La nominación de un aula, la colocación de una baldosa, la creación de cátedras, la apertura de programas de investigación, la reparación de documentos, la asistencia a los juicios, la conformación de listados de víctimas, la intervención artística y la visita a los espacios de memoria son algunas de las acciones que marcan el compromiso de las universidades públicas con la defensa de los derechos humanos y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Mediante la resolución 259/15, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidió “disponer de la inscripción de la condición de detenido-desaparecido o asesinado en los legajos de los docentes, no docentes, graduados y estudiantes de esta Universidad” y “dejar constancia en los legajos de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todos aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar”.
Se estima que unos 800 miembros de su comunidad fueron víctimas del terrorismo de Estado, de los cuales el 90 por ciento era estudiante.
La prosecretaria de Derechos Humanos y ex decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, Verónica Cruz, afirmó que la institución “fue víctima pero también fue victimaria en el período de la intervención”. “En esa condición de victimaria, la Universidad tiene que saldar una deuda con los familiares y allegados de esos compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y asesinados”, explicó Cruz al Suplemento Universidad.
En 2007, la UNLP se constituyó en querellante de los juicios por crímenes de lesa humanidad que involucran a miembros de su comunidad universitaria. Un año después, reformó su Estatuto y jerarquizó “la dimensión de los DDHH como fundamento de las políticas institucionales” al establecer que no permitiría “la pertenencia a su vida institucional, por coherencia y en reserva y beneficio de sus principios, de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado”.
“Nuestra apuesta política es que, en la propia palabra de esta Universidad y en un Estado democrático a 43 años del golpe, se reescriba la historia en estos términos y marcar que esta Universidad no tiene nada que ver con aquella de la intervención”, sostuvo la prosecretaria.
Con el fin de coordinar el trabajo de reparación de legajos con las diecisiete facultades y los cinco colegios preuniversitarios, se creó una Comisión integrada por representantes de la entonces Dirección General de Derechos Humanos, del Archivo Histórico, de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) y de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP). La Comisión resolvió desarrollar la labor en etapas y conservar una copia digitalizada de los legajos reparados en el Archivo Histórico de la institución.
Durante el proceso, se consultan diversas bases de datos, como el Archivo de Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), las sentencias de juicios y producciones académicas publicadas. Luego, se elabora una ficha de cada persona y los datos corroborados pasan a la resolución de reparación de cada unidad académica.
Una vez finalizadas las tareas, los originales regresan al sitio de origen, “como parte del archivo y de la memoria de esa unidad académica”, apuntó Cruz.
La entrega de una copia de los legajos a los sobrevivientes y familiares inaugura otra fase del proceso, que definió como “todo un trabajo de acompañamiento”.
De 2015 a la fecha, se repararon 496 legajos de las facultades de Trabajo Social, Periodismo, Humanidades y Ciencias de la Educación, Psicología, Bellas Artes, Ingeniería, Ciencias Económicas y Arquitectura, el Colegio Liceo Víctor Mercante y el Bachillerato de Bellas Artes. El listado también incluye los de los estudiantes secundarios que fueron víctimas de la “Noche de los Lápices”. En la actualidad, la Comisión trabaja con las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Veterinarias, Derecho y Ciencias Agrarias.
Según Cruz, “nadie sale indemne después de haber atravesado el proceso de reparación”. En ese sentido, aseguró que la experiencia “reconfigura el proyecto de formación profesional”.
Buscar el dato que falta
La base de datos de víctimas del terrorismo de Estado de San Martín reúne unos 300 casos. Publicada en mayo de 2017, la iniciativa fue diseñada y desarrollada en forma conjunta entre la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio.
Ante la falta de un “registro unificado” a nivel distrital, el proyecto propuso reunir información sobre las víctimas que nacieron, vivieron, estudiaron, trabajaron o fueron secuestradas o asesinadas en ese partido bonaerense. En ese sentido, el ex secretario de Extensión y docente de la UNSAM Oscar García sostuvo que la base de datos brinda “una mirada integral de todos los que han pasado por San Martín” y constituye "una herramienta para entender" el terrorismo de Estado.
