"Los trabajadores del sector público estamos pagando las consecuencias de una crisis que no generamos, y encima hay miserias políticas que complican la salida. Por eso le pedimos una reunión al gobernador (Miguel Lifschitz)pero aún no hemos tenido respuesta".La sentencia corre por cuenta de Claudio Leoni, secretario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), quien deslizó una sospecha: "Parece que hay sectores políticos que piensan en dejarle al próximo gobierno una sociedad con la paz social alterada".

"Estamos en estado de alerta y movilización por decisión del plenario de secretarios generales. Esto para proteger el salario de los compañeros y compañeras de municipios y comunas", destaca el dirigente gremial."Las medidas de fuerza no van a ser pasivas, en aquellos lugares que no paguen las protestas van a ser activas con cortes de ruta. Esto no es caprichoso, porque sabemos que es posible normalizar el pago de salarios, pero es el gobierno provincial el que tiene que ordenar lo que pasa en materia de la crisis fiscal. Esto lo habíamos anunciado antes de la firma del pacto fiscal, al que nos opusimos, y hoy atravesamos sus consecuencias. Por eso decimos que el gobierno provincial es el principal responsable de lo que estamos viviendo.

-¿Cuál es la situación que atraviesa el sector?

-Los trabajadores somos víctimas de una crisis que no es sólo financiera, hay menos actividad económica, hay recesión, cayó la recaudación, esto es verdad y los trabajadores del sector público empezamos a sufrir esa crisis, pero hay salidas y estamos pidiendo una reunión para resolverla y no tenemos respuestas. Vemos que hay un enfrentamiento político entre sectores, confrontaciones de sectores políticos que impiden resolverlos, como el pago de salarios o de horas extras como pasa en Rosario (ver aparte).

-¿Cuáles son los grupos que chocan?

-Es muy sospechoso que cuando hacemos el reclamo a los senadores para que haya una rápida sanción de la Ley de Obras Menores, para permitir que con esos fondos se paguen sueldos, empiezan a discutir por qué a Rosario el 80 por ciento de la asistencia financiera. Y finalmente cuando Senadores pasa el proyecto a Diputados, incluyen a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores, con lo cual hay que tratar de nuevo esta ley. En el Senado empiezan a discutir en comisión el programa Abre y suman a la discusión que el gobierno provincial no destraba los ATN cuando estos recursos son nacionales y destinados a municipios afines a la nación. Muchos hablan de diálogo y consenso pero nunca lo practican. Los legisladores y los intendentes tienen que intervenir, salvo que el gobierno quiera que el próximo gobierno se encuentre con una grave amenaza a la paz social. Lo quiero decir claramente: hay falta de responsabilidad política, y a Omar Perotti le va a tocar ese escenario si el actual gobierno no toma respuestas. Encima hay un sector del Senado que se retira de la mesa, queremos que todo estén sentados ahí, queremos cuidar la vida de muchas localidades de la provincia que impactan en la vida economica de cada uno de nuestros pueblos.

-¿Hay alguna situación puntual más grave?

-Sí, Coronda donde además hay una injusticia distributiva, porque ese municipio está prestando servicios de educación especial, por ejemplo, mientras sus trabajadores municipales cobraron sólo el 20 por ciento de sus salarios. Por otro lado está Funes, que tiene ATN de nación que no se los destraba el gobierno santafesino, y está el caso de San Javier.

Leoni repitió ayer su exigencia "a los intendentes y presidentes de comunas que se abstengan de despedir a trabajadores y trabajadoras que tienen contratados con modalidades fraudulentas como monotributistas, becarios, pasantes y cualquier forma de empleo encubierto". Afirmó que "la crisis no la pueden pagar los que menos tienen, y más en un país sumergido en un caos económico, con emergencia alimentaria y laboral muy graves".

 

La Festram, que recibió reclamos de trabajadores precarizados despedidos en las Municipalidades de Santa Fe y Recreo, resolvió iniciar acciones judiciales con medidas de aseguramiento de pruebas, que permitan una auténtica información sobre la cantidad de empleados en varios distritos del departamento la Capital.