Llegó a la justicia. La denuncia de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reciben órdenes de sus jefes para participar -pese a que la ley lo prohíbe- de timbreos, actividades en los call center, volanteadas o charlas con los vecinos para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está siendo investigada por la fiscalía que conduce Jorge Di Lello, fiscal federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, quien inició de oficio una pesquisa preliminar por la presunta infracción al Código Electoral.
Ayer ratificaron su denuncia Florencia Rodríguez y Lucía Sánchez Vilar, dos trabajadoras del Autódromo porteño que se negaron a participar de ese tipo de actividades y con la asistencia legal de los abogados de la Asociación del Trabajadores del Estado (ATE) Capital fueron a dar su testimonio en sede judicial a pesar de que siguen yendo todos los días a trabajar y que saben que sus contratos, que vencen en diciembre, podrían no ser renovados.
PáginaI12 publicó la denuncia
en la tapa de la edición del 19 de agosto pasado. Allí se daba cuenta del hostigamiento que recibieron antes y después de la PASO los trabajadores del ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer tareas de militancia a favor de Horacio Rodríguez Larreta. En esa ocasión, los delegados de ATE Capital denunciaron la situación en un comunicado y los testimonios que consiguió este diario eran anónimos por el miedo de los trabajadores a que no les renovaran sus contratos. Pero la difusión de la práctica surtió un efecto positivo: los empleados fueron perdiendo el miedo a hablar y el sitio tucampañanoesmitrabajo, que en ese momento casi no tenía testimonios, hoy está lleno de historias similares (ver aparte). Ese sitio fue creado por las dos chicas que ayer ratificaron su denuncia en la fiscalía de Di Lello.
Las denuncias al Gobierno de la Ciudad
Florencia Rodríguez trabaja en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Cobra su salario como monotributista y le hacen un contrato anual que se renueva (o no) cada diciembre. A pesar del miedo sobre su futuro, ayer declaró en sede judicial lo que le viene pasando desde mediados de julio. “En esa época se hicieron reuniones con todo el equipo en las que se nos indicaba que por 'órdenes de arriba' teníamos que participar de actividades de campaña: volanteadas, actos políticos, timbreos, presencias en los calle center”. Florencia explicó que a cada trabajador le tocaba una tarea distinta y que a ella en ese momento le indicaron que tenía que ir a volantear a Belgrano. Respondió, por mail, que no iba a ir. A partir de ese momento, desde el gobierno porteño cambiaron la modalidad: les empezaron a dar indicaciones a los trabajadores, pero sólo cara a cara. Nada que quedara registrado por escrito. Ella y su compañera Lucía Sánchez empezaron a intentar concientizar a sus compañeros de que hacer ese tipo de actividades militantes no estaba en el marco de la ley. Y cabe destacar que no eran sólo invitaciones: a los que se negaban a participar les decían que si no se sumaban a algún evento, tarde o temprano se iba a tener que ir del gobierno porteño por su “falta de compromiso”. Todo este recorrido Florencia también lo dejó por escrito ayer en la fiscalía de Di Lello.
Lucía Sánchez también trabaja en el autódromo y vivió una situación parecida. “Me pidieron ir a volantear, como a todos los del autódromo. Boleta completa con Macri y sólo boletas de Larreta. Y a todos nos amenazaron con echarnos si no lo hacíamos”, dijo a este diario. Y agregó que “nos empezamos a dar cuenta de que había testimonios similares tanto en Nación, como en Provincia, como en las intendencias. En municipios como Lanús, Quilmes, Morón y San Miguel pasa lo mismo”.
Ambas siguen trabajando, pero están marcadas: les cambiaron la oficina, están más lejos de sus compañeros y más cerca de su jefe y no tienen interlocución directa con él, sino que les designaron a un intermediario. Saben que a partir de esta denuncia no sólo corren el riesgo de que las echen o no les renueven el contrato: incluso si siguieran en sus puestos, están seguras de que los aumentos “a dedo” que se hacen cada tanto no las van a tener entre las beneficiadas.
Hay otro fenómeno que la fiscalía de De Di Lello va a investigar según vayan surgiendo los testimonios: dónde funcionan los call center, cómo se financian y si es cierto, como trascendió, que a partir de que se hizo público que los empleados porteños son instados a realizar actividades de campaña, ahora están contratando, según dijo a este diario una fuente que prefirió guardar reserva de su identidad, “a gente de afuera a la que le pagan con plata de `caja chica´ para volantear por cinco mil pesos al mes”.
Qué dice la ley
La investigación preliminar de Di Lello puede crecer en la medida en la que en la fiscalía investiguen y sumen más testimonios y nombres concretos de los que dieron las órdenes. Lo concreto es que pedirles a los empleados porteños actividades de militancia está vedado por ley 25.164 , que en el inciso E del artículo 24 establece “la prohibición para los empleados públicos de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos dicha función o para realizar proselitismo o acción política”. Rodríguez Larreta debe saberlo, pero la desesperación por no perder el único bastión que le puede quedar a Juntos por el Cambio después del 27 de octubre le debe estar jugando una mala pasada.
Daniel Catalano, titular de ATE Capital, dijo a este diario que “la militancia no puede ser nunca un imperativo obligado desde la gestión de turno, no puede ser parte de las de la funciones, tareas o actividades requeridas para ningún puesto de trabajo en la Administración Pública, mucho menos una carta de negociación para conservar el laburo o una forma de garantizar militancia proselitista para un espacio político que no la tiene por naturaleza”. Y agregó que “este gobierno nos persiguió tildándonos de ñoquis y grasa militante. Es inaudito que obliguen a los trabajadores a militar a Cambiemos. Peor aún cuando es un gobierno que se ocupó de desplazarnos, maltratarnos, despedirnos, precarizarnos, que nos hizo perder el salario y que eliminó las políticas públicas más importante del Estado”.
