¿Qué cosas pueden tardar cuatro años en llegar? Un nuevo presidente, un mundial de fútbol, los juegos olímpicos, un súper martes en Estados Unidos, un año bisiesto… O un fallo de la Corte Suprema de Justicia en un expediente sobre violaciones a los derechos humanos. Se trata de la causa sobre la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y su socio Alberto Lemos en la “Noche del Apagón ”, cuando desaparecieron trabajadores de esa planta en el pueblo jujeño de Ledesma, durante la última dictadura cívico militar.

Los más de cien cuerpos de la investigación están estancados en la vocalía del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, por lo que la organización H.I.J.O.S. Jujuy –querellante en la causa- presentó un pronto despacho en el que advierten que “el retraso de Justicia no solo conlleva la denegación de la misma sino que garantiza la impunidad, por la edad avanzada de los imputados (Blaquier cumplió en agosto 92 años), ya que sin ellos, se cerrara de una vez y para siempre el proceso penal en su contra”.

Si bien en estos momentos se está sustanciando el juicio en Jujuy por lo ocurrido en esa provincia en 1976, el dueño del imperio azucarero y el administrador quedaron excluidos del proceso cuando en marzo de 2015 la sala IV de la Cámara de Casación revocó los procesamientos de ambos y los benefició con la falta de mérito. El fallo de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi fue apelado en aquel momento por H.I.J.O.S. y ese mismo año el caso llegó al máximo tribunal vía recurso de queja. El expediente fue girando por las distintas vocalías del Palacio y recuperó algo de impulso a comienzos de este año, aunque sin avances concretos.

Ya pasó por todos los despachos y ahora se encuentra en la vocalía de Rosenkrantz –la número 4– donde ya estuvo en 2017 y cuya fecha de salida para una eventual resolución es hoy un gran signo de pregunta. Como ya reveló PáginaI12 , la gran duda respecto del accionar de Rosenkrantz en este caso surge a partir de los vínculos explícitos del magistrado y del Gobierno que lo designó con la poderosa familia Blaquier. La esposa del presidente del máximo tribunal Agustina Cavanagh, integra una ONG junto a Miguel Blaquier, un ex abogado de la azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa. La mujer fue directora ejecutiva de la fundación Cimientos y en la actualidad forma parte del plantel de vocales junto al letrado.

Al mismo tiempo, más allá de la posible incompatibilidad de intereses del actual presidente de la Corte - que ejerce ese cargo hace poco más de un año- la Procuración General de la Nación ya había emitido dictamen en septiembre de 2017 en el que pidió volver a procesar a Blaquier y a Lemos y, como ya se señaló, la causa llegó al cuarto piso del Palacio hace cuatro años. “Nosotros lo que venimos sosteniendo es que la Corte Suprema en su totalidad está siendo funcional a la impunidad, sobre todo teniendo en cuenta la edad biológica de Blaquier y la cantidad de víctimas. La denegación de justicia es palmaria. Hay que señalar a toda la Corte, porque no le han dado el trámite que merece la causa”, afirmó a Página/12 la abogada de H.I.J.O.S., María José Castillo. El recurso de pronto despacho firmado por ella y que figura en el sistema como “agregado” aunque sin ninguna respuesta hasta el momento, advierte que pasó todo este tiempo “sin que este Alto Tribunal de Justicia, resuelva en causa de tamaña magnitud, por los acontecimientos que se ventilan, la posible responsabilidad empresaria de los imputados en los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico militar en la provincia de Jujuy” y que “el retraso de Justicia no solo conlleva la denegación de la misma sino que garantiza la impunidad, por la edad avanzada de los imputados”.

La causa por La Noche del Apagón

Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos –dueño y administrador durante la dictadura del ingenio Ledesma respectivamente– fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad, por el secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. 

Esos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña, pero la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal tomó el expediente en diciembre de ese año y en marzo de 2015, al compás de los vientos políticos que empujaron hacia atrás las políticas de derechos humanos, benefició a los empresarios con la falta de mérito. Por unanimidad Hornos, Geminiani y Riggi dieron por probado que la firma aportó vehículos para los secuestros pero consideraron que no hubo “dolo”, es decir que Blaquier y Lemos desconocían los fines para los que se usaron sus camiones. A raiz de ese fallo es que la agrupación H. I. J.O.S. en calidad de querellante fue a la Corte en recurso de queja.

El juicio que cursa en estos momentos en Jujuy abarca a un total de 113 víctimas –38 desaparecidos y 75 sobrevivientes– . Los acusados son 23, con excepción de Blaquier y Lemos, quienes siguen ganando tiempo ante la falta de definición por parte de la Corte.