La resolución con la que el Ministerio de Seguridad habilita a las fuerzas de seguridad a pedir documentos y buscar sospechosos en los trenes fomenta “la discrecionalidad” de criterios de la policía y “masifica” un mecanismo de control que se aplicaba solo en algunos lugares. Así lo consideraron dirigentes de la oposición y de organizaciones sociales que rechazaron el programa lanzado por Patricia Bullrich.
Para el diputado del Frente de Todos Agustín Rossi, el programa “Ofensores en Trenes” publicado hoy en el Boletín Oficial “estigmatiza lo popular” por tratarse de una medida de control que se pondrá en marcha en un transporte público masivamente utilizado por trabajadores. “Condenan penalmente la pobreza. Te van a pedir documentos y privar de la libertad por portación de cara”, cuestionó el legislador.
Es un “infame retroceso solo comparable con la dictadura”, puntualizó Rossi y se preguntó por qué la cartera de seguridad no aplica ese tipo de controles en los que viajan en transportes de uso menos popular. “¿Por qué en las estaciones de trenes y no en los aeropuertos ? ¿Por qué solo en la estación Retiro y no unos metros más allá, en el Patio Bullrich?”, planteó.
En rigor, las fuerzas de seguridad ya tenían la facultad de solicitar DNI por averiguación de antecedentes. Sin embargo, lo que hace la resolución publicada hoy “es masificarla de una manera tan brutal que, al meterse en una estación de trenes, va a afectar a la señora de Palermo que va a tomar el tren para visitar a la hermana en San Isidro”, puntualizó la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú.
Además, recordó que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas” que luego se generalizan. “La presencia de gendarmes en el patrullaje urbano empezó en ámbitos ferroviarios, el uso de las pistolas Táser, también”, dijo a Página/12.
Esto se debe a que “la política de seguridad del Gobierno tiene dos características: la creación de herramientas novedosas, como la Doctrina Chocobar, y la profundización al hiperextremo de la totalidad de herramientas de control que ya existían, dándole una vuelta de tuerca para masificarlas más”.
Por su parte, el sacerdote integrante de Curas en Opción por los Pobres, Juan Carlos Molina, también rechazó la medida, al sostener que se trata de una medida que apunta a “criminalizar la pobreza”. “En trenes viajan los pobres, los negros, los cabecitas. Hagan el mismo control en aviones, country y Olivos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
