"Las niñas son niñas, y deben poder ser niñas, no ser forzadas a hacer cosas de adultos, como gestar. Nadie tiene derecho a decidir lo contrario." La sentencia fue pronunciada por una de las comisionadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes durante una audiencia en Washington para analizar los obstáculos que el Estado argentino pone a las niñas y adolescentes para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando quedan embarazadas tras una violación, con el caso de Lucía como testigo. "El Estado vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones tucumanas solicitando que se garantice su derecho a la ILE", reconocieron los representantes del Gobierno ante la CIDH.
La CIDH convocó la audiencia especial ante el reclamo elevado por Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina) que llevaron el caso Lucía como un "testigo para entender lo que le sucede a niñas argentinas víctimas de violencia sexual", indicó la directora ejecutiva de ANDHES, Fernanda Marchese, que no dudó en calificar como "tortura" los embarazos forzados.
"El propósito que tuvo el estado fue utilizar el cuerpo de Lucía, para hacerla llevar un embarazo contra su voluntad y obligarla a ser madre, por razón de género. La imposición de la maternidad anula la autodeterminación de las niñas y las instrumentaliza", completó la coordinara nacional de CLADEM, Celia Debono. "Implica, en realidad, una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres", subrayó la especialista.
La respuesta de los comisionados de la CIDH fue unánime al condenar la vulneración de derechos por parte del Estado argentino e incluso advirtió sobre el entramado de presiones en los que intervienen la Iglesia y las antiderechos-en-el-congreso">organizaciones antiderechos. Así como la resistencia de las 6 provincias que aún no adhirieron a la ILE o que restringieron su aplicación. "La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal", aseguró la comisionada Flavia Piovesan.
La titular de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, resaltó también la obligación del Estado argentino en garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI), mientras que el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva fue contundente en la perspectiva de salud pública que debe tener el abordaje sobre el aborto. "El misoprostol debe estar en la canasta familiar", sostuvo.
El respaldo de la CIDH al reclamo de las organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de la niñez y la adolescencia se suma a la intimación hecha en marzo pasado por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) .
"El Estado obstaculiza"
Los ejes de la presentación de las organizaciones fueron las responsabilidades del Estado nacional y los estados provinciales en la obstaculización del derecho de las niñas y adolescentes a acceder a la ILE -protocolo basado en el fallo FAL de la Corte Suprema -, la revictimización impuesta por el Poder Judicial sobre las víctimas y los profesionales de la salud, la presión que ejercen las organizaciones antiderechos; y la omisión del Estado en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño .
"Las niñas que logran poner en palabras su voluntad de realizarse una ILE deben enfrentarse al poder estatal, que muchas veces opera para directamente obstaculizar la práctica, deben sentir la presión y el hostigamiento de grupos eclesiásticos, y son atendidas por efectores de salud objetores de conciencia", resumió Marchese la situación de vulneración de niñas y adolescentes.
Además, las organizaciones hicieron hincapié en que "esta carrera de obstáculos a las que se ven arrojadas, afecta especialmente a las niñas que viven en situación de pobreza, en zonas rurales o semirurales y a las niñas de comunidades indígenas". En ese sentido, realizaron un pedido formal a la CIDH para que visite las provincias del norte del país y "exhorte el Estado para que reconozca que el embarazo forzado es tortura", apuntó la representante de ANDHES.
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la resistencia de las provincias a aplicar la ILE escudadas en un supuesto federalismo, como el caso de Tucumán, donde el propio Estado se vio obligado a reconocer la vulneración de derechos ante la CIDH. "Solo doce provincias tienen protocolos de atención adecuados a lo dictado por la Corte Suprema", advirtió la coordinadora del colectivo de infancia y adolescencia, Nora Pulido.
"Deben poder ser niñas"
"Estamos hablando de niñas de diez, 11, 12 años. Toda relación sexual con niñas de esa edad es un hecho de violación. Cuando hay un embarazo, recordemos que esa niña ha sido sometida a un delito", insistió la titular de la CIDH en su intervención y fue clara al indicar a los representantes del Estado argentino que debe hacer cumplir la educación sexual integral y la prevención del embarazo forzado de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema.
"Este no es un asunto complicado. Las niñas son niñas, y deben poder ser niñas, no ser forzadas a hacer cosas de adultos, como gestar. Y nadie tiene derecho a decidir al contrario", completó la comisionada Margarette May Macaulay.
El comisionado Vargas Silva fue contundente. "El caso Lucía es dramático y enfoca su exposición sobre la injerencia eclesiástica en los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres", y denunció al entramado político-eclesiástico que sostiene la vulneración de derechos: "A los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste".
"Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir (entre los feligreses) a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción", condenó el comisionado, quien consideró que "el misoprostol debe estar en la canasta familiar".
La respuesta del Estado
La directora de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas del Instituto Nacional de la Mujer (INM), Nicole Neiman, fue la representante del Estado argentino que viajó a Washington. La titular del INM Mariana Fabiana Túñez se quedó en el país, donde el jueves le brindó al presidente Mauricio Macri la capacitación obligatoria en género para todos los funcionarios, contemplada en la Ley Micaela.
"Estamos trabajando para que los derechos de las niñas y adolescentes sean respetados independientemente de donde viven", respondió Neiman frente a la vulneración de derechos denunciadas con el caso de Lucía. En ese sentido, Neiman reconoció lo ocurrido con Lucía en Tucumán, provincia gobernada por el opositor Juan Manzur.
"El Estado vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones tucumanas solicitando que se garantice su derecho a la ILE", reconoció la funcionaria, que logró el único reconocimiento por el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.
