Organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de la niñez y la adolescencia de Argentina se presentarán este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia a la que fueron citadas para desarrollar su denuncia sobre los obstáculos que enfrentan para acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) las niñas y adolescentes del país, embarazadas por haber sido víctimas de violencia sexual. Se presentará como caso testigo el de Lucía, la niña tucumana de 11 años forzada a ser madre por una articulación antiderechos entre el sistema de salud provincial y funcionarios judiciales de la provincia. 

"Es una alerta que la CIDH haya tomado el tema y quiera escuchar qué pasa en Argentina con esta problemática", advirtió en diálogo con Página|12 Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).

La denuncia será planteada este viernes en una audiencia temática de la CIDH en la sede de Washington, de la que participarán, además de Marchese, la coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Nora Pulido, y la coordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), Celia Debono.

Al obstaculizar el acceso a la ILE a las niñas y adolescentes que cursan un embarazo producto de una violación, denunciaron las organizaciones, “el Estado argentino no solo vulnera el alcance del inciso 2 artículo 86 del Código Penal sino que también incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL (2012) en relación del aborto no punible”.

“Estamos buscando al sistema supranacional regional de derechos humanos al que voluntariamente la Argentina adhiere para que dé un lineamiento concreto al país de cuáles deben ser los estándares de derechos humanos. No porque el país no los sepa,  sino porque no los cumple”, señaló a este diario Nora Pulido, quien aprovechó para aclarar que en la presentación ante la CIDH también denunciarán la falta de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas.

“Nos parece importante acudir a este organismo porque no hay, por parte del Estado, una respuesta satisfactoria y completa para esta problemática. De hecho, nos ha costado conseguir datos sobre las niñas abusadas que son obligadas a parir y eso da cuenta de la invisibilización por parte del Estado de lo que estamos denunciando”, agregó Marchese, en el mismo sentido.

OBSTÁCULOS A LA ILE: LUCÍA COMO CASO TESTIGO

En la audiencia ante la CIDH presentarán como caso testigo el de Lucía, la niña de 11 años forzada a ser madre por el estado tucumano. “Lamentablemente, es el caso perfecto porque muestra todo lo que le sucede a una niña argentina cuando es abusada y queda embarazada. Entendemos que el de Lucía no es un caso aislado, sino que hay un patrón. Su caso sirve para ir relatando cada uno de los obstáculos que suele poner el Estado”, explicó Marchese.

Los derechos de Lucía, selañó la especialista, fueron vulnerados, en primer lugar, "por los efectores de la salud pública: el hospital se negó a hacerle la ILE, dilató la situación y finalmente se declaró objetor de conciencia. Se tuvo que tercerizar la práctica con médicos privados que hoy tienen en curso una citación para declarar como imputados porque se los denunció por homicidio". Un segundo obstáculo, entonces, es el “rol de la justicia amedrentando a los efectores de salud y mandando mensajes disciplinatorios”.

El común denominador de estos obstáculos, reparó la especialista, es su relación con grupos antiderechos –muchos de ellos vinculados a grupos religiosos– “que violan los derechos humanos”. “Estos grupos antiderechos están metidos en cada una de las estructuras del Estado, en los tres poderes”, advirtió Marchese.

“Una cosa es que estos grupos expresen sus ideas", consideró Pulido, "y otra cosa es que en pos de esas creencias religiosas priven a una persona del derecho a la salud y le apliquen inyecciones para madurar un feto que no quiere portar, es decir, que no cumplan sus funciones estatales". 

A esos funcionarios "que se apropian del cuerpo de las niñas", cuestionó Pulido, "¿No les cabe ser juzgados por incumplimento de los deberes públicos?". Sin embargo, advirtió, “está sucediendo todo lo contrario. El Poder Judicial culpabiliza a los médicos que realizan una ILE”.

Todos estos obstáculos, advirtieron las especialistas, se encuentran enmarcados en uno mayor, que es la falta de escucha activa de las niñas . 

FEDERALISMO

En la audiencia, las organizaciones también apuntarán contra las provincias que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2015 y modificado en el 2016.

Actualmente, detalló Pulido, son 6 las provincias "que no tienen protocolo ni adhirieron al nacional” (Catamarca, Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán). Por otro lado, hay 6 provincias que cuentan “con un protocolo restrictivo" (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Mendoza), que “exige requisitos que exceden los contenidos de la legislación”.

“Creemos que esto muestra un atraso grande en la sociedad argentina y una desigualdad enorme hacia las niñas. Porque, según la provincia en que hayan nacido, podrán tener o no acceso a un aborto no punible y a una atención psicofísica que las acompañe en su desarrollo después de pasar por un hecho tan traumático", consideró Pulido, quien responsabilizó al Estado nacional porque es "el que está obligado a cumplir con los derechos humanos”.

“¿Es el federalismo una forma de gobierno que permite la desigualdad entre personas de un mismo país? ¿O es una forma de gobierno por la cual distintas regiones se fueron provincializando y tienen su propio Estado siempre dentro de un Estado nacional?”, se preguntó Pulido. “¿Cómo se puede salir de esta gravísima situación de 'avalar' que las provincias discriminen a las niñas, las consideren envases y las torturen?", reflexionó la especialista.

Informe: Azul Tejada.