La historia es de manual. La chica toma de más, quiere irse a su casa, el chico, un compañero, se ofrece a llevarla. Ella acepta, lo conoce, confía. Pero todo lo que podría haber salido mal, sucede: amanece al día siguiente desnuda y en la cama de él. En el caso de Rocío, la chica platense de esta historia, lo que también es de manual es el accionar lento y misógino de la justicia. Porque cuando la chica logró denunciar, cuando decidió buscar algún tipo de reparación, el Poder Judicial demoró un año y cuatro meses en tomar su denuncia y solo 18 días en desestimarla sin siquiera escuchar su relato.
El 11 de mayo de 2018 Rocío presentó una denuncia penal contra F. por abuso sexual con acceso carnal por un hecho que ocurrió la noche del 8 de julio de 2017. En aquella ocasión relató que el denunciado era un referente y conocido de la agrupación política del campo popular en la que ella militaba.
Estaban en una peña, con compañeros y compañeras de la agrupación. Cuando ella se empezó a sentir mal porque había bebido de más, decidió tomarse un taxi, pero una pareja amiga le aconsejó que no lo hiciera porque era peligroso tomar un taxi en ese estado. Entonces, F., que iba a llevar a una pareja, se ofreció a llevarla también.
“Yo me subí al auto de un compañero que me iba a llevar a mi casa y nunca desconfié porque era un compañero”, relató Rocío a Pagina/12. Subieron los cuatro al auto. Primero F. dejó a la pareja y luego, se suponía, dejaría a Rocío en su casa. Pero eso nunca pasó. “Yo estaba en un estado de inconciencia donde no podía consentir, él lo sabía y me llevó a una situación en la que yo no podía decir que no. Tengo pocos recuerdos. Hay un momento clave, en la puerta de su casa. Le dije que no porque él tenía novia”, agregó, la joven que hoy tiene 24 años. Al otro día se despertó desnuda en la cama de él, sintiéndose horrible.
Pasó tiempo para que pudiera procesar y reconocer lo que había pasado. Fue clave su participación en el Encuentro Nacional de Mujeres de ese año, en Chaco. “Le cuento a una compañera lo que había pasado. Sabíamos que era violento por otras compañeras y compañeros también. Abusaba de su poder como responsable”, contó Rocío. También fueron detonantes su proceso personal con tratamiento psicológico y la falta de respuesta de la organización, que terminó por alejar a Rocío y a otras compañeras de la militancia.
Denunciar no fue fácil, pero peor fue saber que pasaban los meses y la justicia no hacía nada.
En septiembre de 2018 Agostina Ferraro, una de las abogadas de Rocío –equipo que integra junto a Florencia Tittarelli y Elizabeth Gómez Alcorta-- se presentó en el Juzgado 6 y reclamó que transcurridos cinco meses de efectuada la denuncia y la petición de ser tenida como querellante no se tomó ninguna medida ni se convocó a la víctima a ratificar la denuncia.
La inacción por parte del Poder Judicial en un caso de un delito contra la integridad sexual implicaba, denunció, revictimizar a la denunciante. En ese contexto, dejó un escrito que los funcionarios judiciales se resistieron a recibir. Luego, la jueza María Florencia Gutierrez, subrogante del Juzgado en ese momento, denunció a Ferraro ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata por “no guardar las debidas formas”. La denuncia fue desestimada por el Consejo Directivo del Colegio Departamental.
Mientras el poder judicial jugaba al gran bonete y la denuncia iba de un juzgado a otro, los días y los meses pasaban y Rocío esperaba intranquila. “Quería que él tuviera que ir a dar explicaciones y la verdad que nada de eso sucedió. Los tiempos de la justicia son muy desgastantes. Pasando los meses me fui distanciando de esto y me hizo bien. Pero sabía que en cualquier momento me iban a llamar a declarar. Al final, nunca pasó nada”.
Recién el 29 de agosto de 2019, después de un año y cuatro meses de realizada la denuncia, el Poder Judicial dispuso radicar las actuaciones penales en el Juzgado de Garantías No. 6 de La Plata. F. se presentó en la causa. Alegó que el hecho ocurrió pero que existió consentimiento de la denunciante. En dieciocho días, la fiscal Virginia Bravo desestimó la denuncia por inexistencia del delito a partir de las declaraciones del acusado, que tiene derecho a no decir la verdad, y sin escuchar a la víctima.
“No pueden no llamar a la víctima. Si vos haces una denuncia de lo que sea, no existe que no te llamen a ratificar la denuncia. Nosotros ofrecimos testigos también y no llamaron”, explicó a este diario Elizabeth Gomez Alcorta.
Como si esto fuera poco, la fiscal afirmó que “destacándose las circunstancias del tiempo transcurrido desde que ocurrieran los hechos objeto de denuncia y su radicación, como así que luego de ello previo a la denuncia existieran más encuentros íntimos previamente acordados, no advierto que los hechos traídos constituyen delitos”. El hecho de cargar sobre la víctima de una violación el paso del tiempo, producto de la inoperancia y burocracia judicial, también es gravísimo.
Por todo esto, el equipo de abogadas presentó el miércoles pasado ante el Fiscal General, Hector Vogliolo, un pedido de revisión de la resolución de la fiscal Bravo -que desestimó la denuncia y dispuso su archivo-, a la vez que evalúa denunciar a la fiscal por mal desempeño de sus funciones.
Por otra parte, aseguraron las abogadas de la víctima, “el hecho de desestimar la denuncia porque luego mantuvo relaciones sexuales consentidas con el denunciado, implica un serio desconocimiento de la jurisprudencia, de los estándares internacionales en la materia y una ausencia total de perspectiva de género”.
En la denuncia original, la víctima había contado que meses después del hecho denunciado mantuvo otros encuentros con el acusado, puesto que la asimetría del vínculo (era su referente político) operaba como un condicionante a la hora de negarse a verlo, aunque luego pudo poner un límite.
“En este caso, como en muchos otros, nos encontramos con una fiscal que se funda en la incorporación de prueba referida al comportamiento sexual de una víctima de violencia, lo que es altamente perjudicial. La admisión y posterior valoración de este tipo de prueba invierte el foco de la pesquisa y es la víctima quien deviene en la persona investigada y juzgada. De este modo, se revictimiza a quien denuncia y se explica por qué estos delitos se mantienen sub-denunciados”, sostuvieron.
La sensación de Rocío ante la falta de respuesta es una mezcla de impotencia y desilusión.
“La justicia ya no me sorprende… Sentí impotencia, no puedo ni contar con apoyo legal para que la gente pueda entender lo que me pasó”. En algún momento también llegó a arrepentirse de hacer la denuncia.
“Pero a su vez sé que tenemos que actuar. Si nos animáramos a denunciar todas, y llenáramos las fiscalías de estas denuncias, los resultados no podrían ser siempre iguales”, dijo Rocío, que hoy trabaja en una cervecería y estudia periodismo. No volvió a militar orgánicamente, pero la militancia transversal, feminista y violeta sigue en ella.