De acuerdo con organizaciones internacionales y agrupaciones ambientalistas y sociales de Argentina, el decreto Nº 591/2019 es ilegal bajo el derecho internacional y supone un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje.
La Red de Acción en Basilea (BAN, Basel Action Network), la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, Fundación Greenpeace Argentina y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) exigieron la derogación inmediata del decreto.
"Argentina es parte del Convenio de Basilea, un acuerdo multilateral que regula el tránsito de residuos peligrosos. Con este reciente decreto, nuestro país viola los compromisos internacionales adquiridos al flexibilizar la Ley de Residuos Peligrosos e introducir la importación de residuos que no contarán con un certificado de inocuidad de los países emisores", sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.
Abogados, recicladores y ambientalistas presentaron un recurso para derogar el decreto y argumentaron que viola el artículo 41 de la Constitución argentina, que garantiza la protección ambiental y prohíbe la importación de residuos tóxicos. A la acción de los grupos ambientalistas se sumó la movilización de los recicladores informales, que marcharon por la ciudad de Buenos Aires hace unas semanas.
Florencia Rodríguez - Greenpeace Argentina
