El ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra fue condenado a dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y un año y dos meses de prisión en suspenso. La decisión fue tomada por la justicia de Río Negro, que ya lo había hallado responsable de detener un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven violada.

Ni el médico ni su defensor, Damián Torres –quien también es abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- - , estuvieron presentes en la audiencia. Sí estuvo, en cambio, la diputada provincial y médica Marta Milesi, quien acompañó a la joven R.P. en la radicación de la denuncia y el trámite judicial y que fue la impulsora de la ley de interrupción legal del embarazo en río Negro.

El juez Álvaro Meynet, quien ya había hallado responsable de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" al médico antiderechos, estableció también que Rodríguez Lastra no podrá “tomar contacto por ningún medio ni bajo cualquier pretexto con (la joven) R.P. (por cuyo caso fue juzgado)”. En caso contrario, la pena de prisión dejará de estar en suspenso. Tanto durante el debate oral como en el juicio de cesura, que delimita condenas, el médico había expresado reiteradamente su intención de hablar con la joven R.P. personalmente.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la condena Rodríguez Lastra deberá “abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”, “mantener su modo de vida dentro de los parámetros de la normalidad” y “presentarse a informar mensualmente ante el organismo de control” sobre su paradero y situación.

La defensa del médico adelantó que apelará la decisión. La fiscalía anticipó a este diario que estudia presentar una impugnación porque la condena no consideró la violencia obstétrica a la hora de establecer una pena.

“La del juez fue una decisión justa, más allá de que a algunas cosas que solicité no hizo lugar”, dijo a este diario el fiscal Santiago Márquez Gauna, a cargo del caso junto con Annabela Camporesi. Con su resolución, el juez Meynet “deja abierta la puerta a que Rodríguez Lastra pueda ejercer de forma privada, y me parece que hay riesgo en caso de que trabaje en una guardia de un centro de salud privado, por ejemplo”. “Si él trabaja en su consultorio particular, una paciente puede elegir ir o no a atenderse con él. Pero si está en una guardia, y una mujer llega ahí, no puede elegir”, añadió.

El ginecólogo que quiso ser candidato

En la última jornada del juicio de cesura , la fiscalía había solicitado  que el ginecólogo, que al momento de detener el aborto que cursaba la joven R.P. era jefe de servicio en el hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, fuera condenado a un año y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para el ejercicio de la medicina.

El defensor Torres pidió que la pena sea de tres meses de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación.  Además, había rechazado, como solicitó la fiscalía, que Rodríguez Lastra fuera obligado a formarse en consentimiento informado y perspectiva de género. 

“El juez dijo que Rodríguez Lastra no era un mal médico: sí un mal funcionario público, porque de hecho lo consideró responsable de incumplimiento de sus deberes de funcionario público, pero no mal médico. Yo creo que sí lo es, porque un médico que pone por encima de lo que quiere el paciente lo que quiere él mismo es un mal médico. Ya lo explicó (al declarar, Marta) Milesi, cuando habló de pensamiento médico hegemónico”, detalló el fiscal Márquez Gauna.

El juez Meynet tampoco hizo lugar a los pedidos de que Rodríguez Lastra se capacite en consentimiento informado, aplicación del Protocolo de interrupción legal del embarazo y perspectiva de género en temas de salud.

Rodríguez Lastra no se encuentra ejerciendo su cargo de jefe del servicio de ginecología del hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, desde hace meses, cuando pidió licencia psiquiátrica. La solicitud precedió el debate oral y también el comienzo de la campaña que emprendió en su efímera trayectoria como precandidato a diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Demócrata Cristiano que no superó el umbral mínimo de votos en las Paso.

Un caso que los antiderechos quisieron convertir en épica

Desde mayo, cuando comenzó el debate oral contra el ginecólogo, activistas antiderechos de distintos sectores fundamentalistas que operan en política buscaron convertir al proceso contra Rodríguez Lastra en un caso testigo.

El día que comenzó la primera audiencia, el frente del edificio donde funciona el tribunal tenía aire de kermesse gracias a trapos celestes, pintados con consignas antiderechos, colgados en sus paredes y en árboles cercanos, además del sucedáneo de altar montado bajo un gazebo azul, junto a la puerta. 

Ese día, estaba también en la puerta, animando una pequeña manifestación, la flamante concejal antiderechos neuquina Nadia Márquez, cercana al espacio político “Valores para mi país” (el sello del viejo partido político liderado por la evangélica y ex diputada Cynthia Hotton, resucitado este año como Nos de la mano de Cecilia Pando, el ex cura Alejandro Geyer, el carapintada macrista Juan José Gómez Centurión, entre otros). Márquez, hija de un pastor con fuerte peso político en la provincia, dirige el colegio privado evangélico AMEN, cuyo referente nacional más visible es el diputado nacional por Neuquén David Schlereth (Cambiemos). Durante los días siguientes se acercaron otros militantes antiderechos, como el Secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel, Pablo de la Torre, quien procuró retratarse con el imputado y carteles en su favor.

Justamente días antes del comienzo del juicio, el diputado nacional Schlereth entregó al médico Rodríguez Lastra un “reconocimiento” por el episodio que lo llevó a ser juzgado. Lo hizo, contó el diputado Schlereth, “en nombre de casi 30 diputados nacionales que representan a 16 provincias”.