Los nuevos vientos políticos ya empezaron a filtrarse en algunos organismos públicos y en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay una situación de rebelión sin precedentes. Su titular, Ramón Lanús, intenta a toda costa subastar 30 bienes, o al menos algunos de ellos, que fueron decomisados en la causa de las fotocopias de los cuadernos. La excusa es que un decreto de Mauricio Macri de fines de agosto habilita una venta exprés de inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras cosas de alto valor incautadas en causas de corrupción, pero todos los directores de las áreas técnicas que deberían firmar esa disposición se niegan a hacerlo: sostienen que es inconstitucional despojar de propiedades a quienes todavía no tienen una sentencia firme, y en este caso ni siquiera pasaron aún por el juicio oral. El objetivo del macrismo es hacer el show de la subasta de algunos inmuebles en Puerto Madero, Palermo y Belgrano, y que sea cuanto antes, para darle un uso electoral. Pero tiene un panorama complicado.

El oficialismo ya no encuentra a qué aferrarse para hacer campaña y pone todas sus fichas en el temario que tiene como eslogans la lucha contra la inseguridad y la corrupción. Macri difunde el Código Procesal que él mismo freezó por decreto al comienzo de su mandato, exalta un Código Penal que no se aprobó y que es blanco de cuestionamientos, habilita a la Policía a detener en los trenes por averiguación de identidad y firma decretos para hacer ruido en casos que afectan al kirchnerismo, como el que instruye a la AABE para que pueda vender en forma inmediata lo que sea decomisado en expedientes judiciales sin importar en qué instancia se encuentran. El decreto fue publicado el 29 de agosto, y aunque tiene carácter genérico, buscó apurar específicamente la subasta de bienes de la causa de las fotocopias. El juez Claudio Bonadio había ordenado los decomisos y la inscripción de lo obtenido a nombre del Estado, todavía antes de elevar la causa a juicio oral.

Con la lista de lo decomisado en mano, en la AABE hubo funcionarios que se entusiasmaron, pero pronto advirtieron que deberían llevar a cabo un proceso que no sería sencillo, que incluye un registro exhaustivo de cada uno de los bienes, con un inventario, y esto se complejiza para los casos de –por ejemplo– inmuebles en el exterior. La lista de Bonadio de hecho incluye inmuebles en Estados Unidos. Lo que creyeron que harían en cuestión de días demandaría semanas o meses. De ese proceso de evaluación luego se concluye, por ejemplo, si una propiedad es apta o útil para uso público. Esto explica el origen del decreto 598/2019, que invoca una excepción del Código Penal que permite decomisar bienes cuando un juez o jueza dan por hecho el origen ilícito de los bienes o que su titular no pudiera ser juzgado por fallecimiento. Ahí, señala, los decomisos son a favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, a menos que existan derechos de restitución para un damnificado. Pero aclara que como son bienes que no ingresan al Estado para ningún fin específico (como destinarlos a hospitales o entidades sociales) pueden ser “enajenados” en “forma inmediata”. El argumento es que si pasa el tiempo pierden valor o se corre riesgo de ocupación, y venderlos es una forma de “reparar el daño causado a la sociedad” y “en particular al Estado”.

El decomiso definitivo previo a una sentencia se ha aplicado muy poco precisamente porque está rodeado de polémica al presentarse como parte de lo que se podría considerar una condena anticipada. Es la misma polémica que se desató cuando se discutió el proyecto de ley de “extinción de dominio”, que prevé también la posibilidad de que durante el trámite de una causa (narcotráfico, trata, corrupción, terrorismo) el juzgado decida si corresponde iniciar un juicio civil de manera separada para que allí se resuelva qué destino darles a los bienes incautados vinculados con el delito. Uno de los puntos que se discutió también es que ya había mecanismos previstos en el Código Penal para casos de excepción.

Lo que hizo el decreto fue acelerar al máximo la posibilidad de subasta. El titular de la AABE, de hecho, buscó en las últimas semanas lograr llevar a la venta pública cuatro de los treinta inmuebles que ya pasaron por registros y controles. Uno es estacionamiento de dos pisos en la calle Malabia 1741, a nombre del ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares y del fallecido Daniel Muñoz, que fue secretario de Néstor Kirchner, de quien fueron hallados numerosos bienes en el exterior así como de las sociedades con su viuda, Carolina Pochetti, implicada en la causa de los cuadernos. Hay otro estacionamiento en Belgrano, en la calle Amenábar 1934. Ambos están en actividad. El segundo tiene 14 empleados. Ahora son administrados por un interventor. También se intenta subastar un departamento en Puerto Madero, en la calle Julieta Lanteri perteneciente al empresario Sergio Todisco y su esposa Isabel Municoy, vinculados a Muñoz. Una cuarta propiedad en el mismo barrio que incluye tres departamentos (dos de los cuales están alquilados) y estacionamiento, también está incluida como candidata a subasta rápida.

El escollo para las aspiraciones oficialistas es que la subasta, por los procedimientos aplicados, debería tener el visto bueno de otras áreas de la AABE que autorizan a avanzar. Pero esa aprobación no aparece. Se niegan o eluden firmar la Dirección de Nacional de Planificación y Coordinación Estratégica, la Dirección Nacional de Servicios Registrales y de Información, la Dirección Nacional de Gerenciamiento y Activos Físicos y la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios. El mecanismo habitual –según pudo reconstruir PáginaI12– es que el expediente de una venta circule por todas las áreas para que los distintos directores pongan su firma. Pero nadie quiere firmar nada. La falta de una sentencia firme es uno de los factores clave que explican la reticencia de los técnicos a dar su aval, y el temor a que los “arrepentidos” se vuelvan a arrepentir en la instancia de juicio, dado que fue un proceso judicial hasta ahora cargado de anomalías y objeciones, empezando por su origen en una maniobra de fórum shopping. También la sospecha de que quienes respalden acciones que podrían ser anuladas a la larga sufran consecuencias penales.

Los funcionarios y funcionarias de carrera no quieren quedar pegados a una maniobra tan burda. Además, son tiempos en que en los propios tribunales federales empiezan a dar marcha atrás con artilugios extremos reñidos con el Estado de Derecho como los que llevaron a privar de la libertad a 74 personas en los últimos tres años por causas de corrupción, algunas de las cuales siguen detenidas. Todavía no se sabe qué consecuencias tendrá este proceso de desarmado sobre quienes lo alentaron y participaron activamente, desde el Gobierno y desde los tribunales, con evidente presión mediática. Tampoco está descartado que el titular del AABE resuelva algo por su cuenta, sin avales. Lo que está en evidencia es que Macri y sus allegados insisten con la misma línea metodológica de atacar e intentar destrozar a sus oponentes sin reglas y a cualquier costo.