Desde Río de Janeiro

El pasado viernes los fiscales que actúan en la Operación Lava Jato pidieron a la jueza de primera instancia de Curitiba, Carolina Lebbos, que se le conceda al ex presidente Lula da Silva el régimen semiabierto. Argumentan que además de tener "conducta correcta" en la sala de la Policía Federal en Curitiba que le sirve de celda, Lula ya cumplió la sexta parte de la condena de ocho años sentenciada por el ex juez y actual ministro de Justicia del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, Sergio Moro.

Si la jueza accede, Lula tendrá el derecho salir a la calle durante el día para trabajar o estudiar, regresando a la celda por la noche.

La decisión parece perfecta, ya que atiende  lo que determinan las leyes. Parece, pero la verdad es otra.

Los tres fiscales que enviaron la petición a la jueza están involucrados hasta el cuello en las denuncias divulgadas por varios órganos de comunicación, asociados con la publicación digital The Intercept Brazil, del periodista Glenn Greenwald.

Uno de ellos, Deltan Dallagnol, fue supuestamente el coordinador de acusación. El material divulgado por The Intercept, sin embargo, dejó más que claro que él actuó bajo la orientación de Moro, lo que viola de manera irremediable los principios más básicos y primarios de justicia en Brasil y en cualquier otra parte.

Por más omiso que haya sido hasta ahora el Supremo Tribunal Federal, omisión que lo hace cómplice de una serie de brutalidades contra Lula da Silva, son evidentes las señales indicando que medidas serán adoptadas a cortísimo plazo contra los demandes de Moro y compañía.

Lo que no se sabe es hasta qué punto los integrantes de la corte suprema se dejarán cubrir de decencia o si optarán por una decencia apenas parcial, intentando disfrazar la indecencia exhibida hasta ahora.

El miércoles se votará la extensión de la decisión adoptada el pasado jueves, y que establece que Moro violó el derecho de defensa de al menos una veintena de condenados.

Claro está, aunque nadie se lo diga con todas las letras, el debate girará alrededor de un único preso brasileño, Lula da Silva.

Buscar vericuetos para aislarlo de la decisión sería indecente. Abrir espacio para que los abogados de Lula soliciten la anulación de las condenas sería confrontarse frontalmente no solo con el desequilibrado clan Bolsonaro sino también con amplios sectores de militares reformados, cada uno más reaccionario que otro.

El miércoles se conocerá el camino elegido por sus excelencias.

La defensa del ex presidente, detenido sin prueba alguna desde abril del año pasado gracias a la sentencia de un juez que aceptó ser ministro en el gobierno de un presidente que se eligió exclusivamente porque Lula no pudo disputar la elección, dice que lo consultará mañana sobre el pedido de Dallagnol y sus acólitos.

Por tratarse de una concesión de la justicia, Lula puede sencillamente negarse a pasar al régimen semiabierto y persistir en su deseo de que todo el juicio sea anulado y su inocencia restablecida.

Son fuertes las presiones de amigos y parientes para que Lula acepte someterse al régimen semiabierto que, muy probablemente, podrá ser transformado en prisión domiciliar.

Pero igualmente fuerte es la insistencia de Lula en no aceptar otra cosa que no sea una declaración de inocencia.

La jugada de la fiscalía tiene un único objetivo: anticiparse a una eventual decisión de la corte suprema que le haga justicia al ex presidente. De esa forma, mientras intenta aislarse (aunque sea un poquito) del nudo armado por el escándalo revelado por The Intercept abre espacio para que los de la corte suprema adopten medidas débiles que no favorecen a Lula.

No se trata de hacer cumplir la ley y mucho menos de hacer justicia: es pura trampa.

A Lula le quedan dos opciones. Una: dar vuelta la trampa y devolver su voz a las calles, al menos durante el día. La otra: persistir en su esfuerzo pétreo, y hasta ahora inútil, de exigir justicia.

Los que conocen a Lula saben que él tiene una inmensa capacidad de oír antes de adoptar una decisión. Y también saben que es muy difícil que después de tomar una decisión dé vuelta atrás.