La justicia mendocina, también el Legislativo, y el Ejecutivo, por qué no, encontraron la manera de sortear el problema del fiscal Fabricio Sidoti, acusado de mal desempeño en sus funciones, lo que derivó en el femicidio de la joven Ayelén Arroyo, a manos de su padre, en septiembre de 2016. El Poder Judicial y el Legislativo conforman el Jury que fue iniciado a Sidoti por denuncia del propio Ejecutivo mendocino. Sidoti pidió el juicio abreviado, que fue aceptado, y solicitó dos meses de sanción sin goce de sueldo para sí mismo. El Jury finalmente, lo consideró más culpable y le cayó con todo el peso de la ley: lo sancionó por el doble, con quita de sueldo incluida. El mensaje sobre la gravedad con que se toman la violencia de género en Mendoza es claro: a Sidoti lo multaron. Entre los pulgares que apuntaron para abajo para perdonarlo está el del cuestionado por sus fallos misóginos y homofóbicos, José Valerio, el dedo más reciente de la Corte mendocina.

Ayelén Arroyo, de 19 años, tenía una beba de un año y medio y vivía en el barrio Ugarteche con dos hermanos y su padre, Roque Arroyo. Su hermana escapó a Salta, embarazada de su padre. El OAL, Organo Administrativo Local, contaba con un legajo de denuncias presentadas contra el padre. Y la justicia de familia estaba también involucrada. En septiembre pasado, Ayelén se presentó ante el fiscal Fabricio Sidoti, el 14 de septiembre, para denunciar a su padre por abuso sexual. El fiscal ordenó un peritaje psiquiátrico sobre la joven para determinar si estaba en sus cabales, pero no tomó previsiones sobre la conducta del padre, a quien ordenó una restricción. Es decir, le creyó más al denunciado (supuso que cumpliría la orden) que a la víctima (a quien ordenó el peritaje para confirmar la versión). No está claro si fue el peritaje o el mismo padre quien determinó que Ayelén no estaba fabulando. El 28 de septiembre, saltó una restricción, inservible para frenar a quien está dispuesto a matar, y la mató. La consternación invadió (tarde) al gobierno. Ese mismo día, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino, anunciaron que presentarían denuncia ante el jury de enjuiciamiento para que se analice la actuación de Sidoti.

Sidoti había argumentado que hizo lo que se hace habitualmente ante una denuncia de abuso sexual y que ahora “buscan un chivo expiatorio para encontrar un culpable”.

En diciembre pasado, el jury decidió suspender en sus funciones al fiscal, quien se defendió argumentando que había tenido pequeños errores pero que tanto la justicia de familia como el OAL estaban al tanto de la situación en la familia de Ayelén pero que no habían realizado nada. Y que lo que él debería haber hecho, la detención de Arroyo, o el peritaje psiquiátrico, no habrían impedido el crimen.

“Lo que debería haber hecho fue pedir los antecedentes al OAL, pero no los pidió –dijo a PáginaI12 Valentina Tarqui Lucero, integrante de la Alianza de Abogados y Abogadas por los DDHH–. Habría alcanzado para que pidiera la detención. Eso habría evitado que la matara. La justicia penal se desentiende de la cuestión de familia. Cuando van a hacer una denuncia le dicen ‘concurra al juzgado de familia’”.

Sidoti apeló a las recientes modificaciones al procedimiento del Jury, que permite el juicio abreviado, aceptó su responsabilidad (“menor”) y se autocondenó a dos meses y medio sin goce de sueldo. El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, aceptó la propuesta. El Jury que debía decidir, finalmente rechazó la propuesta. Y decidió castigar con mano dura: ayer lo sancionó por unanimidad con cuatro meses de suspensión sin goce de sueldo. De esa manera quedó sin efecto la destitución. 

Juan Carlos Jaliff, el presidente provisional del Senado, subrayó que “hace 20 años que no se condenaba a un magistrado y es la primera vez que se aplican sanciones alternativas”.

Cuando se cumplan los cuatro meses de sanción, el fiscal Sidoti retomará todos los casos que llevaba. Entre ellos, el de los chicos abusados en el Instituto Próvolo de Mendoza. 

Hay que recordar que el Jury de Enjuiciamiento está compuesto por 14 legisladores y los siete miembros de la Corte. Entre ellos, José Valerio, el polémico juez incorporado al máximo tribunal pese a las denuncias por sus fallos misóginos y homofóbicos.

“En Mendoza la ley 26485 (de Protección Integral a la Mujer) no está reglamentada –sostuvo Tarqui Lucero–. Recién el 3 de febrero pasado, después de más de un año de gestión, crearon la primera Fiscalía especializada en Violencia de Género.”