El aumento se corresponde con lo dispuesto en diciembre de 2018 por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que prevé una suba mensual hasta duplicar la tarifa el primero de diciembre de 2019. La Asociación Unión de Usuarios y Consumidores (UCU) de Salta presentó un amparo colectivo en marzo y este viernes a las 9 habrá una audiencia conciliatoria.
El amparo colectivo fue presentado contra las resoluciones de la AMT y SAETA (Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor) ante el Juzgado de Minas que está a cargo de Victoria Mosman. La abogada Emilia Calmejane (UCU Salta), explicó a Salta/12 que SAETA y la AMT tienen que asistir con una propuesta concreta y “razonable”.
La asociación civil planteó la nulidad de dos resoluciones que modificaron el cuadro tarifario y por las que se determinó el aumento del 100% del boleto de colectivo “lesionando el derecho de los usuarios”. El pedido para SAETA es que “retrotraiga el precio del boleto a diciembre. Y la restitución económica del aumento que consideramos ilegítimo”, sostuvo Calmejane.
En cuanto a la devolución de lo que ha cobrado SAETA en concepto de aumento este año, UCU propuso la creación de un fondo “que vuelva en mejoras para los usuarios”.
Calmejane dijo que el amparo surgió porque vieron un aumento del 100%, superior a los anteriores y notaron irregularidades para imponerlo. La abogada indicó que con el pacto fiscal hubo retrocesos en el procedimiento que debía seguir SAETA para establecer una suba. En este caso no se llamó a audiencia pública y se limitó la participación ciudadana, que pasó a ser solo por escrito.
Algunas de las condiciones que sirvieron para impedir la participación ciudadana fueron “la poca publicidad del procedimiento que había que hacer para modificar la tarifa. Se publicó en diciembre cerca de Navidad, un solo día en los diarios. Las copias para la vista del expediente estaban a cargo de los usuarios y salían casi 300 pesos. Tenían que presentarse en el documento por escrito”, indicó la abogada.
La letrada destacó que “no había información relevante, estaba complicado que los usuarios pudieran participar. Había planillas con datos numéricos y cuestiones técnicas que costaba analizar. Era un expediente administrativo. La presentación tenía que estar bien fundamentada”.
Además, sobre la base de lo que analizaron después de tener acceso al expediente, UCU concluyó que “no había nada que justifique el aumento del 100%”. Calmejane dijo que “es un aumento que no acompaña la actualización de los salarios en la provincia” y que provoca una desventaja para los salteños con la actual situación de crisis económica.
“Circulan rumores de que el sistema puede llegar a quebrar si sale el amparo pero eso es una mentira total. SAETA es una empresa con participación estatal mayoritaria que todos los años tiene asignada una partida presupuestaria millonaria. Este año la partida fue de casi 1300 millones de pesos”, aseveró la letrada.
Calmejane también especificó que falta el acceso a la información pública sobre SAETA y AMT “no hay rendiciones durante todos estos años de qué estuvieron haciendo con los fondos”.
Además, desde el martes SAETA informó que la atención al público será con turnos online. Solo estarán habilitados los turnos espontáneos para la atención a jubilados, jubiladas y personas con discapacidad. Lo que complicará el acceso para quienes no tienen internet ni manejo de las nuevas tecnologías.