Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.

Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra. 

La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.

“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.

Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.

700 hectáreas arrasadas

El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.

La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.

Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.

El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.