Las masivas protestas contra el fuerte incremento de los precios de los combustibles dejan, por el momento, el saldo de un muerto, 73 heridos y 477 detenidos. Tras las manifestaciones del 3 y 4 de octubre, la Fiscalía General de Ecuador procesó a 90 personas, entre quienes se encontraba el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis (FEDOTAXIS), Jorge Calderón, que permanece detenido en la Cárcel 4 de Quito bajo el delito de “paralización de servicio público”. Su sobrino Alejandro compartió, en diálogo con Página/12, los detalles de la detención.
Alejandro Calderón, coordinador de la Carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica Indoamérica de Quito y sobrino del líder de los taxistas, vivió de cerca el proceso que derivó en la detención de su tío. “El Decreto Ejecutivo 833 (que eliminaba los subsidios a los combustibles) fue publicado por el gobierno nacional el miércoles pasado. Frente a esa medida, distintos grupos de federaciones de transportistas que incluyen no sólo al taxismo, sino por ejemplo a buses y servicios escolares, decidieron suspender las actividades”, remarca. En ese punto, Calderón realiza una distinción que juzga fundamental: “La suspensión no implica paralización del servicio, sino que es una forma de manifestar la desaprobación al decreto del presidente Lenín Moreno”.
El joven académico detalla los momentos previos al arresto de su familiar: “El jueves pasado se produjo una reunión entre miembros de transporte y funcionarios de gobierno. Esa noche no se llegó a un acuerdo. Se dispuso entonces convocar a una nueva reunión para el viernes a las 9 de la mañana, para retomar las conversaciones”.
Hasta allí, todo transcurría dentro de los parámetros normales. Sin embargo, recuerda Calderón, “El viernes a la mañana, a las 8.40, un alto funcionario de gobierno llama a Jorge Calderón y le menciona que deben reunirse de manera urgente”. El gremialista dejó todo lo que tenía planeado para acudir a esa reunión. “Se vistió de manera informal y salió de inmediato acompañado por un secretario del sindicato, sin poder siquiera comunicarlo al resto de su entorno”, agrega.
Camino a esa reunión surgió el segundo imprevisto, y sin dudas el más grave: fue interceptado, lo hicieron bajar del auto y subir a un nuevo vehículo. “En ese momento lo llevan al Tribunal de Flagrancia por, según le informan, haber obstruido y paralizado el servicio de transporte. La propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, estuvo en la audiencia y allí reiteró la acusación en su contra”, recuerda Calderón.
La causa que le iniciaron a Jorge Calderón por “paralización del servicio público” es, cuanto menos, polémica y arbitraria. “Primero, el taxi no es servicio público, es un servicio de carácter comercial. Y segundo, como dije anteriormente, la medida adoptada por el gremio del taxismo trataba de suspender las actividades, no paralizarlas. Se trata de una medida amparada por el derecho constitucional”, afirma el sobrino del sindicalista.
Durante una audiencia celebrada tras su detención, la defensa de Jorge Calderón solicitó que se tomen medidas alternativas a la prisión preventiva. Se plantearon distintas opciones que no obstruyeran su libertad, pero todas fueron rechazadas. De la Unidad de Flagrancia de Pichincha, Aguilera fue trasladado a un centro de detención previsional penitenciario, El Inca. "Allí se produjeron unos altercados este domingo que atentaban contra la integridad física de mi tío, con amenazas de muerte incluídas. Por suerte conseguimos su traslado a la Cárcel 4, que protege a los detenidos de manera cautelar y con mayor seguridad".
La grave situación vivida por el líder de los taxistas fue incluso reflejada por el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, que aprovechó para definir la detención de Calderón como "abuso".
Además de Calderón, también se formularon cargos contra Mesías Vicuña, secretario del Sindicato de Choferes de la provincia de Azuay, y Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, aunque tuvieron mejor suerte. Ambos dirigentes tienen prohibida la salida del país, y deberán presentarse cada ocho días ante una autoridad competente. Para Alejandro Calderón, no deja de ser llamativo que su tío sea la única persona del transporte que permanece detenida, siendo que "la medida fue tomada por parte de una resolución acatada por todo el gremio transportista”.
“Ante el silencio de Lenín Moreno, las bases del taxismo a nivel nacional demandan salir a las calles y solicitar la liberación de Calderón, y obviamente que se revise el impacto de la quita de subsidios, que tiene incidencia no sólo en el transporte sino que repercute, obviamente, en el precio de los alimentos", afirma el joven académico, quien también cree que es importante señalar que las reformas planteadas por el presidente ecuatoriano exceden el alza en el valor de los combustibles. “No se trata sólo de subsidios, sino que también impacta, por ejemplo, de manera negativa en la contratación de servidores (empleados) públicos. No es un tema netamente de transporte, como nos quieren hacer creer, sino que hay varios sectores, como el público, que se encuentran perjudicados por las nuevas medidas de gobierno”, agrega.
En plena vigencia del estado de excepción por un plazo de 60 días, Alejandro Calderón cree que la situación en Ecuador está lejos de ser controlada. “Hoy han llegado multitudes de indígenas a las cercanías de Quito. Se suman además grupos de estudiantes e incluso transportistas a la huelga general convocada para este miércoles. La situación se vuelve más delicada que la semana anterior”, sostiene.
Informe: Guido Vassallo.
