Hace casi un año el Jurado de Enjuiciamiento provincial había archivado el pedido de jury contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por su participación en el terrorismo de Estado. Sin embargo, no estaba dicha la última palabra: el organismo se volverá a reunir este jueves para analizar si abre el proceso que derivaría en la destitución del jefe de los fiscales marplatenses y ex agente de inteligencia durante la dictadura. Lo que cambió es que ahora está procesado por el Juzgado Federal 2 de San Martín por participar del secuestro y las torturas que sufrieron tres militantes del Partido Comunista durante la última dictadura cívico-militar, cuando él era agente de la Delegación Regional de Inteligencia III (Dippba). La jueza federal de San Martín Alicia Vence lo procesó el 15 de abril como “participe necesario” junto con otros integrantes de la Policía bonaerense y ordenó un embargo de 300 mil pesos.
En su resolución, la jueza Vence señaló que “los acontecimientos enjuiciados no se podrían haber llevado a cabo de la manera en que acontecieron” sin la participación del actual jefe de los fiscales marplatenses. Fernández Garello había minimizado los hechos durante su declaración indagatoria y, en noviembre de 2018, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, decidió cerrar un jury abierto en su contra por su participación en la persecución a militantes políticos.
La denuncia contra Fernández Garello había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dippba, que el organismo gestiona desde 2001. Como agente de inteligencia, Garello participó en julio de 1981 de los procedimientos que terminaron en la detención ilegal y torturas de los militantes Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor. La prueba documental respecto de la participación del fiscal en aquellos operativos de la dictadura había llevado a la jueza del caso a llamar a declaración indagatoria a Fernández Garello, quien había minimizado su participación al responder que hacía simples “tareas administrativas”.
En paralelo a la investigación judicial, la CPM solicitó el jury de enjuiciamiento contra el fiscal ahora procesado por la gravedad de los delitos en los que estaba implicado. Sin embargo, Conte Grand decidió desestimar el pedido y cerrar la investigación interna. “La decisión política protege al fiscal y busca garantizar su impunidad”, advirtió entonces la CPM y denunció como "gravísimo" el hecho de que un funcionario judicial de la democracia hubiera formado parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como espía. El rechazo del pedido de jury había contado con los votos de los legisladores de Cambiemos Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli y del Frente Renovador Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, además del apoyo de los abogados Alicia Cristina Racig y Horacio Enrique Hernández. Los impulsores de la denuncia aspiran a conseguir, finalmente, la apertura del jury.
