Los obstáculos que enfrentan en Argentina las niñas y adolescentes embarazadas por haber sido víctimas de violencia sexual y que quieren acceder a una interrupción legal del embarazo se encuentran enmarcados en uno mayor –advirtieron las organizaciones de derechos humanos que se presentarán ante la CIDH este viernes–, que es la falta de escucha activa a las niñas.
“Tanto la ley nacional 26.061 de 2015 como la Convención sobre los Derechos del Niño que se encuentra vigente desde 1990 en la Argentina plantean que se debe respetar el derecho de las niñas a ser oídas en todos los casos donde su vida y las decisiones que se van a tomar sobre su vida estén en juego", explicaron las organizaciones.
“Defendemos a estas niñas porque no son escuchadas. No se habilitan los medios necesarios para que las niñas y adolescentes puedan opinar sobre lo que quieren hacer con su cuerpo. Se las manipula, se las desinforma”, advirtió Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
De acuerdo a los datos oficiales publicados por la Dirección de Estadística e Información de Salud, en el 2017 nacieron 2.493 bebés de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. En el caso de las niñas menores de 15 años, según advirtió el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), se estima que el 80% de los embarazos son producto de violencia sexual en el ámbito intrafamiliar.
“Estas son las cifras de abuso sexual registradas porque son niñas que parieron en hospitales públicos y que quedaron como estadísticas. Pero no sabemos cuántas niñas son abusadas sexualmente en nuestro país. Se trata de una cifra negra con grandes signos de pregunta ya que la Argentina no tiene ningún dato confiable de abuso sexual infantil”, advirtió Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
