El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” que le permitirá sacar las fuerzas armadas a las calles en su país. Lo hizo después de anunciar el martes un aumento de hasta el 123 por ciento en el precio de los combustibles, lo cual derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país. La liberación del precio de los combustibles, anunciada por Moreno, ató esos precios a valores internacionales, generando el desproporcionado aumento. Las medidas anunciadas forman parte de la reforma tributaria que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador en el marco del acuerdo que firmaron en marzo de este año.
Frente al avance de múltiples focos de protesta en varios puntos de Quito, la policía cercó vastas zonas del centro y reprimió movilizaciones, entre ellas una de estudiantes. Las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de Gobierno. Las protestas se extendieron por todo el territorio ecuatoriano, con intentos de saqueos y cortes en rutas y vías de acceso. Miles de pasajeros se las ingeniaron para movilizarse en las avenidas troncales a través del sistema municipal de transporte, que no adhirió al paro, pero en el resto de la ciudad colapsó a falta de autobuses y taxis privados y de cooperativas, que acataron masivamente.
"Mientras no se dé marcha atrás en las alzas de los combustibles, nosotros no dejaremos de protestar", dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestó en el centro viejo de la capital. “El gobierno se sacó toda la careta y planteó el paquetazo neoliberal que le ordenó el FMI, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.
Como respuesta Moreno decretó el “estado de excepción” para garantizar la “movilidad en todo el territorio nacional”. Esto le permite volcar a las calles las Fuerzas Armadas. “Las medidas siguen firmes. No existe la más mínima posibilidad de cambiar aquellas medidas relacionadas con ese subsidio perverso que causaba daño al país”, dijo Moreno, descartando rumores que hacían pensar en una posible marcha atrás.
El aumento de combustibles es parte de las reformas tributarias, a las que hay sumar las laborales, que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo Ecuador firmó un acuerdo con este organismo para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares, en medio de serios problemas financieros. Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que inició su mandato en mayo de 2017. Por falta de liquidez su gobierno ya emitió bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.
“Moreno tiene la amenaza del FMI de que no canalizará el siguiente desembolso a menos que se cumplan las medidas de equilibrio de fiscal que ellos requieren”, dijo en diálogo con Página/12 Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador entre 2009 y 2011. “El decreto de Moreno no sólo elimina el subsidio a los combustibles. Lo que hizo fue liberar el precio para de esa forma atarlo a los valores internacional”, explicó. La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, en surtidoras de Quito.
Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el esquema de precios vigente hasta entonces era insostenible. "Lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado”, señaló.
El martes, admás del aumento de combustible, Moreno ebozó algunas de las reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento, pero no hizo circular el proyecto de ley, por lo que no se descarta que aparezcan otras sorpresas. dado que el aumento, impacta con más fuerza a los sectores más desprotegidos, para compensar Moreno anunció otra medida supuestamente orientada a que las grandes empresas compartan el sacrificio. Anunció que las empresas que generen ingresos anuales de más de 10 millones de dólares "pagarán, por tres años, una contribución especial que totaliza más de 300 millones". Esos fondos se destinarán exclusivamente "para seguridad, educación y salud", subrayó el mandatario.
Sin embargo, para Arauz, la medida anunciada es de corte voluntarista y por lo tanto inefectiva. “Esta podría ser vista como una medida progresista, ya que apunta a los sectores que más ganancias obtienen. Sin embargo es un impuesto extraordinario, con esquema de tributación voluntario, sin ejercicio de control”, sostiene Andrés Arauz. El presidente ecuatoriano también anunció la reducción de aranceles de importación para bienes de capital y materias primas que beneficien a los sectores agrícola e industrial. Además, suprimirá los impuestos a la importación de teléfonos móviles, computadoras y tabletas. A los exportadores les anunció la simplificación para la devolución de tributos al comercio exterior, por un porcentaje del valor de la exportación. Entre las medidas fiscales dijo que decidió bajar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en una Lista del "Comité de Política Tributaria”.
Entre las medidas que componen la reforma laboral figura la reducción en 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de un día de salario al año, anunció el presidente. “Su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública", argumentó Moreno. Otra medida es la reducción de los topes en las distintas escalas salariales de la función pública, la cual ahorraría al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial, dijo el mandatario. Además estableció un cronograma de despidos que pretende llevar adelante el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales. "Todo esto, insisto, contribuye a dinamizar la economía y el empleo", argumentó Moreno.
Pero para Arauz los objetivos de Moreno son otros. “Entre las metas que impuso el FMI figura la eliminación del déficit, no reducirlo, para de esa manera llegar a un superávit primario del 4 por ciento. Estas medidas que toma el gobierno van en sintonía con ese objetivo”, sostiene Arauz. “No se debe invertir en obra pública, se deben acumular reservas, para llevarlas a bancos extranjeros. Buscan extraer liquidez para depositarla afuera. El programa estipula que para el 2022 deben existir reservas en el exterior por 15.000 millones cuando ahora hay 4.000 millones”, informó Andrés Arauz.
Informe: Juan Manuel Boccacci
