La crisis política de Perú: disolución del Congreso por parte del Presidente y suspensión de su mandato por parte del disuelto Congreso, es la culminación de una larga tensión con final imprevisible.
Perú expresa una disociación, pocas veces vista en América Latina entre crecimiento económico continuo y debilidad de los actores políticos y sociales, con excepción del empresariado más concentrado. Su PBI per cápita se duplicó en los últimos 10 años y registra dieciséis años de crecimiento que ningún partido político ha logrado capitalizar. La desigualdad y falta de oportunidades para la gran mayoría junto con la corrupción pueden ser causas de esta evidente fragilidad de la política peruana. Ningún partido ha logrado ser mínimamente competitivo en la elección posterior al fin de su mandato, en un país donde la constitución no permite la reelección inmediata del presidente. Ni Toledo, ni García, ni Humala lograron que sus partidos tuvieran chance de sucederlos. Kuczynski fue destituido y Vizcarra pugna por no ser derrocado.
Mientras el poder político, Presidente y todo el Congreso, debe renovar sus cargos cada cinco años, lo que aumenta la debilidad de la política, el poder verdadero de Perú permanece. Ese poder está constituido por una alianza entre fuertes empresarios y una tecnocracia de inspiración neoliberal. No es casual que el Presidente del Congreso -Pedro Olaechea- haya sido Presidente de la Sociedad Nacional de Industria, y la Vice Presidenta ¿o Presidenta? Mercedes Araoz sea una economista congraciada con el establishment, ex Ministra de Alan García y con paso importante por organismos financieros.
A estos actores debe sumársele el fujimorismo, quizás la única expresión política con arraigo y cierta perdurabilidad. Como escribió el sociólogo y ex parlamentario Alberto Adrianzén: lo que ahora quiere llegar al poder es otra cara del fujimorismo, menos plebeya y más oligárquica.
El presidente Vizcarra, prolijo ex gobernador de Moquegua, provincia pequeña pero rica por su poderío minero, parece expresar de una forma inorgánica e imprecisa a un vasto sector de la sociedad peruana disconforme con la corrupción e impunidad que el Congreso, con valiosas excepciones, ha prohijado, y con una economía que crece pero no mejora sustancialmente el nivel de vida de la mayoría ni disminuye la desigualdad estructural del Perú. Ese sentimiento comienza a movilizarse no sólo en Lima sino en otras ciudades y regiones del país.
La puja no se resolverá rápidamente, el llamado a elecciones que exprese la voluntad del pueblo puede ser el inicio de su resolución.
Ex embajador en Perú
