Lucas Coronel era trabajador de una empresa contratista que desarrollaba tareas de limpieza en la planta de la firma agroindustrial Dreyfus en General Lagos, Santa Fe. Estaba limpiando el tercer subsuelo con otros compañeros de la contratista, sufrió una caída de cuatro metros que le produjo graves lesiones y perdió la vida. Ante ese hecho, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario realizó una huelga y solicitó que se aclare este penoso hecho y se den las garantías de seguridad necesarias para trabajar.
La firma contratista venía realizando tareas de limpieza excepcionales, como derrames de materiales en sectores de celdas y túneles, y debido a que hubo varios accidentes previos, la Comisión Interna había decidido que no entren más trabajadores a realizar estas tareas. Sin embargo, Dreyfus desconoció todas las advertencias y no sólo hizo ingresar nuevamente a esa compañía violando el artículo 44 del CCT 420/05 –prohíbe realizar tareas normales y habituales de la actividad aceitera a través del personal de contratistas– sino que lo hizo a escondidas de la Comisión Interna. Para eso, ordenó realizar este trabajo sin ningún tipo de supervisión, ni siquiera acompañados por compañeros del personal de planta que poseen una capacitación acorde al sector.
Hace años que la Federación de Trabajadores Aceiteros viene exigiendo la eliminación del sistema de contratistas, sistema que posee la triste estadística del 80 por ciento de los fallecidos por accidentes de trabajo del cordón industrial de la provincia de Santa Fe que va desde Timbúes hasta Villa Constitución.
En la paritaria de 2016 se logró la constitución obligatoria de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en las plantas aceiteras de todo el territorio nacional, como órganos integrados por la participación de trabajadores y empleadores. Sin embargo, a pesar de los reclamos y medidas de fuerza nos encontramos con rabia e indignación una vez más ante un accidente evitable, debido a la negligencia de patronales inhumanas y la indiferencia de los Estados nacionales y provinciales ausentes de las necesidades de la clase trabajadora y cómplices de un sistema de precarización laboral como es la tercerización mediante la utilización de contratistas.
La Ley de Riesgos de Trabajo no cumple con el mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores, sino que únicamente garantiza la rentabilidad empresarial y el negocio financiero de las ART. Una vez más, la culpa de los accidentes de trabajo recae sobre la irresponsabilidad empresarial y su evidente desprecio por nuestra integridad psicofísica. Lo repetiremos hasta que nos escuchen: la única forma de proteger la vida de los trabajadores es la prevención, de nada nos sirve la reparación posterior. Si es evitable, no es accidente.
* Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros.
