Las multas de tránsito que se labran en la ciudad y que se han formulado desde 2013 a esta parte son, en su mayoría, ilegales. Carecen de validez alguna y su incumplimiento no debería llevar a mayores consecuencias ya que constituyen papeles firmados sin valor. Esto es lo que alegan, en un amparo colectivo presentado el viernes, los familiares de Santiago Siciliano, el inspector gravemente herido mientras realizaba un operativo de control vehicular en el que también murió su colega Cinthia Choque, hecho del que el martes se cumplirá un mes.

La presentación, patrocinada por la ONG La Alameda, señala que las multas de tránsito son instrumentos públicos que solo pueden ser emitidos por funcionarios contratados bajo la ley 471/00 de la ciudad de Buenos Aires. Como puso de manifiesto el trágico episodio, al menos 1900 de los 2500 agentes son monotributistas precarizados cuyo vínculo contractual con el Estado dista mucho de ser el que los faculta para ejercer inspecciones y funciones de policía, como retención de documentos y vehículos.

El Gobierno de la Ciudad recauda 2.600 millones de pesos al año mediante una estructura de legalidad cuestionable y que, según se señala en el escrito, también viola el Articulo 292 del Código Civil y Comercial.

“Son una estafa, están nulas de nulidad absoluta y generan un perjuicio a los automovilistas que los habilita a accionar penalmente”, confirma el inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro. “Todas las actas son irregulares porque son hechas por agentes extra Estado”, agrega.

Una muestra palpable de esto son las credenciales que cada joven precarizado porta: “No dan ninguna identificación de su labor, ni de la ley que los ampara, no acreditan función pública, tampoco les determina el poder de policía”, indica Castro. Las diferencias saltan a la vista cuando se las compara con el carné de cualquier inspector de planta.

En estos 6 años de controles de tránsito irregulares, los agentes se han topado con ciudadanos que efectivamente sabían de la invalidez de las multas aplicadas: “Nos tocaron personas que cuestionaban el sustento de las multas. Desde el departamento de legales en Tránsito nos decían ´ustedes cumplen el rol de un funcionario público por ende tienen todas las facultades´”, se sincera Cristian Romero, agente de tránsito precarizado desde 2013. “Nosotros no sabemos de leyes y creíamos en lo que nos decían”, explica.

Frente al revuelo interno generado, algunos monotributistas se negaron a firmar las cuestionadas actas, pero frente a esas acciones se impuso el terror: “Como existen aprietes de nuestros jefes, las están haciendo igual por el miedo que cada compañero tiene a despidos y a que no renueven contratos a fin de año.” A cada agente se le exige un mínimo de 25 multas mensuales, si se tiene en cuenta ese número, cada año son 570.000 papeles sin respaldo legal sólido que se emiten en función de una recaudación millonaria.

“El Gobierno ignora las propias leyes que se sancionaron en la Legislatura. Precariza y arriesga la vida de los trabajadores, los priva de una innumerable cantidad de derechos”, critica Gustavo Vera, ex legislador, líder de La Alameda y uno de los firmantes del amparo.

La presentación de 22 páginas recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo número 23 a cargo del juez Francisco Ferrer. El Magistrado ya le ha generado algunos dolores de cabeza al macrismo en la Ciudad en el pasado en causas vinculadas a parquímetros y al Hospital Grraham por lo que los denunciantes son optimistas respecto al derrotero judicial de la acción. Según pudo saber Página/12, en el correr de la semana se realizarán más presentaciones judiciales sobre este tema impulsadas por otros actores.

“El lunes tuve una charla con el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli. Le pedí por favor que pasara a los chicos a planta transitoria. No se llegó a nada, no hubo respuesta, nada de nada”, Revela Miguel Camacho, tío del agente hospitalizado hace un mes. Ante el silencio del Ejecutivo decidió avanzar por la vía judicial. “De esta manera un juez va a ver cómo trabajan estos chicos, queremos que haya un antes y un después”, señala.

Es que la cadena completa está sumergida en la precariedad: “Los que aplican las sanciones son monotributistas, el controlador no es de planta y los asistentes del controlador tampoco. Entonces el que hace la infracción es ilegal, el que determina si el infractor va a pago voluntario o a multa también”, aclara Castro. “El que debe escuchar al infractor para determinar qué sanción aplica tampoco es un funcionario, está ejerciendo el acto de juzgamiento un monotributista.”

En este mes que transcurrió desde la tragedia los trabajadores sostienen que nada ha mejorado, sino todo lo contrario. Hostigamiento, amenazas, controles y aislamiento han sido las respuestas de las autoridades a los reclamos mientras la instancia de diálogo parece alejarse más y más en una estructura diseñada para recaudar lo más posible al menor costo. “Nos están volviendo locos, nos persiguen a través de las cámaras, nos monitorean con el gps del celular, nos hacen hacer informes, nos sancionan, nos aislan”, cuenta Romero.

“Necesitamos que se regularice la situación de los agentes, a Cinthia no la vamos a traer de vuelta pero nos evitamos que una situación así se repita- suplica Camacho- Los agentes siguen trabajando igual y de la misma manera ¿Qué están haciendo las autoridades? no les importa nada.”

Además de las condiciones laborales, el pedido de los agentes se centra en las nulas medidas de seguridad existentes y que, dieron lugar a que el domingo 8 de Septiembre el auto que conducía el periodista Eugenio Veppo se llevara puesto a los agentes de tránsito. “Como el plan es atrapar al automovilista in fraganti, no se cumple con ninguna norma de seguridad vial. Para el resguardo de los chicos debería haber una demarcación a 250 metros del operativo, un vehículo que sirva de barrera de contención para evitar cualquier impacto, señalizacion e iluminación adecuada”, explica el inspector laboral.

“No mejoró absolutamente nada, los chalecos refractarios no los cambiaron y son muy finitos, seguimos sin art ni obra social y ahora le sumamos el miedo a sanciones”, cuenta Romero.

A un mes del trágico incidente, el único sobreviviente, Santiago Siciliano permanece internado en el Hospital Fernández, aislado de otros pacientes y con un cuadro neuronal que le hace perder completamente la memoria por momentos. Su pelvis ya fue operada y en 10 días le colocarán la placa de titanio que le reconstruirá parte del cráneo afectado por el impacto de aquella madrugada. “Los primeros días fueron terribles- recuerda su tío- Ahora estamos ansiosos porque evoluciona rápido. Nuestra familia tiene muchas más fuerzas que al principio”.

El martes, agentes de tránsito, familiares y amigos se concentrarán en la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle a las 10 de la mañana para homenajear a Cinthia, apoyar a Santiago y pedir, una vez más, que sus derechos laborales sean respetados dentro de una maquinaria diseñada para recaudar y cuya sostén legal es más que endeble.