El listado también incluye a quienes fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el Cementerio de General San Martín y se remonta a los fusilados de José León Suárez, en 1956. Además, contempla a los nacidos antes de la separación del distrito de Tres de Febrero, en 1960. Según dijo García a este Suplemento, “falta terminar de incorporar todas las fichas”, pero está prevista la “incorporación paulatina” al sistema.
Pública, gratuita y de acceso universal, la base de datos contempla diversos campos: nombre y apellido; apodo; edad; sexo; año y lugar de secuestro; centro clandestino de detención; nombre y apellido de víctima asociada; meses de gestación al momento del secuestro; hijas/os buscados y restituidos; número de causa y nombre de juicio, entre otros.
Para el ex secretario de Extensión, “lo desafiante es el dato que falta”. “Necesitamos cubrir los campos que están vacíos. Que la universidad investigue, que la comunidad vaya a los juicios para escuchar los testimonios, que los vecinos hablen", dijo el referente de la UNSAM.
“A raíz de esta política, tuvimos la posibilidad de hacer tres entrevistas personales con familiares directos que aportaron datos absolutamente novedosos”, explicó.
Dentro del ámbito universitario, el proyecto pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y generó la creación del programa “La UNSAM va a los juicios”, del que participan alumnos y docentes.
Por más compromiso académico
A través de un acuerdo con la Justicia Federal, la Universidad Nacional del Sur (UNS) abrió las puertas de sus instalaciones en 2011 para que se realicen las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región de Bahía Blanca. Un año antes, la casa de estudios se había presentado como querellante en la causa por el homicidio del alumno de Ingeniería, secretario general de la Federación Universitaria del Sur y militante comunista David “Watu” Cilleruelo, asesinado por la Triple A dentro de la institución el 3 de abril de 1975.
Hasta el momento, en la Universidad se desarrollaron tres juicios por la megacausa “V Cuerpo” (2011, 2013 y 2017) y dos por la megacausa “Armada” (2014 y 2018). También fue juzgado el comisario retirado de la Policía Bonaerense Gustavo Boccalari.
Además de la cesión del Aula Magna para las audiencias orales y parte de las oficinas del Rectorado para el funcionamiento del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, la Dirección de Medios Audiovisuales de la UNS presta asistencia para la filmación y la conexión de videoconferencias.
“Para nuestra institución es un enorme honor poder colaborar con las audiencias y contribuir de manera sostenida con un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que es tan necesario para curar las heridas de nuestra sociedad”, expresó el rector de la UNS, Daniel Vega, en marzo de este año durante un acto en el que reafirmó la voluntad institucional de garantizar las instalaciones de la casa de estudios para los enjuiciamientos.
Por su parte, el docente y abogado patrocinante de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en las causas Subzona 14.1 y 14.2, Franco Catalani, sostuvo que la presentación de la institución como querellante “implica hacerse cargo de lo que sucedió y tomar parte en la disputa permanente sobre lo que fue y lo que es nuestra historia”.
En diálogo con este suplemento, Catalani señaló que fueron los “distintos colectivos sociales de La Pampa”, como el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y Mujeres por la Solidaridad, los que “impulsaron, promovieron y estimularon que la Universidad adoptara el rol de querellante” en el primer proceso que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia entre 1975 y 1983, que comenzó en 2010.
Al papel asumido por la institución en el proceso judicial se suman distintas actividades enmarcadas en el Programa de DDHH, como muestras fotográficas, asistencia conducida a los juicios y cobertura audiovisual de las audiencias.
Sin embargo, el docente de la UNLPam advirtió sobre la falta de “propuestas académicas sostenidas en el tiempo, como materias, proyectos de investigación y de extensión”. En ese sentido, manifestó su deseo de que haya “un compromiso más fuerte desde el punto de vista académico” y aseguró: “Hay muchísimo material y muchísimas líneas que se podrían trabajar”.
En sintonía con Catalani, la coordinadora de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), María del Rosario Badano, enfatizó: “Queremos que se instale dentro de la política académica la necesidad de los derechos”. Desde la RIDH, que nuclea a más de 40 universidades públicas, buscan que los derechos humanos se incorporen “en el ingreso” y que “la Universidad lo tome para sí como una narrativa sobre la cual es necesario producir discursos sociales”.
Foto: UNLP
