Desde Roma

Un nuevo presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano fue nombrado el este jueves por el papa Francisco, y será quien se encargará de los juicios que eventualmente se hagan por los nuevos escándalos financieros de parte de dirigentes vaticanos que salieron a relucir esta semana. 

Se trata de Giuseppe Pignatone, ex fiscal de la República en Roma, que se acababa de jubilar en esta función, y tiene una importante experiencia referida al Vaticano porque participó de investigaciones sobre el IOR (Instituto para las Obras de Religión o banco vaticano) cuando hace algunos años surgieron acusaciones desde Italia. También investigó sobre el caso de Emanuela Orlandi, la hija de un empleado del Vaticano que desapareció hace más de 30 años. “Es una experiencia nueva y extraordinaria. Agradezco al Santo Padre por la confianza que ha depositado en mí. Me honra y me conmueve”, dijo  Pigantone a los periodistas.

Su nombramiento ha adquirido particular importancia, un día después de que se conocieran las denuncias contra cinco empleados, de la Secretaria de Estado Vaticana - equivalente a la sede del primer ministro -, hoy dirigida por el cardenal Pietro Parolin, y de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente creado por el papa Benedicto XVI y fortificado por el papa Francisco, para la lucha contra el lavado de dinero y por la transparencia.

Las autoridades judiciales vaticanas, por orden del promotor de justicia Gian Piero Milano y su adjunto Alessandro Diddi, ordenaron secuestrar documentación y computadoras en ambas sedes.

La investigación sobre la cual el Papa fue informado anticipadamente, se refiere al período que va de 2011 a 2018, en el cual el Sustituto para los Asuntos Generales del Vaticano era monseñor Angelo Becciu, actual Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Pero Becciu no está entre los acusados, aunque sí lo está quien fuera su mano derecha, monseñor Mauro Carlino.

Aunque el Vaticano no ha difundido mucha información sobre estos casos, trascendió que se trata de cinco personas, cuatro de ellas (incluida una mujer), de la secretaria de estado vaticana, y una quinta de la Autoridad de Información Financiera. Las cinco personas, entre las que se cuenta monseñor Carlino que desde hace pocas semanas es jefe de la Oficina de Información y Documentación de la Secretaría de estado, y el director del AIF, Tommasso Di Ruffa, fueron suspendidas en sus funciones y no podrán entrar al Vaticano, a no ser que se trate de problemas de salud para ir a la Dirección Sanidad, o porque fueran convocados por la fiscalía vaticana. Padre Carlino podrá seguir viviendo por ahora en la Domus Santa Marta, la residencia dentro del Vaticano donde también vive el papa Francisco en un pequeño departamento.

Las denuncias contra estos presuntos culpables, al parecer fueron hechas por miembros tanto del IOR como del AIF por actividades financieras sospechosas. Se investiga en particular sobre algunas no muy claras operaciones financieras y la compraventa de algunos inmuebles super millonarios en el exterior, en particular uno en las afueras de Londres. Este edificio, lleno de hipotecas, según las investigaciones pertenecería a un empresario italiano. Por él se habría pagado una cifra exorbitante. Algunas sociedades inglesas habrían participado también en esta operación financiera, según afirmó la revista L’Espresso en un artículo firmado por un prestigioso investigador de los asuntos vaticanos, Emiliano Fittipaldi.

Los investigadores estarían estudiando también algunas actividades financieras relacionadas con el llamado Obolo de San Pedro, una cuenta a la que los católicos de todo el mundo envían dinero para obras de caridad. Pero que en vez de ser destinados a los pobres, ese dinero habría sido usado para inversiones. Se habla en particular de 2015, un año en el cual el Obolo de San Pedro recolectó unos 400 millones de euros.

Algunos dicen que este escándalo cargará aún más los hombros del papa Francisco, ya acosado por críticas dentro y fuera del Vaticano. Otros en cambio lo ven como un paso adelante en favor de la transparencia financiera de la Santa Sede que siempre ha buscado este papa y que empezó poco después de su elección, con el cierre de numerosas cuentas en el Ior, cuentas que no tenían un claro punto de referencia o no pertenecían a miembros de la Iglesia.