La operatoria durante dos años de más de 3374 kilómetros de rutas en 11 provincias por parte de empresas cuyos contratos estaban vencidos no puede leerse como un hecho aislado. Desde que llegó Mauricio Macri al poder hubo un plan pensado para beneficiar a las empresas concesionarias. La estrategia incluyó -como ya detalló Página/12- el copamiento de la Dirección Nacional de Vialidad por parte de ex directivos, empleados y abogados de las empresas del sector.

Tras haber desplazado a los funcionarios de carrera del organismo -que debería ser autárquico-, el gobierno nacional designó a una quincena de hombres y mujeres que pasaron del otro lado del mostrador en diciembre de 2015. En ese marco es que, además de la irregularidad con la que funcionaron hasta hoy los siete corredores viales afectados por el nuevo decreto del Poder Ejecutivo, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, levantó la intervención a Ausol SA, concesionaria de la Panamericana, controlada en aquel momento por el Grupo Macri (Socma tenía el 7 por ciento de la participación accionaria).

La intervención había sido dispuesta por la adminastración anterior tras el hallazgo de diversas irregularidades, que incluyeron denuncias de los socios minoritarios por presuntos giros de dinero sin autorización a la controlante española Abertis. Al mismo tiempo que se beneficiaba a la empresa en la que el presidente Mauricio Macri tenía acciones, Vialidad le quitaba intempestivamente la concesión de la Autopista Ricchieri a Aecsa, la firma del Grupo Indalo.

Pero la decisión más polémica y que impulsó la otra causa penal en la que están involucrados Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Javier Iguacel, fue la renovación de los contratos sin licitación de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. Autopistas del Sol SA y GCO SA podrán seguir operando hasta 2030, sin la necesidad de volver a compulsar como indica la ley.

También, como ya informó PáginaI12, en ese expediente que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral se investigan al menos tres hechos que redundaron en beneficios y ganancias siderales para Ausol y el Grupo Macri: el reconocimiento por parte del Estado de 499 millones de dólares; casi 20 millones de dólares de ganancia por la sospechosa venta de las acciones que Socma tenía en Ausol -cuyo precio se disparó con la suba de tarifas y la prórroga ilegal del contrato- y la renegociación de dicho contrato con múltiples privilegios, redactado prácticamente en su totalidad por los abogados de las empresas.