El pasado miércoles el Poder Ejecutivo Provincial remitió al Senado el pedido de acuerdo para que el abogado Juan Marcos Ezequiel Molinati sea nombrado fiscal penal del Distrito Judicial del Centro.

El Senado todavía no publicó su pliego invitando a acompañar u objetar su postulación, pero ya se sabe que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) presentará notas ante el Consejo de la Magistratura y el Senado recordándoles la Recomendación Nº 2 de ese organismo, que establece “como requisito para acceder y/o permanecer en cargos públicos en carácter de funcionario público, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades”.

Ocurre que Molinati tiene dos denuncias por violencia de género, ambas quedaron sin más trámite, pero no fueron archivadas.

La primera es de febrero de 2011 y fue realizada por una ex pareja del abogado. Lo acusó por amenazas de muerte, de maltrato verbal, acoso.

La segunda denuncia es de enero de 2017. La realizó otra pareja de Molinati, quien lo acusó por lesiones y amenazas.

En ambos casos a los pocos días las jóvenes se presentaron a pedir que las denuncias fueran desestimadas, dijeron que los hechos (que nunca fueron desmentidos por ellas) habían ocurrido en un momento de discusión y ofuscamiento del acusado. Los fiscales actuantes en ambos casos, en la denuncia de 2011 Federico Obeid y en la 2017 la fiscala Claudia Geria, entendieron que al ser así, no había delito, y cerraron ahí los trámites.

Además, en 2010 Molinati fue denunciado en Tartagal, por estafa. También en este caso la cosa quedó ahí nomás.

Tercero en la selección

“Atento a las calificaciones finales”, en el lenguaje del Consejo de la Magistratura, Molinati fue incluido en tercer lugar en la terna de concursantes seleccionados que el pasado 20 de septiembre remitió al Poder Ejecutivo. El primero fue el abogado Leandro Joaquín Flores y el segundo, Gabriel Alejandro González.

Se sobreentiende que le fue bastante bien en la entrevista realizada ese mismo día, la última prueba que deben sortear los concursantes a un cargo en el Poder Judicial o el Ministerio Público.

Hasta esa instancia, venía más rezagado. En la evaluación de antecedentes que hizo el Consejo, presidido la jueza de la Corte de Justicia Sandra Bonari, obtuvo 28,58 puntos. El puntaje más alto fue de 34,50, en un proceso que dejó otros datos preocupantes, por ejemplo, el fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Ángel Gómez Amado, ya con rodaje en la práctica, obtuvo solo 21,90 puntos.

Otros antecedentes

Molinati, que aparece como empleado de planta permanente de la municipalidad de la Ciudad de Salta, figura en una de las causas judiciales más resonantes de la provincia: la investigación al ex juez federal Raúl Reynoso, condenado en marzo pasado por favorecer a acusados de narcotráfico y otros delitos federales a cambio de prebendas.

El ahora postulante a fiscal penal de la Ciudad era en 2015 el abogado de Pablo Elías Torres, un finquero y comerciante del norte provincial a nombre de quien presentó un amparo en contra de la Jefatura de la Aduana en Orán.

Torres quería ingresar mensualmente con “60 camiones de productos varios de consumo humano y cereales de consumo animal” a comercializar en Aguas Blancas (en el límite con Bolivia) y para alimentar los animales que tenía en una finca.

Este amparo, tramitado y resuelto a su favor en el Juzgado Federal de Orán, a cargo por entonces de Reynoso, es una de las causas aportadas en su momento por el fiscal federal Eduardo Villalba como prueba de los delitos cometidos por el ex juez.

Es que para asegurarse una resolución favorable, Torres dio un aporte del 5% de sus ganancias a la Fundación Esperanza para una Vida Mejor, que tiene como uno de sus fundadores al abogado Arsenio Eladio Gaona, cuñado de Reynoso, considerado el recaudador del ex juez y que también llegó a juicio pero no fue condenado porque antes se fugó.

Torres declaró en ese proceso y contó que accedió a hacer ese aporte por recomendación de su abogado, Juan Marcos Ezequiel Molinati.

Molinati también actuó en la causa Barakat – Barakat contra la Aduana de Salvador Mazza, de 2012, en la que se le planteó a Reynoso que eximiera a Barakat de las restricciones que le imponía la Aduana para llevar cereales a su molino. El juez hizo lugar al planteo.

En la acusación el fiscal Villalba reseñó 27 causas en las que se investigó el delito de contrabando de importación o exportación de dinero y aseguró que en ellas se entregaba el dinero según la “cara del cliente –abogado”.