Tal como venían las cosas, era imposible que no pasara: los docentes votaron un paro nacional de 48 horas para el inicio de las clases, el lunes 6 y martes 7 de marzo. La decisión del Gobierno de eliminar la paritaria federal que se realizaba todos los años desde el 2008 -en la que se acordaba el piso salarial de todos los maestros del país-, empujó a los cinco sindicatos docentes nacionales a lanzar el plan de lucha. Huelga de 48 horas y adhesión al paro internacional de mujeres del miércoles 8, la primer semana; jornadas informativas con los padres, la segunda; en caso de que no haya respuestas, un nuevo paro de 48 horas para la tercer semana, con una marcha a la Plaza de Mayo. 

Cambiemos, a través del equipo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reaccionó atribuyendo una intención desestabilizadora a los gremios. “Están en acción de guerra” contra el presidente Mauricio Macri y Vidal, acusó el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro. 

 

Sin embargo, los dirigentes docentes señalan que, desde que la paritaria nacional existe, nunca pasó que ni siquiera quisieran convocarla. 

 

 

 

“El responsable de que no empiecen las clases es el Gobierno”, dijo la titular de Ctera, Sonia Alesso, a PáginaI12. “El año pasado, cuando el gobierno era el mismo, y los que estamos al frente de los gremios éramos también los mismos, las clases comenzaron normalmente, porque la paritaria nacional se hizo. ¿Qué hay de diferente este año? Eso es lo que deberían explicar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque estalló ahora, por el comienzo de las clases, el conflicto atravesó los tres meses del verano, cargándose. En diciembre, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, reunió a los sindicatos docentes y les anunció que no iba a haber convocatoria a la paritaria federal. Entre las razones que esgrimió, aseguró que las provincias le habían pedido al Presidente que no se hiciera porque les generaba complicaciones (básicamente, por poner en el sueldo inicial un porcentaje de aumento que no podían trasladar al resto de los salarios). Pero el argumento se sostuvo poco, prácticamente nada, porque que varios gobernadores salieron a reclamarle al Ejecutivo nacional que no se desentendiera de las negociaciones, una suerte de primer escudo frente al reclamo de recomposición de los sueldos docentes; los maestros tienen una discusión salarial en dos tramos, primero con el Estado nacional para fijar el piso que cobrará un maestro en cualquier lugar del país, y luego en las provincias, que negocian el resto de la escala. Los gobernadores saben que sin el primer paso resuelto, el segundo será más problemático; además temen que la Nación, tras hacerse a un costado, los deje sin financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Como un segundo elemento del conflicto se sumó la pretensión oficial de ponerle un techo del 18 por ciento a las paritarias estatales. Aunque algunos pensaban que era cosa superada, ayer el presidente Macri, desde España, lo reforzó, al insistir en que ese porcentaje es suficiente y adecuado a la inflación que prevé el equipo económico para 2017 (ver página 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Para los gremios, en cambio, un aumento que devuelva a los salarios el poder de compra que perdido en 2016 y los deje en paridad con la inflación debe ubicase casi en el doble, en un 35 por ciento. El planteo no es sólo de la Ctera, sino de la totalidad de los sindicatos de la educación. El paro de 48 horas fue coordinado por los estatales de Ctera, los privados del Sadop, los técnicos de Amet, más CEA y UDA.

 

 

 

 

 

 

 

“La situación de los docentes, incluidos los privados, es muy grave. No tenemos asegurada la recomposición del salario porque no hay convocatoria a la paritaria federal. Ante el no diálogo, ante el cierre de la puerta de la negociación por parte del gobierno nacional, la respuesta no puede ser la resignación”, dijo ayer Mario Almirón, titular del Sadop.

 

 

 

 

 

 

 

En las paritarias docentes provinciales, que tratan de avanzar con el inicio de las clases encima, no hay acuerdo. Hasta ahora no hay ninguna provincia que tenga garantizado el comienzo a término”, apuntó el secretario de prensa de Ctera, Alejo Demichelis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas de fuerza van a arrancar con el paro del 6 y 7. El lunes 6 van a marchar al Palacio Sarmiento; el 7 se sumarán a la marcha al Ministerio de Industria convocada por la CGT. 

 

 

 

 

 

 

 

La Ctera anunció además su participación en el paro internacional de mujeres del miércoles 8. La semana siguiente hará actividades informativas en todas las provincias, como reuniones con los padres. En caso de no tener todavía respuestas, para la tercer semana llamarán a un nuevo paro de 48 horas con marcha federal educativa a la Plaza de Mayo junto a los universitarios y los científicos del Conicet. Los dirigentes hablan de la paritaria federal como una instancia innegociable. “Trajo equidad en los salarios”, apunta Gerardo Alzamora, del Sadop.

 

 

 

 

 

 

 

“Hay un tema de igualdad que depende de la paritaria, que fue una herramienta que logramos después de una gran crisis en el 2003. En ese momento había una desigualdad absoluta. En algunas provincias los docentes ganaban 3 ó 4 veces más que en otras. Este había sido uno de los resultados de las políticas del menemismo en los ‘90, que traspasó las escuelas a las provincias, pero sin presupuesto. A partir de entonces, cada gobernador pagó lo que pudo; la Capital Federal puede afrontar determinados sueldos que Formosa no. Terminamos con una disparidad enorme en los sueldos, y a eso vamos a volver otra vez si eliminan la paritaria nacional. Hay provincias que ya dicen que el 18 es el techo; y la verdad es que hay algunas que pueden quedar bastante por debajo, porque van a dar lo que puedan dar”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hay de diferente este año? Para Eduardo López, de UTE-Ctera, “una decisión política del gobierno de Cambiemos”. El dirigente saca del bolsillo un cálculo del CEPA (Centro de Economía Política Argentina): “El costo fiscal de aumentarle a todos los docentes del país un 35 por ciento es de 50 mil millones de pesos”. Después le agrega un poco de pimienta:  “ Un costo inferior a lo que el presidente se quiso condonar en el Correo,  70 mil millones”. 

 

 

 

 

 

 

 

“Con los 20 mil que nos quedan a cuenta, podríamos recuperar varias de las cosas que ajustó: todos los programas sociodeducativos que discontinuaron, la entrega de libros gratis, las radios escolares, el plan Conectar Igualdad, el programa de formación docente”. 

 

 

 

 

 

 

 

Alesso completa: “Creo que hay dos intenciones políticas: la primera es poner un techo a las negociaciones salariales de todos los trabajadores, usando como elemento disciplinador el conflicto docente. La segunda, grave, es dar marcha atrás con todas las políticas públicas que tienen que ver con el financiamiento educativo. Esto empezó con desarmar el Conectar Igualdad, la transferencia del Canal Encuentro, la decisión de desarmar las orquestas infantiles, el programa de educación sexual integral, el despido de los compañeros que trabajaban en la formación permanente de los docentes, la subejecución del presupuesto educativo, la entrega a las empresas del contenido de la educación técnica, la desaparición de lo que tenía que ver educación y derechos humanos. Esto es un programa que apunta a desresponsabilizar al Estado nacional no sólo de los sueldos, sino de todo el funcionamiento de la educación”.