Llegó a juicio la causa de un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que le disparó en el pecho a su esposa y madre de sus dos hijos provocándole la muerte el 8 de julio del año pasado. El femicidio fue cometido un domingo a la madrugada con el arma reglamentaria, mientras el policía estaba fuera de servicio.

Como informó Página|12, Maximiliano Carlos Leal, de 39 años , ejercía como oficial de la División Canes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba casado con Giselle Noemí Martín hacía 18 años, con quien tuvo un hijo que hoy tiene 18 años y una hija de 6. El 8 de julio, el día previo a que ella cumpliera 40, la asesinó con su arma reglamentaria en el PH donde vivían, en el barrio de San Cristóbal. Estaban solos. El hijo había salido y la hija se había quedado a dormir con su abuela y madre de Giselle, Haydeé Vasco.

El policía llegó al Hospital Churruca a las seis y media de la mañana, con su esposa agonizante y dijo que habían discutido y forcejeado y que se le escapó un tiro. Giselle murió a las pocas horas. Inmediatamente Leal quedó detenido en la Comisaría 28 y luego fue trasladado al Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Lo que pasó en la madrugada del 8 de julio de 2018 se está reconstruyendo desde el 2 de septiembre en el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal 17 integrado por los jueces Juan Giudice Bravo, Pablo Daniel Vega y Gustavo Pablo Valle.

Los jueces plantearon la hipótesis de la “relación conflictiva” encuadrada en la Ley 26485 de violencia contra las mujeres y, entre otros indicadores, señalaron que el informe de la autopsia da cuenta de que Giselle estaba expuesta a violencia física. El cadáver presentaba múltiples lesiones traumáticas: excoriaciones y cardenales en piernas, rodillas y en un pecho.

Hasta el momento se desarrollaron tres audiencias en el juicio. En la primera prestó declaración Leal, que volvió a plantear que el disparo con que mató a su esposa fue un accidente.

También se contó con el testimonio de la madre, el hermano, una prima y una amiga de la víctima, que coincidieron en señalar que Leal era violento con su pareja. “En 2002 ya empezaron a discutir permanentemente. En las reuniones familiares siempre había fuertes situaciones violentas. En varias oportunidades, Giselle se iba de la casa por la violencia pero después terminaba volviendo. Ella le tenía mucho miedo a él. Además, cada vez que se separaban, Leal no le daba dinero y ella se quedaba sin plata para los chicos”, subraya Cynthia Urbini, prima de la víctima.

Si bien no hay antecedentes de denuncias formales previas contra Leal, de las pruebas que se ventilaron en el juicio surgió que Giselle vivía en un contexto de violencia de doméstica. Además de los testimonios aportados por las partes acusadoras -el fiscal Gustavo Luis Gerlero y la querella a cargo de Pablo Rovatti y Esteban Galli, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, patrocinantes de la madre de Giselle, Haydee Inés Vasco-, se presentaron cartas y notas tanto del acusado como de la víctima. Por ejemplo, escritos de Giselle en una especie de diario íntimo donde dice que tiene miedo de Leal, y que tendría que separarse. También se conocieron notas de él, inclusive de 2002 donde ya dice que tiene problemas con el alcohol, que se alcoholiza y le “levanta la mano”. Son cartas que se corresponden con el momento de arrepentimiento del violento del típico ciclo de la violencia contra las mujeres, seguido luego por la reconciliación o luna de miel, para después volver incurrir en episodios violentos.

La defensa pública del acusado, a cargo de Marina Soberano, planteó hasta el momento que el disparo que terminó con la muerte de Giselle fue puramente accidental. Por ese motivo, en la última audiencia pidió que se realizara un nuevo peritaje al respecto. Tanto la fiscalía como la querella se opusieron al pedido y el Tribunal deberá resolver en la próxima audiencia, fijada para el 3 de octubre, si hace lugar o no.

Mientras la defensa apunta a que se determine que el homicidio fue imprudente, culposo, es decir, no quiso matarla (de uno a cinco años), las calificaciones usadas en los requerimientos de elevación a juicio oral, tanto del Ministerio Público Fiscal como del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito dependiente de la Defensoría General de la Nación acusan a Leal de homicidio agravado por el vínculo, con la diferencia que el segundo organismo pidió que se califique como homicidio doblemente agravado, ya que además del vínculo se trataría de una situación en la que el hombre ejerce violencia de género sobre una mujer encuadrando así como femicidio. En cualquiera de los dos casos, la pena sería de prisión perpetua.

Este caso pone en evidencia un patrón de conducta en el que funcionarios de las fuerzas de seguridad usan armas que provee el Estado como instrumento de la violencia de género. 

El año pasado la diputada porteña Victoria Montenegro, presentó un pedido de informes pidiendo explicaciones al Poder Ejecutivo por el hecho por el que está imputado Leal y otros casos similares, sin embargo, en una Legislatura con mayoría oficialista, no logró que fuera aprobado.