Mauricio Macri sigue acumulando denuncias en Tribunales. Esta vez, lo acusaron de poner a la venta 53 inmuebles públicos sin autorización del Congreso, tal como lo marca la Constitución. En total se trata de más de 50 hectáreas, la mitad ubicadas en Puerto Madero.

Los abogados Rafael Klejzer y Jonatan Baldiviezo, integrantes de Izquierda Popular, radicaron la denuncia en  el Juzgado Federal Nº 10 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además pidieron que se dicte una cautelar para frenar la subasta de tres inmuebles programada para el mes de marzo en el Banco Ciudad. 

En los fundamentos de los tres decretos firmados en 2016, a través de los cuales el Ejecutivo dispuso la venta de 53 inmuebles, se sostiene que la enajenación está amparada por la ley 22.423, de la época de la dictadura. Klejzer y Baldiviezo advirtieron que esa ley está vencida desde hace seis años, y que además cuenta con jurisprudencia en su contra. 

De hecho, la jueza en lo contencioso administrativo Andrea Danas ordenó suspender la subasta del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Instituto Antártico Argentino, invocando la nulidad de la normativa. Los trabajadores del Instituto lograron frenar su venta tras advertir que el edificio tiene valor patrimonial -es un petit hotel de estilo francés- y que se pondría en riesgo todo el acervo investigativo sobre la Antártida que está contenido en una biblioteca de más de 10 mil volúmenes.

“Son ventas absolutamente ilegales, el Presidente no tiene facultades para vender tierras de la Nación y necesita sí o sí autorización del Congreso”, explicó Baldiviezo. “Los tres decretos se fundan en una ley que ha perdido vigencia. Por lo tanto, se está arrogando facultades del Congreso, lo que constituye un verdadero abuso de autoridad”, amplió el abogado.

Entre los inmuebles que Macri quiere vender hay de todo: residencias de embajadores en el exterior, dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que aseguran seguirá funcionando), un boliche del conurbano, tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex SIDE, una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.

El Ejecutivo quiere enajenar también casi 92 mil metros cuadrados de terrenos ferroviarios en Retiro, que serán destinados a construir un complejo de oficinas y viviendas de alto nivel. El predio en cuestión es conocido como Empalme Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II. La Legislatura porteña ya avanzó con su rezonificación, aún cuando ni siquiera fue subastado, para que una vez vendido el negocio esté al alcance de la mano.

Según los abogados denunciantes, estas tierras están predestinadas para quedar en manos de las “grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias -también amigos del Presidente- y sus socios, como Eduardo Elzstain (dueño de IRSA S.A.) y Nicky Caputo”, quienes ya son propietarios de gran parte de un terreno aledaño conocido como Catalinas Norte, vendido en 2009 por el entonces jefe de Gobierno porteño. 

Como jefe de Gobierno, Macri recurrió varias veces a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el PRO cedió al mercado más de 300 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de medio millón de personas. 

En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y sin fecha de reapertura confirmada.

Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por Macri, que proponía la venta de otros 40 inmuebles. El dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron. En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura.