Estamos llegando al final de un período en el que el sistema universitario se ha visto obligado a asumir, frente a las políticas de gobierno, una posición defensiva. El ajuste presupuestario, la subejecución y el atraso en la transferencia de fondos, el deterioro del salario de docentes y no docentes, el achicamiento del sistema de becas de estudio, los ataques judiciales, el avasallamiento de la autonomía y los ataques mediáticos, caracterizaron un gobierno que se ha mostrado francamente hostil al sistema universitario. Unas pocas frases, pronunciadas por los máximos referentes de la coalición gobernante en estos años, son suficientes para sintetizar la concepción acerca de las universidades que estuvo en la base de estas políticas. Hemos escuchado al Presidente de la Nación preguntarse para qué queremos tantas universidades, decir que la universidad gratuita es un privilegio y señalar a las universidades como un ejemplo de gasto público excesivo e ineficiente, mientras que la gobernadora agregaba aquella frase difícil de olvidar: que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad.

La expectativa de un cambio de signo político para el próximo período de gobierno trae consigo la posibilidad de salir de la posición defensiva para recuperar el camino de expansión que se vio interrumpido en estos años. Porque lo que está en juego es otro modelo de país. El crecimiento económico, el desarrollo industrial y la recuperación del trabajo requerirán un sistema universitario y científico tecnológico amplio y sólido, que aporte el conocimiento, la tecnología y los profesionales que necesita la Argentina para convertirse en un país más justo y más igualitario.

Ahora bien, la experiencia de los años que terminan y la complejidad de los procesos que será necesario encarar en adelante exigen que los universitarios y las universitarias asumamos la responsabilidad de dar seriamente los debates que desde hace mucho tiempo tenemos pendientes: la tensión entre la autonomía y los requerimientos de desarrollo del país; la tensión entre la dimensión individual y la dimensión colectiva del derecho a la educación superior; la articulación de las universidades con la educación obligatoria y con el sistema científico, por el otro; la revisión de los mecanismos expulsivos que siguen funcionando en nuestras aulas universitarias; la discusión de las políticas selectivas que se proponen como falsos atajos para asegurar calidad y eficiencia; la distribución del presupuesto entre las distintas universidades sobre criterios objetivos, que atiendan al desarrollo armónico del sistema universitario en todo el país y que terminen con el ciclo de arbitrariedades que, aunque cambien de signo, se sostienen con cada gobierno.

Como universitarios y universitarias que somos no podemos reducir nuestros posicionamientos sobre temas complejos en consignas, ni eludir debates centrales sobre el modo en que cumplimos con las funciones sociales que nos han sido asignadas. La Argentina que se viene necesita de las mejores políticas universitarias y es nuestra responsabilidad contribuir a definirlas. Espero que estemos a la altura.

Gabriela Diker : Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.