El gobierno nacional dispuso el traslado de la sede central del Ministerio de Justicia al predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada  (ESMA), donde funcionan los distintos espacios de memoria a cargo de los organismos de derechos humanos. La mayoría de las agrupaciones dieron el aval a la mudanza, aunque pusieron ciertas condiciones, por ejemplo, se estableció que en el lugar no funcionen oficinas que tengan que ver con fuerzas represivas, como el Servicio Penitenciario, que está bajo órbita de esa cartera. El Gobierno difundió también que el edificio se llamará “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”. Los organismos de derechos humanos se enteraron de esa decisión por el Boletín Oficial.

La agrupación HIJOS, integrante del directorio que cogobierna ese espacio, fue crítica sobre el traslado de la cartera judicial, sobre todo porque percibían una contradicción en la política de derechos humanos del Gobierno. “Si bien es importante la institucionalidad de la medida, los que integran ese ministerio, Germán Garavano y el secretario Claudio Avruj, han puesto en marcha una política contradictoria con los derechos humanos”, puntualizó Carlos Pisoni, uno de los miembros de esa organización. “Durante estos tres años y medio el Gobierno se ha olvidado de los sitios de memoria. Hubo desidia, despidos masivos, desfinanciamiento de programas y abandono del lugar; basta con recorrerlo para darse cuenta”, describió.

Entre el resto de las agrupaciones que forman el Directorio del Espacio memoria hubo consenso en aceptar la medida, ya que en la ex ESMA ya funciona la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que sí había ayer era cierta preocupación ante las versiones de que el nuevo edificio se inaguraría el martes, ya que la obra todavía está sin terminar. Analizaban que se trataba de un uso electoral del Espacio de Memoria. Por la tarde, finalmente, llegó la notificación de que el acto previsto se suspendería.

Gabriela Alegre, integrante de la Asociación Buena Memoria, manifestó que era lamentable que estuvieran planificando un acto de inauguración para una obra que no está terminada. “Repudiamos la utilización de un Espacio como el de la ExEsma para un acto de campaña de quienes agredieron a las Madres y a las Abuelas y a la memoria de nuestros desaparecidos durante todo su gobierno. Nos enteramos por el Boletín Oficial que pretenden llamar Raúl Alfonsín al edificio, nos habían dicho que lo llamarían Nelson Mandela. Ninguno de los dos estaría contento con un homenaje por parte de un gobierno que no ha respetado los derechos humanos más básicos”.

La resolución 761/19 publicada hoy en el Boletín Oficial precisa que la cartera judicial será instalada en el ex Casino de Aspirantes y Cantina, ubicado sobre la calle interna Pinedo, entre Rosales y Ezquerra, y llevará el nombre de “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, en homenaje al ex mandatario durante cuyo gobierno se impulsó el Juicio a las Juntas pero también las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El Gobierno señaló que el nombre se eligió para hacer “referencia a una figura emblemática” del país por su “fuerte compromiso con la Justicia y los Derechos Humanos”, y por haber impulsado “una línea de acción histórica en el campo de la defensa de los Derechos Humanos, creando la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep) para recibir denuncias” por crímenes de lesa humanidad.

En el predio de la ex ESMA funcionan varios organismos estatales, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos, el Archivo de la Memoria (que depende de esa secretaría), el Instituto del Mercosur para los Derechos Humanos y el Centro de DD.HH .de la Unesco.