Apenas unas horas después de la intervención de Greenpeace en la apertura de la Exposición de La Rural del 3 de agosto, que se limitó al simple despliegue desde el palco oficial de dos pequeños carteles amarillos contra la deforestación, Patricia Bullrich anunció con tono revanchista que presentaría una denuncia contra la ONG por “intimidación pública”
. Sin embargo, la denuncia no solo fue desestimada por la justicia federal, que a fin de agosto consideró que no existió tal delito y se declaró incompetente, sino que ahora está siendo investigada por la justicia de la Ciudad como una absurda "violación de domicilio”.
El 3 de agosto, mientras el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, daba inicio la Exposición, dos carteles amarillos con las leyendas "Ganaderos: basta de desmonte" y "Destruir bosques es un crimen" se fueron desplegando suavemente desde unos soportes con forma de rodillo montados en los parlantes del palco oficial.
Horas antes, la ministra Patricia Bullrich se había encargado de enaltecer el desmesurado despliegue del aparato de seguridad e inteligencia del Estado que había llevado adelante para proteger al presidente Mauricio Macri durante su estadía en La Rural.
Ese mismo día, Bullrich anunció que presentaría una denuncia por “intimidación pública”. “Vamos a investigar porque creemos que es alguien de la empresa que trabajó en el palco o de la Rural”, dijeron los voceros de la ministra, que calcularon que los artefactos de Greenpeace “estaban instalados hace varios días”.
La denuncia fue presentada el mismo 3 de agosto y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Fuentes del Juzgado confirmaron a este diario que “en un registro interno figura que la denuncia por intimidación pública fue presentada por el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA (Policía Federal Argentina)”.
El 29 de agosto, 26 días después de presentada la denuncia, el Juzgado a cargo de Capuchetti consideró que el despliegue de los dos cartelitos amarillos contra la deforestación “no representan intimidación pública, de acuerdo a lo que establece el artículo 211 del Código Penal”.
El 211 dispone que "será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años."
Se analiza si fue "violación de domicilio"
“Así que nos declaramos incompetentes –continuó la fuente judicial– y pasamos la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad indicando que podría existir la violación de domicilio de La Rural”, informaron las fuentes del juzgado en referencia al artículo 150 del Código Penal.
Actualmente, la causa se encuentra en la Unidad de Intervención Temprana Norte, que investigará el caso y tomará la decisión de derivarlo o no a una fiscalía. Según figura en la página del Poder Judicial de la Ciudad, la causa fue asignada al Juzgado de 1ra Instancia en lo Penal y Contravencional y de Faltas N°27, que se encuentra vacante y que es subrogado por la jueza María Lorena Tula del Moral, titular del 13. "La causa aún no nos ha llegado", informaron fuentes del Juzgado a este diario.
Desde la cartera que conduce Bullrich no dieron precisiones sobre el caso. Este diario se comunicó en varias oportunidades con sus voceros, quienes quedaron en “averiguar” datos de la causa, pero por el momento optaron el circuito de la calesita: dieron vueltas sin respuesta.
“A nosotros no nos notificaron nada pero nos enteramos que la causa efectivamente se presentó y se estuvo moviendo”, dijo a Página|12 Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques, de Greenpeace. “La verdad es que es una vergüenza. Es muy preocupante que se investigue al mensajero y que no se piense en el mensaje. En vez de estar preocupados por lo que decían los carteles, es decir, por la destrucción de los bosques de nuestro país que tanto la Sociedad Rural como el Gobierno Nacional vienen impulsando mediante la ganadería intensiva, se discute sobre los carteles en sí, que lo único que hicieron fue bajar en forma automática”, agregó.
"Greenpeace es una organización que viene haciendo protestas pacíficas en todo el mundo desde hace 40 años y la verdad es que nos preocupa esta persecución por parte del Gobierno argentino", confesó Giardini. "No solo por nosotros sino por el mensaje que se quiere dar al derecho a la protesta, que es un derecho constitucional que cualquier país democrático debe defender y respetar”, concluyó.
Informe: Azul Tejada.
