La Policía Federal arrestó en Río de Janeiro a doce fiscales de la Administración Federal de Impuestos (AFI), sospechados de cobrar sobornos a personas investigadas en la causa Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil. El presunto jefe de la organización, Marco Aurelio Canal, formaba parte del equipo especial de la causa Lava Jato. Tenían acceso a información fiscal de los investigados, que usaban para exigirles coimas a cambio de la reducción o la cancelación de las multas por evasión de impuestos.
De acuerdo con la fiscalía, Marco Aurelio Canal, "tenía conocimiento de los datos investigados por la fuerza de tareas de Lava Jato solo después de que estos se volvían públicos". Al conocer la información, Canal y su grupo, en vez de cobrar las multas determinadas por los superiores en el Fisco, negociaba sobornos con los investigados. Canal, que fue identificado como el posible jefe de la organización, se desempeñaba en AFI en el cargo de Supervisor de Programación del Fisco y también formaba parte del equipo especial de investigación del Lava Jato. Esta causa es conocida internacionalmente por ser la operación que develó la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil, que puso tras las rejas a altos ejecutivos de la estatal petrolera Petrobras y a decenas de políticos y empresarios de Brasil.
La investigación contra Canal comenzó con la declaración en calidad de arrepentida de Lelis Teixeira, acusada en Lava Jato, que era presidenta de la Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros del Estado de Río (Fetranspor). Teixeira informó que negoció el pago de cuatro millones de reales a Canal para evitar una multa contra la empresa de transporte de Río de Janeiro. En junio de 2017, el funcionario determinó el cierre del procedimiento fiscal contra Fetranspor.
El cargo de Supervisor de Programación que ocupaba Marco Aurélio Canal, formaba parte de un organismo creado para restaurar a las arcas públicas evasiones impositivas. Ocupando esta posición, tenía acceso a información confidencial de la Operación Lava Jato, por lo que el Ministerio Público Ferderal (MPF) señala que ocupó un "papel relevante" dentro de la organización criminal.
Según la Fiscalía, también se ha identificado una "extensa red de lavado de dinero", y entre los motivos que justificaron las órdenes de arresto figura el de ayudar a ocultar los valores. Entre las 14 órdenes de captura expedidas por la Justicia está también la de José Carlos Lavouras, quien se encuentra en Portugal y la de una mujer, de la que no fue revelado el nombre. Ambos fueron declarados “forajidos”. Asimismo, las autoridades efectuaron 39 allanamientos en residencias de los acusados para buscar posibles pruebas de los delitos investigados.
La operación se llevó adelante con 150 agentes de la Policía Federal y encontró cientos de miles de reales en distintas monedas vinculadas a los investigados. Inicialmente, había 39 órdenes de registro e incautación y emitieron dos más a lo largo del día. El encargado del Servicio de Impuestos Internos, Christiano Paes Leme, dijo que también se abrirán procedimientos administrativos contra los funcionarios de este organismo acusados por corrupción. Podrían ser destituidos y evitar que vuelvan al servicio público en el futuro.
