Desde Lima 

“Está en peligro la democracia”, señaló el presidente Martín Vizcarra en un breve mensaje al país dado ayer, refiriéndose así a las últimas decisiones del Congreso controlado por el fujimorismo. Ha sido una acusación directa a la mayoría parlamentaria formada por el fujimorismo y sus aliados, a los que acusó de utilizar el Parlamento para actuar en contra de la democracia “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Después de lanzar esa grave acusación, el presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le abriría las puertas para cerrarlo constitucionalmente y llamar a nuevas elecciones legislativas. Pero congresistas de la mayoría pretenden negarle esa facultad. Conversaciones por chat entre legisladores fujimoristas filtradas a la prensa, revelan sus intrigar para dar un golpe parlamentario que destituya al presidente.

La reacción de Vizcarra contra el Congreso se dio un día después que la mayoría parlamentaria archivara en comisiones, sin siquiera debatir en el pleno, el proyecto presidencial para adelantar -de 2021 a 2020- las elecciones legislativas y presidenciales, y de la decisión del Congreso de elegir este lunes, en un procedimiento express marcado por serios cuestionamientos, a seis nuevos miembros de los siete magistrados que integran el estratégico Tribunal Constitucional (TC), una maniobra del fujimorismo denunciada como un intento de copar el TC, cuestionamiento al que se sumó Vizcarra. Pero en su mensaje, esperado desde el jueves cuando el Congreso rechazó su propuesta de adelantar las elecciones generales, el presidente no dijo una palabra de este tema, que todos suponían sería el asunto central de ese pronunciamiento. Un silencio sorpresivo, y revelador de la falta de respuesta del Ejecutivo frente al duro golpe que le encajó el Congreso en este tema, que el propio presidente había definido como crucial.

Vizcarra anunció que el pedido del voto de confianza al Congreso irá amarrado no a una insistencia para adelantar las elecciones, como muchos esperaban, sino a una propuesta para cambiar el mecanismo de elección en el Congreso de los magistrados del TC. Con esto pretende bloquear la cuestionada elección de sus nuevos miembros, programada para este lunes. Legisladores de la mayoría parlamentaria, con el apoyo de algunos constitucionalistas amigos, reaccionaron rápidamente desconociendo las facultades presidenciales para pedir un voto de confianza relacionado a este tema. Congresistas que no forman parte de esa mayoría y otros expertos han opinado en sentido contrario y han pedido que el Congreso suspenda el proceso de elección del Tribunal Constitucional. La mayoría asegura que no cederá en su intención de elegir un nuevo TC. Se abre un nuevo escenario de enfrentamiento y grave crisis política.

El TC está llamado a ser el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos constitucionales, como la legalidad o no del pedido de un voto presidencial de confianza respecto a determinado tema y por lo tanto sobre la procedencia o no de un eventual cierre del Congreso como resultado de la negativa de ese voto de confianza. Con un TC bajo su control, la mayoría parlamentaria se asegura para qué lado decidirá ese árbitro.

Pero este tribunal, última instancia jurídica, también es clave en la lucha contra la corrupción. En el TC está pendiente de resolverse un pedido de Keiko Fujimori -procesada por lavado de activos en relación al financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero de Odebrecht- para que se anule su prisión preventiva. Una actual magistrada del TC ha denunciado que le ofrecieron continuar en el Tribunal si votaba a favor de la libertad de la jefa del fujimorismo. Los fujimoristas presionan, pero no tienen la seguridad de ganar la libertad de Keiko en el actual TC. Si no lo consigue, podrían presentar una nueva solicitud en ese sentido para que resuelva el nuevo tribunal conformado a su medida. Y también se vendrían para ese nuevo TC pedidos para liberar a otros políticos procesados por corrupción e incluso una solicitud para liberar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

En medio de esta guerra de poderes, al presidente Vizcarra le ha faltado decisión y capacidad de reacción para defender su propuesta de adelanto de elecciones. Para el fujimorismo y sus aliados era clave bloquear el adelanto de elecciones porque eso habría significado perder un año antes de lo previsto su actual mayoría parlamentaria, desde la cual actúa para blindar a sus dirigentes acusados por corrupción. Eso ya lo consiguieron. Ahora van por más.

Como trasfondo de esta lucha de poderes está una ciudadanía indignada contra una clase política envuelta por los escándalos de corrupción. Una ciudadanía que exige “que se vayan todos” y que dirige su bronca principalmente contra el Congreso. Horas después de conocido el cajoneo del proyecto de adelanto de elecciones, manifestantes se movilizaron en rechazo a esa decisión del Congreso. Las encuestas revelan que el adelanto de elecciones tiene un respaldo mayoritario del 70 por ciento, mientras el Congreso que archivó esa posibilidad tiene una aceptación de apenas el ocho por ciento. Se anuncian nuevas marchas de protesta para el lunes, día clave en el que el fujimorismo pretende elegir un Tribunal Constitucional a su medida, un objetivo central para sus intereses de ganar poder e impunidad, y arrinconar al presidente Vizcarra.