Los abogados laboralistas cuestionaron que Mauricio Macri haya bajado por decreto las indemnizaciones por accidentes laborales cuando faltan sólo dos meses para el cambio de gobierno y anticiparon que es improbable que la medida se sostenga en el tiempo, porque su imposición por DNU la vuelve impugnable judicialmente.

“Una reforma de este tipo no podría ser aprobada hoy por el Congreso, que es donde debió ser tratada. Claramente el presidente Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia porque el tiempo no le alcanza para que se apruebe un proyecto de ley de esta índole, y en diciembre el gobierno cambia. No hay otras razones de necesidad y urgencia que lo justifiquen”, aseguró Luis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).

El decreto modificó el modo de calcular la parte de la indemnización que el trabajador accidentado -o su familia, en caso de fallecimiento- recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo. Es usual que ese tiempo supere los tres o cuatro años.

La ley que se aplicaba en la Argentina, que venía de los ‘90, no contemplaba que debido a la inflación, las indemnizaciones podían desdibujarse enormemente. En 2017, con la última reforma que se hizo a la ley, ese cálculo se modificó. “La modificación fue impuesta en el Senado por los representantes del bloque justicialista, como condición para que la ley fuera aprobada.

Los senadores del peronismo tenían por su número el control de la aprobación o no del proyecto. Entendieron, correctamente, que entre la fecha del accidente y el momento en que al trabajador le pagan puede pasar mucho tiempo: estamos hablando de años. La modificación estableció una actualización aplicando los intereses de la tasa activa del Banco Nación, que es lo que ahora fue reemplazado por el índice RIPTE, un promedio salarial que obviamente viene quedando muy por debajo”, agregó Ramírez.

Para Guillermo Gianibelli, no hay dudas de que los tribunales "van a declarar inconstitucional la medida. No da para nada con los parámetros de necesidad y urgencia”, consideró.

Sin embargo, para el laboralista habrá un efecto directo, y es que el decreto funcionará como un elemento más de presión para que los accidentados -o sus familiares- acepten “acuerdos conciliatorios” en las Comisiones Médicas, una instancia en la que las víctimas y la ART pueden acordar previamente, sin esperar los tiempos de una sentencia judicial.