El decreto que aprobó el presidente Mauricio Macri para reducir las indemnizaciones por accidentes de trabajo enfrenta sus primeros obstáculos un día después de su publicación. La medida gubernamental ya enfrenta un proceso judicial ante la denuncia de inconstitucionalidad del juez arbitral Daniel Igolnikov. Además, la oposición presentó un proyecto para reclamar su derogación en la Cámara de Diputados.
El DNU 669, duramente cuestionado por abogados laboralistas, es de acuerdo a Igolnikov una decisión que “perjudica a todos los que han padecido un siniestro laboral”. Así consta en la denuncia que presentó ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
En el escrito, el magistrado de conflictos individuales de trabajo advierte que el decreto responde a “una motivación obviamente antidemocrática” en tanto implica “una suma del poder político”. En este punto en particular se refiere a que la medida no fue refrendada en el Congreso porque se quiso “eludir la discusión”.
Igolnikov resaltó que en definitiva el DNU es producto de “la sola voluntad de un poder, que invoca una razon de urgencia, por razones de inmediato perjuicio a las aseguradoras de riesgo del trabajo”. El decreto que Macri publicó a dos meses del cambio de gobierno reemplaza el mecanismo de actualización de los salarios que se utiliza para establecer la base de cálculo de las reparaciones a trabajadores accidentados.
Un proyecto de ley para derogar el DNU
En el Congreso el proyecto tampoco tiene el camino fácil. El diputado del bloque Red por Argentina, Fernando Asencio presentó un proyecto de ley para derrogarlo. “Es otra medida antidemocrática que no respeta las instituciones, beneficia a las grandes empresas y perjudica a los más vulnerables”, evaluó Asencio en Twitter. Las críticas del diputado están alineadas al repudio generalizado que tuvo el decreto entre los especialistas.
“La única necesidad que tiene Macri es la de favorecer los intereses de los mas podersosos y perjudicar a los trabajadores. Y la única urgencia es que pronto terminan su mandato y no tienen los votos para aprobarlo en el Congreso”, agregó Asencio.
Cecilia Moreau, diputada del Frente Renovador, también manifestó el repudio de su bloque ante la medida. "Otra vez demuestra que piensan como patrones y nunca s eponene del lado del trabajador", resaltó, al denunciar que en medio de la crisis económica "parace una tomada de pelo a los trabajadores, que no sólo sufren sus políticas económicas sino que además padecen las decisiones regresivas que toma este gobierno".
Lo que dice el decreto
Puntualmente, el DNU cambió el cálculo al modificar la Ley N° 24.557: deja de lado la tasa de interés activa del Banco Nación para reemplazarla por la variación del índice Ripte que sigue la evolución de los salarios, lo que representa en definitiva una merma del monto de los resarcimientos por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador.
El decreto modificó el modo de calcular la parte de la indemnización que el trabajador accidentado -o su familia, en caso de fallecimiento- recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo. Es usual que ese tiempo supere los tres o cuatro años.
La ley que se aplicaba en la Argentina, que venía de los ‘90, no contemplaba que debido a la inflación, las indemnizaciones podían desdibujarse enormemente. En 2017, con la última reforma que se hizo a la ley, ese cálculo se modificó.
