La inversión provincial en educación decreció en los últimos cuatro años. Según un informe realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación, a partir de 2016 las provincias disminuyeron la cantidad de recursos destinados a la educación, a pesar de que perciben mayor cantidad de dinero proveniente de la Coparticipación Federal de Impuestos. Además, el informe destaca que, en promedio, las provincias destinan un 3,4 por ciento de su presupuesto educativo a infraestructura y equipamiento, mientras que el resto está destinado a cubrir los salarios.
El informe, escrito por el especialista en Economía de la Educación Agustín Claus, señala que existen “tres subperíodos respecto del desempeño y cumplimiento de la meta de inversión”, estipulados por la ley de Educación Nacional –sancionada en 2006–. La ley establece que debe invertirse un 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en educación, tanto a nivel nacional como provincial.
Según Claus, entre los años 2008 y 2011 existe un crecimiento en la inversión educativa en ambos niveles de gobierno que va del 5 al 5,4 por ciento del PBI, respectivamente. El segundo subperíodo es de 2012 a 2015, donde la inversión se sostiene, dice el informe, “alrededor del 5,7 por ciento del PBI”. “Por último, entre 2016 y 2018, se evidenció un cambio de tendencia: se redujo el nivel de gasto respecto del PBI al 5,8 por ciento en 2016 y se estima que al 5,1 por ciento en 2018 por ambos niveles de gobierno”, afirma.
A fines de 2015, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró inconstitucional la quita del 15% de la masa de impuestos coparticipables por parte de la Nación a las provincias. Esto, afirma Claus, “mejoró las arcas provinciales con disponibilidad inédita de recursos”, pero no se tradujo en un aumento en la inversión educativa. “En particular a partir del año 2016, las provincias contaron con más recursos impulsados por el Consenso Fiscal 2016, que implicó la devolución de 15 puntos más de Coparticipación”, agrega.
El informe establece que los fondos que cada provincia invierte en educación provienen de: recursos provinciales, recursos coparticipables y transferencias no automáticas, es decir, fondos que envía el Estado nacional para desarrollar programas educativos como, por ejemplo, el plan Fines.
Según el documento del Observatorio, Santiago del Estero es la provincia que más depende de los fondos enviados por el gobierno nacional. El informe señala que el 52,7 por ciento del gasto en educación de la provincia proviene de los recursos coparticipables y transferencias no automáticas. A Santiago del Estero le siguen Tucumán (40,7) y Misiones (39,9),
Por otro lado, las tres provincias que menos dependen de las transferencias de Nación son Tierra del Fuego, que de su inversión total en educación sólo el 7,2 por ciento proviene de recursos coparticipables. Le siguen Neuquén y Santa Cruz con 10,5 por ciento en ambos casos.
De acuerdo al análisis del Observatorio, en 2018 la Nación destinó el 70 por ciento del presupuesto educativo a la educación universitaria. “De este porcentaje, el 99 por ciento se destina a los salarios docentes universitarios y el restante 1 por ciento a infraestructura”, señala el informe. El 30 por ciento restante del presupuesto educativo nacional, agrega, se utilizó para financiar “políticas para la educación básica, que se distribuyen de la siguiente manera: 44 por ciento al cofinanciamiento de salarios docentes, 46 por ciento a políticas educativas (gestión educativa, calidad, información, capacitación docente, entre otros) y 10 por ciento a infraestructura escolar en las provincias”.
Por último, el informe señala que la transferencia que hacen los gobiernos provinciales a la educación de gestión privada se utiliza, mayormente, para pagar los salarios docentes. El porcentaje del presupuesto destinado a la educación de gestión privada alcanza su punto mínimo en La Rioja (3,9) y el máximo en Córdoba (21,6).
Informe: Ludmila Ferrer.
