empresas consultándole cómo sumarse: “Me escribieron desde otras provincias y hasta incluso desde el exterior”. Tampoco faltaron quienes lo criticaron a través de las redes sociales.

Cerrar la grieta con el campo

Aracre conoce de cerca el mercado agropecuario. Según informó, Argentina es junto a Brasil la reserva alimentaria del mundo, con excedentes exportables mucho mayores que el país vecino por tratarse de una población cinco veces menor. Aseguró que esa fuerte orientación a la exportación de la producción es una bendición, pero también una maldición. “Es una fuente de divisas, empleo, contribución impositiva. Pero nos expone a la dolarización de los precios que globalmente se pagan por los principales insumos para la producción de los ailmentos más básicos de la canasta familiar: pan, aceite, harina, leche y carne. En los períodos de fuerte devaluación del peso, tan frecuentes en Argentina, los precios se van a las nubes y muchos quedan fuera de su alcance”, describió.

En este sentido, argumentó que un país que produce alimentos para 150 millones de personas, con potencial para 400 millones, no puede tener casi un 10 por ciento de indigencia. “Hay cuatro millones de personas con dificultades para alimentarse. Un tercio son niños y adolescentes. Hay algo que no estamos haciendo bien como país. Esto es una realidad vergonzosa para todos los dirigentes políticos, empresarios, sociales y religiosos”, opinó.

Destinar el 1 por ciento de la producción agropecuaria a esa población vulnerable sería para Aracre una forma de “cerrar la grieta” entre la sociedad urbana y la rural. Coincidió con la mirada de Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro y miembro de la Mesa de Enlace, quien había asegurado que si las retenciones ayudaban en la crisis, no estaría en contra de que las apliquen. “Los sectores que estamos vinculados a las exportaciones y crecemos tenemos que poner el hombro y asegurar que el consumo de alimentos no se vea afectado por los desequilibrios externos”, dijo Aracre. 

Sin embargo, se mostró en contra de medidas como la reforma agraria o la Junta de Granos. Dijo que son “soluciones facilistas de extrema intervención estatal” que generan prejuicios al desincentivar la productividad. Explicó que su iniciativa es muy distinta porque no se trataría de una imposición, sino que sería optativo para cada empresa. “¿Quién no se sumaría en un objetivo como terminar con el hambre de los sectores más desprotegidos? Habría una condena social grande para el que no tuviera una mirada tan egoísta”, concluyó Aracre. Ahora habrá que ver cómo avanza esta propuesta de autorregulación impulsada desde el mercado.