El gobierno mexicano calificó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el Estado de Guerrero en 2014 como una "desaparición forzada" cometida por agentes del Estado, y activó una millonaria recompensa para dar con los responsables. A cinco años de la masacre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que es una prioridad para su gobierno esclarecer los hechos ocurridos entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 y encontrar a los estudiantes desaparecidos. En caso de ser necesario, el expresidente Enrique Peña Nieto también sería citado a declarar.
"Tenemos una gran ventaja, no hay impunidad, eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina, esta vez dominada por el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas. El presidente mexicano manifestó que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes "va más allá de un simple delito; es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos".
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Alejandro Encinas anunció que el gobierno mexicano ofrecerá una recompensa de 1,5 millones de pesos (unos 75 mil dólares) para quien proporcione información "fidedigna y verificable" del paradero de los estudiantes. Una segunda recompensa de 10 millones de pesos (unos 500 mil dólares) será otorgada a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco, uno de los principales sospechosos.
El fiscal especial del caso, Omar Gómez, adelantó además que la próxima semana citarán a exfuncionarios federales relacionados con la cuestionada investigación original, entre ellos al exprocurador Jesús Murillo Karam. Aseguró que, de ser necesario, el expresidente Peña Nieto también sería llamado a declarar.
De acuerdo con la llamada "versión histórica", los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron entregados por la policía a miembros del cártel Guerreros Unidos, que luego de asesinarlos incineraron sus cuerpos en un basural. Pero en las conclusiones de su investigación, presentadas a fines de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que era imposible que los cuerpos fueran incinerados en ese basurero, y reveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
