Las transformaciones en el mundo del trabajo serán sin lugar a dudas uno de los temas centrales de las próximas décadas. El avance tecnológico y la globalización han significado una nueva revolución en las formas de producción a escala planetaria. Automatización, robotización y deslocalización productiva son algunos de los procesos que han venido ocurriendo desde hace ya 5 décadas y que tienen implicancias profundas en las formas en que se organiza el trabajo. La revolución industrial 4.0, como se la suele llamar a la aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas y aplicadas al mundo de la producción y el consumo en el último tramo del siglo XX y principios del XXI, ha significado la obsolescencia de una importante porción del trabajo que otrora representaba la base misma del modelo fordista de producción de posguerra.

Al tener la posibilidad, gracias también al avance de las telecomunicaciones y del transporte tanto marítimo como aéreo, de distribuir los eslabones del proceso productivo a lo largo y ancho del globo y de coordinar gracias a la computación y digitalización las fases de las cadenas globales de valor, se fueron desarticulando las distintas formas de organización de las clases trabajadoras y fue cambiando el modelo de estado benefactor, que fue mutando hacia uno neoliberal. Este proceso avanza hacia nuestros días y solamente presenta una puesta en cuestión a partir de la crisis financiera internacional del 2008/2009, pero en especial, con la llegada a la presidencia de Donald Trump y el crecimiento de opciones políticas euroescépticas en la comunidad europea, Brexit incluído. En este escenario, el proteccionismo mundial y el nuevo rol que parecen estar tomando nuevamente los estados nacionales como garantes de la generación de empleo y de estabilidad social, vuelve a reflotar la idea de una mayor participación de las políticas públicas en la economía como forma de evitar las consecuencias más nefastas de la economía de libre mercado.

En Argentina, tras el proceso desindustrializador de la década de los '90 y luego de la crisis del 2001/2002, el mercado laboral había quedado fuertemente fragmentado, con una porción importante de la población excluida del circuito productivo formal y que apenas podía sostener sus condiciones materiales de vida con trabajos de baja calidad y productividad, con asistencia social o con una combinación de ambas. El crecimiento económico de la siguiente década, con políticas activas en la actividad económica y en el mercado laboral, permitieron una fuerte recuperación del empleo registrado tanto privado como público. Sin embargo, los desafíos en materia de regularización de las condiciones laborales y generación de empleo todavía estaban presentes.

Desde diciembre de 2015, se intentó virar hacia un modelo basado en las plenas libertades de mercado, con un sector público que intentaba retirarse de las regulaciones del funcionamiento económico. El nuevo enfoque de la política cambiaria y del comercio exterior es un claro ejemplo de ello. Pero con una macroeconomía que acumulaba fuertes desequilibrios no cabía esperar otra cosa que una profunda crisis en el mediano plazo. En 2018 la suba del ciento por ciento del tipo de cambio dio inicio a la super crisis con severas consecuencias para el mercado doméstico y en particular para el mercado laboral.

Tras el resultado de las PASO del 11 de agosto, las chances de reelección del oficialismo quedaron fuertemente disminuidas. La inacción del BCRA originó un nuevo salto del tipo de cambio, del 30 por ciento en promedio, que imprimió un nuevo empujón al proceso inflacionario y otro golpe al salario real. Los efectos sobre el mercado interno continuarán haciéndose sentir en los próximos meses lo que impactará a su vez en el volumen y la calidad del empleo. La apertura de un proceso de reestructuración de la deuda pública ante la evidencia del cierre del financiamiento voluntario, en especial de aquel nominado en moneda extranjera, trae aún más incertidumbre a la economía doméstica y restringe las posibilidades del futuro gobierno.

La crisis del mercado laboral que se suscitó en los últimos dos años, es palmaria. Es también producto de las políticas económicas llevadas adelante desde diciembre del 2015 y en particular en el último año y medio, periodo en el cual estalló la maxi devaluación.

En primer lugar, la desocupación alcanzó los dos dígitos en el segundo semestre de 2019 trepando al 10,6 por ciento por primera vez desde 2006. Creció 4,7 puntos porcentuales en relación a 2015 y 1,0 punto en relación al mismo periodo de 2018. Se estima que hay 2,2 millones de desocupados en la Argentina. La subocupación se ubicó en 13,1 por ciento, 4,5 puntos más en relación a 2015 y 1,9 puntos en relación a 2018.

Asimismo, en junio de 2019 se llevan acumulados con respecto a diciembre de 2017 una pérdida de más de 233.000 puestos de trabajo en los asalariados formales, tanto privados como públicos. La merma fue liderada por la caída del empleo privado registrado que lleva perdidos 228.159 puestos en junio con respecto a un año y medio atrás y 198.000 si se lo compara contra 2015.

Le siguieron las bajas en el monotributo (tanto el tradicional como el social); unas 64.128 personas dejaron de abonar mensualmente el impuesto en el último año y medio. Solamente los asalariados de casas particulares han crecido en el periodo en unos 28.462, lo que muestra que la creación del empleo con el actual modelo no es de “calidad” como se solía prometer.

En total los trabajadores registrados (incluyendo monotributistas, empleados domésticos y autónomos) cayeron en 274.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2017. El daño a la industria no es un efecto colateral sino una consecuencia directa del modelo. Desde noviembre de 2015, fueron 151.000 los empleos perdidos en las ramas industriales y 86 mil tan sólo en el último año y medio.

El segundo sector de mayor destrucción de puestos de trabajo es el de comercio que había crecido en unos 38 mil puestos de trabajo antes de la crisis de 2018-2019 pero que luego perdió unos 67 mil puestos laborales; por lo que lo perdido desde 2015 es de 29 mil empleos. Le sigue transporte, almacenamiento y comunicaciones, que se había mantenido estancado previo a la crisis pero tras la maxi devaluación vio caer sus puestos laborales en unos 22 mil.

Cuando se estudia la evolución del empleo por provincia, se tienen caídas significativas en 20 de las 24 jurisdicciones. Las que más cayeron en porcentaje fueron Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Chaco que perdieron más del 6 por ciento del empleo privado. En variaciones absolutas las más afectadas fueron la Provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba.

Por año se han evaporado unos 155 mil puestos de trabajo formales, lo que da una caída de 13 mil por mes, 3 mil por semana, 637 por día, 53 por hora y casi un puesto de trabajo por minuto.

El salario mediano de los trabajadores registrados cayó un 12,6 por ciento con respecto a diciembre del 2017. El trabajador mediano para mantener el mismo ingreso que tenía el año pasado debe recibir unos 5.000 pesos adicionales por mes. Por primera vez, las empresas que planean reducir su plantilla (6,3 por ciento) son más que las que planean aumentarla (5,9). Las empresas con puestos laborales vacantes pasaron del 12 al 8 por ciento. Con todo, fueron 10 mil las empresas que cerraron en los últimos 18 meses afectando seriamente el empleo, y especialmente al de menor escala.

La crisis del mercado laboral se agudiza a cada mes. Sin perspectivas de recuperación de la actividad interna a corto plazo, es perentorio tomar medidas en el plano de la política pública. El trabajo es el eje principal ordenador de nuestra Sociedad. El estado actual de precarización y deterioro sistemático, es un rasgo más de un modelo económico que le desorganizó la vida a las y los argentinos.

* Director de la Licenciatura de la Universidad Nacional de Avellaneda, e integrante del colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).