Con la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria en Argentina se aprobó que el Gobierno reasigne partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos en favor de los sectores más vulnerables. Sin embargo, el diputado nacional Pablo Kosiner aseguró que no está haciendo la distribución en todo el país, y que la provincia de Salta ni siquiera fue convocada a integrar el Consejo Consultivo que acompañará la ejecución de estos fondos.
Los 10.400 millones deberán ejecutarse en lo que queda del año, y a partir del 2020 regirá un aumento trimestral a las partidas alimentarias.
El presidente del interbloque de diputados nacionales Argentina Federal, el salteño Pablo Kosiner, envió una carta a la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, solicitando que se distribuyan los fondos previstos para atender la emergencia alimentaria de manera “federal”, como lo establece el decreto 108/02, de emergencia alimentaria nacional.
La sanción de la ley establece la prórroga del decreto hasta diciembre de 2022 y designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a través del Programa de Emergencia Alimentaria.
El programa cuenta con un Consejo Consultivo constituido por dos representantes por provincia y dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo tiene funciones de asesoramiento, seguimientos de la ejecución y monitoreo de la gestión.
Pero, según reclama el diputado nacional salteño, dicho organismo no funciona, por lo que calificó de “preocupante” la inacción por parte de la cartera de Stanley al no llamar a los representantes provinciales.
Por eso, envió una carta a la ministra para “advertir la situación”. “Necesitamos que convoquen a las provincias, pero fundamentalmente que haya una distribución federal de esos recursos y no unitaria”, expresó el legislador.
El actual candidato a renovar su banca por el espacio de Consenso Federal, contó que se comunicó con el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta y legisladores de otras provincias, que le confirmaron no haber sido convocados para garantizar la inmediata aplicación. “Me parece que esto es urgente”, dijo Kosiner.
En el decreto de 2002 prorrogado ahora por la ley de emergencia alimentaria, se señala que los criterios para distribuir los fondos de la emergencia son dos. El primero instaura que el 40% se distribuye de acuerdo al índice de pobreza de cada provincia y el porcentaje restante bajo el criterio de la coparticipación.
“Necesitamos federalizar los recursos para que realmente la emergencia alimentaria pueda tener un efecto concreto y llegue a los lugares más vulnerables”, manifestó el diputado.
Una semana antes de la sanción nacional, Juan Manuel Urtubey declaró la emergencia alimentaria en la provincia. Allí creó el Plan Alimentario de Salta, que empezó a hacerse efectivo hace dos semanas.
Con respecto a esto, Kosiner señaló que “el Estado Nacional no puede quedar al margen de este esfuerzo que algunas provincias y municipios están realizando”.
Cambiar el modelo
Al ser consultado por el índice de pobreza de la provincia y su incremento del 15% respecto al 2018, el diputado declaró que “en todo el país mayormente está pasando el incremento de pobreza”.
Señaló que, “esto tiene que ver con una cuestión estructural de la Argentina”, dado que asegura que los recursos se distribuyen de “forma centralizada” y “con obras de infraestructura en las zonas más desarrolladas”.
“Esto no tiene que ver con una provincia en particular, tiene que ver con un modelo que no contempla el desarrollo productivo y el de las economías regionales”, cuestionó.
Kosiner expresó que hace falta “cambiar un modelo económico que priorice las zonas que necesitan desarrollo”. “Si el modelo no cambia, la pobreza en el NOA y el NEA va a seguir creciendo”, concluyó.
