La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tendrá que dar explicaciones sobre la visita, con tono de apriete, que dos funcionarios le hicieron al juez Luis Carzoglio cuando tenía a cargo la causa sobre una supuesta asociación ilícita en el club Independiente y le mandaron el borrador de una orden de detención para Hugo y Pablo Moyano, que además indicaba allanamientos, por ejemplo en la sede de Camioneros (que luego harían otros jueces). En un reciente dictamen al que accedió PáginaI12, el fiscal federal Ramiro González puso ese hecho en el centro de una investigación penal y pidió que la central de espías “remita un informe amplio y pormenorizado sobre la actividad desarrollada por agentes de esa repartición estatal sobre el juez Carzoglio”. También requirió a la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia copia de la versión taquigráfica de la reunión plenaria en que las autoridades de la AFI reconocieron que dos de sus agentes fueron enviados a hablar con Carzoglio, aunque la excusa que pusieron fue que querían prevenir las consecuencias de una posible detención de los Moyano. Es otro caso clave, como la causa por espionaje ilegal que tramita en Dolores, para entender el armado de causas.

En octubre pasado, el fiscal Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano en la causa sobre presunto lavado de dinero en Independiente, pero Carzoglio no le hizo lugar porque consideraba que no había motivos. Carzoglio relató públicamente que lo habían ido a ver a su despacho el jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano, y el de Finanzas, Fernando Di Pasquale. “El Presidente está obsesionado con Pablo Moyano. Espera su detención”, le advirtieron. “¿Usted qué quiere?”, lo tantearon y le dijeron que poco más tarde recibiría un escrito con el modelo de la orden de detención para ambos dirigentes. Así sucedió, y el juez guardó el papel en su caja fuerte. Aquella pregunta en el momento no fue interpretada por el juez como un ofrecimiento de dinero, recién después pudo comprenderla así. Además la presencia del jefe de Finanzas allí sonaba extraña. Carzoglio les había dicho que no tenía problemas en hablar con el Presidente pero que quería ver el expediente primero. Después que rechazó la detención de Pablo Moyano, le activaron un pedido de juicio político en contra y al día de hoy está suspendido.

La causa penal fue iniciada por una denuncia de los Moyano, que son querellantes, y que pidieron que se investigue un “supuesto plan criminal en el que intervinieron (…) el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, las diputadas nacionales Elisa Maria Avelina Carrió, María Graciela Ocaña, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia como Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Juan De Stéfano, Fernando Di Pasquale, como así también Patricia Bullrich, Gerardo Miman, Florencia Arrietto, Rubén Reznik y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, con el objetivo de lograr el desprestigio y la detención de Hugo Moyano y/o Pablo Moyano”. ¿Por qué? Según los denunciantes, “eran un estorbo para” los “planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público” del gobierno de Macri, quien “valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la AFI y del Ministerio de Seguridad” propició el inicio de causas penales en su contra “mediante el tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad”. En ese escenario encajaría el apriete a Carzoglio, en una de las varias causas que señalan que avanzaron en contra de ambos.

El juez del caso es Ariel Lijo, pero delegó la investigación en manos del fiscal González quien hasta ahora no imputó a ninguna persona en particular, pero dispuso medidas, entre ellas los pedidos de informes a la AFI. Otro pedido de informes fue dirigido al Ministerio de Seguridad, para verificar las funciones que habría cumplido en esa dependencia el abogado Reznik, señalado por los Moyano con Millman y la propia Bullrich, a quienes los denunciantes también vinculan con su planteo y en particular con allanamientos.

González pidió certificaciones de varias causas que los dirigentes mencionan como armadas. Pero el foco está puesto en el caso de Independiente y en la presión a Carzoglio, aunque insiste también en un pedido a la AFI de datos sobre un ex espía que en agosto se presentó en la causa a denunciar que, como agente de inteligencia también actuaba como abogado defensor de uno de los barras acusados en la causa de Independiente, y que había sido amenazado, coaccionado y despedido del organismo por no querer prestarse a que su defendido, Damián Lagaronne, declarara falsamente en contra de los Moyano. El agente también implicaba al fiscal Scalera. Lagaronne declaró contra los dirigentes, y consiguió la prisión domiciliaria. Lo mismo que había ocurrido con Pablo "Bebote" Alvarez, el jefe de la barra.

Otra línea de la investigación, todavía en un plano secundario, se refiere a la filtración de escuchas telefónicas y al supuesto uso de trolls por parte del Gobierno “para desprestigiar a oponentes políticos, alentar y ensalzar políticos propios”, según el dictamen. González quiere saber si hay causas en trámite sobre este asunto.

La clave de la pesquisa será determinar si hay violaciones a la ley de inteligencia, lo que podría demostrar la posible incidencia ilegal en causas penales. Una denuncia que hicieron tres integrantes de la Bicameral de Inteligencia (Marcelo Fuentes, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade), que presenciaron la declaración de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani el 4 de abril último, explica que los hechos admitidos por ambos a su entender “no forman parte del Plan de Inteligencia Nacional, cuya ejecución es la que debe ser controlada por la Bicameral, y no pueden serlo porque la ley prohíbe esta clase de actividades”, en alusión a la “visita” a Carzoglio. “Lo que escuchamos en la reunión –denunciaron– no tiene que ver con la inteligencia sino con la participación de la AFI en una maniobra delictiva desplegada en medio de una operación política que interesaba particularmente al gobierno nacional”.