43 estudiantes desaparecidos. Cinco muertos y una veintena de heridos. A cinco años de Ayotzinapa, la herida sigue abierta. La desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 sacudió los cimientos de la sociedad mexicana, y evidenció la profunda crisis de su estado de derecho: los engranajes políticos, jurídicos y policiales funcionaron a la perfección para posibilitar el ocultamiento de varias pruebas, y la invención de otras.
El proceso judicial naufragó a lo largo de los últimos años, pese a que organismos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaran numerosas irregularidades. De la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, las familias de los normalistas tienen ahora, al menos, un motivo para ilusionarse con la propuesta de volver la causa a foja cero, y trabajar sobre pistas que nunca fueron consideradas.
Más de la mitad de los acusados en el caso Ayotzinapa (77 de 142) ya fueron liberados. A fines de agosto, uno de los principales acusados, Gildardo López Astudillo alias “El Gil”, sindicado como el líder de una poderosa banda narco, fue uno de los detenidos que recuperó su libertad. La liberación compulsiva de acusados y el seguimiento de pistas falsas apunta directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga los delitos de orden federal, y que fue la encargada de las pesquisas desde el inicio de la causa. Ángel Adrián Huerta García, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se refiere las irregularidades del caso en diálogo con Página/12: “Claramente se plantaron evidencias. Toda la investigación está plagada de cuestiones preocupantes. Por ejemplo, se verificaron signos de tortura para obtener la confesión de varios detenidos”.
La “verdad histórica”
Tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de prestigiosos médicos y juristas que realizaron una investigación paralela del caso, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), rechazaron de plano la llamada “verdad histórica”, línea de investigación que impulsó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto: la misma decía que los estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, en el Estado de Guerrero, y sus restos tirados en bolsas al río San Juan, después de ser secuestrados por el cártel narco conocido como Guerreros Unidos. Siempre según esa versión, los estudiantes habrían sido confundidos con miembros de un cártel rival. Según el EAAF, "no se pudo establecer con certeza que alguno de los miles de restos encontrados en el basurero de Cocula correspondiera a los estudiantes normalistas”. Por el contrario, entre los restos recuperados se encontraron algunos pertenecientes a otras personas.
Sofía de Robina es abogada y forma parte del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Recuerda “las irregularidades sobre el río San Juan, donde el Estado presumía de haber encontrado uno de los cuerpos. Sin embargo, no se produjo una sola evidencia de que se hayan tirado las cenizas de ninguno de los estudiantes a las aguas del río”. Alberto Solís, de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), avanza sobre esa pista falsa: “De las muestras que se identificaron, en particular la única identificación total correspondiente al joven Alexander Mora Venancio, se comprobó que no fue extraída de esas aguas”. Esa situación dejó muy mal parado al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, quien, según recuerda Solís, “había estado días antes en el lugar de los hechos, de manera muy irregular y sin reportarlo a las autoridades. Puede caberle una responsabilidad muy grave por haber intentado desviar la investigación”. De hecho, será citado a declarar en las próximas semanas.
Lo (poco) que se sabe
Ésta es una de las pocas certezas que se tienen a cinco años de la tragedia: los estudiantes viajaban desde el pueblo de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, a la ciudad de Iguala. El plan era subirse a distintos micros para viajar a la capital del país y participar en la marcha educativa que todos los años recuerda a otra matanza de estudiantes, la de Tlatelolco, ocurrida en 1968.
Entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, se originó un fuego cruzado entre distintas fuerzas policiales e integrantes de un cártel narco local, llamado Guerreros Unidos. Los disparos alcanzaron los vehículos que transportaban a los estudiantes. “Cuando salen de la ciudad de Iguala la policía empieza a dispararles. Ahí un estudiante recibe un disparo. Ese estudiante todavía está en coma”, afirma de Robina.
Como saldo de aquella noche fatídica, además de los cinco muertos y la veintena de heridos, se produjo la desaparición de 43 jóvenes, cuyo último avistaje se produjo en las patrullas policiales a las que los subieron. La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que varios estudiantes desaparecieron despues de ser llevados al Palacio de Justicia de Iguala.
La lucha de los familiares
Huerta reconoce la importancia de las organizaciones locales en el acompañamiento de los familiares de las víctimas y desaparecidos. “Creemos que sin la intervención de nuestros organismos, estaríamos hablando de otra historia. Los mismos padres reconocen el aporte que hacemos y nuestra contención”, dice, y no deja de mencionar los problemas de salud que padecen varios de esos familiares: “Muchos mostraron cuadros de hipertensión o diabetes, y aún así siguen de pie. Y continuarán luchando por conocer la verdad”.
El gobierno de López Obrador y la nueva FGR, que por primera vez intentará trabajar de manera independiente del Ejecutivo, prometen una investigación prácticamente nueva. De cara al futuro de la causa, Sofía de Robina exige “que la gente que tenga información sobre la causa pueda darla. Desde nuestras organizaciones queremos romper con el pacto de silencio”. Solís, por su parte, sugiere avanzar sobre “una de las líneas que quedó afuera: la participación de policías federales e incluso miembros del ejército”. Huerta, por último, destaca que “hay mucha expectativa por la pista de un nuevo basural en Tepecuacuilco, a 10 minutos de Iguala”. Los familiares tienen una nueva oportunidad de acercarse a la verdad.
